El colonialismo yankee regresa a Colombia

The Wall Street Journal Americas

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Existen dos cosas seguras en la vida aparte de la muerte y los impuestos. Una es que la izquierda dura de América Latina desprecia a Estados Unidos. La otra es que cuando estos enemigos declarados del "norte imperialista" no están trabajando como hormigas en su causa revolucionaria, buscan la ayuda y el consuelo de Washington, donde a menudo les va bien.

Un ejemplo es el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Un ex miembro del grupo guerrillero M-19 y buen amigo del fallecido Hugo Chávez, Petro ganó las elecciones de 2011 con apenas 32% de los votos. Sus dos años al frente de la capital colombiana han demostrado que es un gestor público terrible con poco respeto por el Estado de Derecho.

Una de sus medidas más polémicas se produjo en 2012 cuando, contra los deseos del consejo de la ciudad, decidió unilateralmente poner fin a la licitación pública para que empresas privadas participaran en la recolección de basuras. Siempre el visionario socialista, asignó de forma arbitraría la tarea al Acueducto de Bogotá, una empresa pública que no tenía absolutamente ninguna preparación para el trabajo. Lo que vino después fue una crisis sanitaria de proporciones monumentales para los más de siete millones de habitantes de la ciudad.

La Constitución de 1991 le otorga al procurador general de la nación facultades (que fueron ampliadas en un código disciplinario en 2002), para destituir a los funcionarios públicos que "obran con manifiesta negligencia". El fiasco de las basuras parecía entrar en ese marco, así que el procurador general, Alejandro Ordóñez, inició una investigación. El 9 de diciembre emitió un fallo en el que destituía al alcalde por lo que consideró faltas graves. Un castigo adicional, requerido por ley bajo esos hallazgos, es la inhabilidad política por entre 10 y 20 años. Ordóñez decidió inhabilitar a Petro por 15 años.

El alcalde tiene derecho a apelar el fallo. Mientras tanto, argumenta que sus derechos humanos han sido violados y que la decisión fue política. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han aprovechado la decisión para tratar de ganar terreno en las negociaciones de paz con el gobierno. Los rebeldes afirman que la expulsión de Petro demuestra que los guerrilleros que deciden unirse a la vida pública tras un acuerdo de paz (como lo hicieron miembros del M-19 a fines de los años 80) pueden ser fácilmente inhabilitados de cargos de elección popular.

Los dos argumentos ignoran los hechos. El M-19 jugó un rol protagónico en la redacción de la Constitución de 1991, que estableció la Procuraduría General y le asignó la tarea de supervisar a los administradores públicos y funcionarios elegidos por voto popular. Como senador en 2008, el propio Petro votó para confirmar la nominación de Ordóñez como procurador general.

Según reportes de la prensa colombiana, durante su primer mandato, Ordóñez destituyó a cientos de alcaldes y decenas de gobernadores debido a su incapacidad de cumplir las obligaciones públicas. Su predecesor hizo lo mismo, pero Ordóñez fue considerado tan eficiente en su trabajo, que fue el primer procurador general en ser nominado y confirmado para un segundo mandato.

Su historial muestra que Ordóñez no discrimina y que se toma muy en serio su misión de defender los intereses del público. En noviembre destituyó al superintendente financiero por el manejo de la quiebra de la firma de corretaje Interbolsa y lo inhabilitó por 12 años. El presidente de centro-derecha Juan Manuel Santos y muchos colombianos no estuvieron de acuerdo con la decisión. Pero el país, incluyendo el mandatario, dio un paso atrás con la intención de respetar la independencia del procurador general.

¿Es Petro alguien especial? Algunos genios en Washington así lo creen. Dos días después del fallo contra el alcalde, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey), usó una audiencia de confirmación del nominado del presidente Barack Obama al cargo de embajador de EE.UU. en Colombia para dar credibilidad a la noción de que "los principios del debido proceso" no fueron de alguna forma respetados en el caso de Petro y que la decisión pudo haber estado "motivada políticamente". Cuando el nominado Kevin Whitaker respondió que el alcalde tiene la opción de apelar, Menéndez dijo indignado que esos procesos no funcionan igual que en EE.UU.

Para no ser menos, Whitaker dio a entender que el hallazgo de la procuraduría pone en duda la buena fe del gobierno colombiano en el proceso de paz con las Farc.

Desafío a cualquier estadounidense que se preocupa por la imagen de EE.UU. en el extranjero a que lea la transcripción (repleta de condescendencia hacia una nación aliada y soberana, además de estar plagada de ignorancia sobre la ley colombiana) sin retorcerse. Desagradable no es una palabra suficiente para describirla.

La semana pasada, Petro viajó a Washington. El representante Jim McGovern (demócrata por Massachusetts), que parece estar preprogramado en la lista de contactos telefónicos de más de un socialista colombiano, salió de una reunión con el inepto Petro y preguntando si los "ex-combatientes" disfrutan de inclusión en Colombia. Alguien debería hablarle al congresista sobre Antonio Navarro Wolf, un ex guerrillero del M-19 que completó períodos como alcalde de Pasto, senador colombiano y gobernador de Nariño. Ha demostrado ser un gestor competente. Petro no.

Durante la Guerra Fría, muchos demócratas argumentaron que los esfuerzos de EE.UU. para contrarrestar el expansionismo soviético en América Central y del Sur equivalían a neocolonialismo e intromisión injustificada en los asuntos de otros países. Entonces, ¿cómo puede estar EE.UU. inmiscuyéndose en los asuntos internos de la república pluralista que es Colombia hoy en día?