En Ruanda hay justicia, en Venezuela no

Por Alejandro A. Tagliavini

El Universal

Según Human Rights Watch (HRM), el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es de "los ejemplos más burdos" de falta de independencia. El chavismo no ha tenido fallos adversos desde que Chávez reformó la Ley Orgánica del Tribunal y nombró nuevos magistrados. Existe "una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas", continúa HRM. Falta de independencia que sería equiparable a la de Honduras, Nicaragua y Ecuador. El resto de los Tribunales Supremos de América Latina se han enfrentado alguna vez a sus Gobiernos. Por caso, el de Brasil condenó a parte del oficialista Partido de los Trabajadores por sobornos.

Pero, en el resto, ¿existe independencia total de un Poder Ejecutivo que financia y maneja realmente al poder estatal? Para colmo suelen tener códigos al estilo romano. Juan Bautista Alberdi decía que "Los códigos… fueron el testamento de la sociedad romana… Los códigos sancionados por vía de programa obligatorio… pueden… embarazar el progreso natural del organismo social… los germanos no tenían códigos, eran libres… los ingleses… no tienen códigos".

Ahora, aún sin estos "programas obligatorios", no pareciera que la justicia estatal fuera independiente. En EEUU existen muchos casos de interferencia sobre decisiones de los tribunales, y la prisión de Guantánamo es la prueba de que al Ejecutivo, finalmente, no le importa el Poder Judicial. En contraposición, por caso, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que reúne a comerciantes de granos, tiene tribunales arbitrales mucho más económicos, eficientes y cuyos fallos casi no tienen quejas. Peor, la estatal no parece cumplir la definición de justicia -"dar a cada uno lo suyo"-, parece un sistema vengativo. El juez del Supremo argentino, Raúl Zaffaroni, aseguró que "si me rompe la cara… digo: ‘No quiero que lo pongan preso. Quiero que trabaje y pague la recomposición de mi cara'. El Estado me responde: ‘usted no tiene nada que hacer"'.

Ruanda recuerda el vigésimo aniversario del genocidio en el que murieron 800.000 personas, en su mayoría tutsis, en 100 días –dejando en evidencia la inoperancia de la ONU- el más rápido de la historia. Hoy conviven los supervivientes, los genocidas y los que gobiernan: una dictadura de una minoría tutsi pero que ha logrado, con un 8% en la última década, ser el país africano que más crece después de Ghana, con una tasa de escolarización superior al 97% pero donde la pobreza llega todavía al 45% de la población.

AMI (Association Modeste et Innocent) es una ONG que inició un programa de reconciliación con grupos de hutus y tutsis que culmina en el pedido formal de perdón por parte del genocida y, si el perdón es concedido por el sobreviviente, el genocida trae una canasta con obsequios y el acuerdo se celebra con canciones y bailes. Para Karorero, un sobreviviente, "la justicia no da una respuesta las causas están sujetas a corrupción. Pero cuando se perdona, uno queda satisfecho. Cuando hay furia, se puede perder la cordura. Pero, cuando perdoné, mi mente quedó en paz". Mudaheranwa contó que "incendié su casa y ataqué con la intención de matarla junto con sus hijos pero… escaparon… Ahora comenzamos el programa con AMI y decidí pedirle perdón". A lo que la víctima, Mukanyandwi, contestó "lo odiaba, pero cuando vino a mi casa y me pidió perdón de rodillas, me conmoví. Ahora, cuando necesito ayuda él viene, cuando tengo un problema lo llamo".