España: Medios públicos contra la libertad de expresión

Instituto Juan de Mariana

En las diferentes protestas de sindicatos y otras organizaciones a favor "de lo público" en el ámbito de los medios de comunicación se observan diversas constantes. Una de ellas, que es la que nos interesa en este caso, es que se vincula la existencia de radios y televisiones de titularidad estatal (o autonómica, en el caso de España) con la libertad de expresión, como si una y otra tuvieran algún tipo de relación positiva directa. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Los medios de comunicación públicos son órganos de propaganda al servicio del poder político, con independencia de que sea el Ejecutivo (caso más frecuente en España) o el Legislativo. En cualquier caso, son instrumentos de adoctrinamiento de los ciudadanos pagados por estos mismos. En el caso de que existiera la muy elogiada "independencia" política de los medios, tampoco sería muy distinto.

En estos casos seguirían siendo un órgano de propaganda al servicio de los supuestos representantes de los trabajadores de los medios (el poder sindical, directamente conectado con determinados partidos) o de cualesquieras que fueran las organizaciones encargadas de nombrar a los directivos de las radios y televisiones públicas. Además, se trataría de vender, y seguramente se lograría, la idea de que la supuesta "independencia" garantiza la "objetividad", con lo que el espectador estaría con la guardia baja ante las posibles manipulaciones o incluso la mera existencia de una línea editorial.

Pero los medios públicos tienen una característica que les hace todavía más nocivos para la libertad de expresión: distorsionan el mercado de los medios debilitando al resto de empresas del sector, hasta el punto de poder poner en peligro la continuidad de algunas de ellas.

Si como ocurría antiguamente en España con TVE (y sigue ocurriendo con las radios y televisiones autonómicas) los medios públicos tienen publicidad, esto significa una merma en los ingresos del resto de radios y televisiones al quedarse con una parte nada despreciable del mercado.

Si se sigue el actual modelo de financiación de Radio Televisión Española, se impone un coste añadido al resto de cadenas, que deben entregar al Estado una parte de sus ingresos para sufragar RTVE. Esto afecta no sólo a las grandes cadenas de ámbito nacional (que al menos se han visto beneficiadas con un aumento de sus ingresos publicitarios al desaparecer la competencia de las cadenas estatales). También han de hacer frente a esos pagos televisiones pequeñas, de ámbito autonómico o local, con cuentas muy ajustadas y para las que el fin de la publicidad en TVE no ha supuesto la llegada de nuevos anunciantes.

Esto último, un incremento artificial de los costes destinado a mantener la televisión pública sin que aumenten los ingresos, se puede traducir en la pérdida de empleos en estas cadenas o incluso en el cierre de alguna de ellas que estuviera ya en una situación especialmente difícil. De esta manera, al querer dar oxígeno a un medio público se reduce la pluralidad en el ámbito audiovisual.

El modelo de la BBC, mediante el canon por la propiedad de un aparato de televisión, es simplemente un robo. Se obliga a los ciudadanos a estar suscritos a un canal que tal vez no quieran ver nunca. En cualquier caso, los medios públicos al final siempre reciben financiación pública que sale de los impuestos de los ciudanos, incluyendo algunos que no quieren verlas jamás.

En el caso de España, ocurre algo similar en otros países, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver la relación entre medios de comunicación públicos y libertad de expresión y de prensa es la existencia de la agencia EFE. No se suele hablar de este caso, pero su efecto es especialmente nocivo. Creada en los inicios de la dictadura franquista, es la principal proveedora de teletipos para una gran cantidad de medios, al tiempo que está bajo control político al ser estatal. Eso significa que gran parte de la información que llega a los medios corre el riesgo de estar manipulada al servicio del Gobierno de turno (o por los sindicatos, o una confluencia de ambos).

Para la libertad de prensa, y por el respeto a los ciudadanos, lo mejor es la inexistencia de medios públicos. Sería necesario privatizarlos y para eso se puede optar por varias fórmulas. Además de la venta a una o varias empresas, existen otras opciones.

Lo ideal sería dividir el capital de estas empresas en acciones que se repartieran entre los ciudadanos (que a la postre son quienes han pagado con sus impuestos la creación y el mantenimiento de esas empresas) y después cada accionista-ciudadano podría hacer con sus participaciones lo que quisiera, mantenerlas sin más, mantenerlas sindicadas con otros accionistas, o venderlas. Otra opción viable sería convertir esos medios en cooperativas, y que los trabajadores empleados fueran los propietarios cooperativistas y tuvieran que hacer frente a la gestión y los gastos sin ayuda pública.

Si no es posible ninguna de las opciones anteriores, hay que cerrar esos órganos de propaganda y distorsionadores del sector de los medios que son las radios, las televisones y las agencias públicas. Si se admite que no es lógico que el Estado sea propietario de medios impresos (como sí lo era durante el franquismo o en cualquier régimen comunista de Europa central y oriental, o lo es en Cuba), debería resultar insostenible aceptar que sí posea medios audiovisuales o una agencia de noticias.