Los otros Eurovegas que perdió España

Libre Mercado, Madrid

Una de las peores noticias que trajo consigo el recién finalizado 2013 fue, sin duda, el esfume de Eurovegas. La empresa norteamericana que preside el magnate Sheldon Adelson decidió retirar su megaproyecto de construir en Alcorcón (Madrid) uno de los complejos de ocio más grandes del mundo. La inversión, estimada en 18.000 millones de euros, era la más grande de la historia de Europa, y su culminación permitiría generar hasta 250.000 empleos, entre directos e indirectos, además de 15.000 millones de euros extra para el sector turístico tan sólo en los primeros años de funcionamiento. Su construcción situaría de golpe a Madrid en cabeza de los destinos mundiales para la industria del ocio y, sobre todo, para el turismo de convenciones, lo que generaría un gran volumen de riqueza y empleo. Sin embargo, la enorme inseguridad jurídica que presenta España hizo fracasar el proyecto. La necedad e incompetencia del Gobierno del PP, negándose a blindar el negocio, y la estulticia de la izquierda española -aprovechándose de la ignorancia de buena parte de la población- rompieron en mil pedazos ese gran sueño.

El fin de Eurovegas se ha convertido en una gran oportunidad perdida, pero no ha sido la primera ni será la última. España, por desgracia, ha rechazado muchos Eurovegas. Es como si a alguien le hubiese tocado en numerosas ocasiones la lotería pero se negase a cobrar el premio aduciendo todo tipo de excusas absurdas para evitar ser millonario. Así, pocos recuerdan, por ejemplo, que España fue una firme candidata a albergar Eurodisney a mediados de los años 80, gracias a su muy atractivo clima. La emblemática Walt Disney barajó durante meses la posibilidad de instalar su parque de atracciones europeo en la costa mediterránea, pero acabó escogiendo París. Entonces, al igual que ahora con Eurovegas, la progresía nacional se movilizó contra el proyecto acusándolo de atentar contra el ecosistema patrio y representar una deleznable forma de imperialismo. España perdió una inversión foránea de más de 1.200 millones de euros y los cerca de 15 millones de visitantes al año que recibe hoy el parque galo.

Lo mismo podría decirse de la oposición que ecologistas y socialistas de todos los partidos han profesado durante años a la construcción de campos de golf, al desarrollo urbanístico y hotelero en las playas españolas -basta observar las fuertes restricciones que imponía la anterior Ley de Costas, aprobada por el PSOE- o la oleada de críticas que está generando el denominado turismo de borrachera, consistente en la llegada masiva de jóvenes europeos a distintas localidades costeras con el fin de disfrutar de la fiesta española. Los argumentos esgrimidos contra este tipo de actividades son de lo más diverso, pero su esencia es la misma: blanden una especie de superioridad moral para coartar libertades e imponer su particular visión del mundo, empobreciendo con ello al conjunto de la sociedad.

Más allá de la industria turística, uno de los grandes motores de la economía española, también llama la atención el rechazo expreso a grandes proyectos industriales, cuyo desarrollo generaría sustanciosos beneficios y ventajas. Valga como ejemplo la negativa del anterior Gobierno gallego, del socialista Emilio Pérez Touriño, a finales de la pasada década, a la construcción de la mayor piscifactoría de rodaballo del mundo en la Costa de la Muerte, alegando presuntos daños medioambientales, con la consiguiente pérdida de dinero y empleo para Galicia. La planta acabó instalándose en Portugal.

Mucho más sangrante es el no rotundo que muestra hoy el Gobierno de Canarias, y el conjunto de la oposición política a escala nacional, a la explotación de las reservas de crudo que guarda en su suelo marítimo el archipiélago, con un potencial próximo a 1.400 millones de barriles, como mínimo, lo que equivale a más de 150.000 barriles diarios durante dos décadas, lo cual permitiría reducir la importación de hidrocarburos en un 10%. Repsol ya ha anunciado una inversión de 7.500 millones de euros en caso de que las exploraciones arrojen resultados positivos. Sin embargo, al igual que ha sucedido en los casos citados anteriormente, lo más probable es que los canarios prefieran seguir ostentando una tasa de paro superior al 30% antes que permitir la creación de empleos procedentes de la sucia e indecente industria petrolera.

Lo mismo podría decirse del polémico fracking (fracturación hidráulica), cuyo desarrollo está revolucionando el sector energético mundial. Esta técnica permite extraer recursos que hasta ahora carecían de provecho. España, por ejemplo, posee un potencial de gas natural no convencional que serviría para cubrir casi 40 años de demanda nacional, y, de hecho, esta estimación incluso podría duplicarse, tal y como ha ocurrido en el Reino Unido. Esta opción permitiría reducir la intensa dependencia energética de España, cuya factura supera los 56.000 millones de euros al año. En Estados Unidos, por el contrario,no han dudado en aprovechar esta oportunidad y, como consecuencia, se convertirá en el primer productor mundial de crudo en 2020, superando a Arabia Saudí, según la Agencia Internacional de la Energía.

Por último, en el sector servicios resulta paradigmático que muchas autonomías y ayuntamientos sigan poniendo pegas a la instalación de centros comerciales e hipermercados, alegando como excusa un supuesto -y del todo irreal- daño al pequeño comercio, cuando el efecto de la gran distribución es justo el contrario. El nacimiento de un nuevo Ikea, Mercadona, El Corte Inglés y tantos otros establecimientos de similar naturaleza debería constituir un motivo de alegría y alborozo para políticos y vecinos gracias a la generación de riqueza y empleo que conlleva, tanto en términos directos como indirectos. Y, sin embargo, España sigue presentando trabas. Así pues, la pérdida de Eurovegas es tan sólo un capítulo más, el penúltimo, de una larga lista de despropósitos que atentan contra el progreso y el bienestar económico de los españoles. Mientras esta mentalidad socialista y antieconómica perdure, el empobrecimiento relativo de la sociedad -medido en oportunidades perdidas y, por tanto, en beneficios no generados- continuará en el tiempo.