Argentina: Proteccionismo Provincial

Fundación Progreso y Libertad

La fundación Heritage todos los años publica el índice de libertad económica, el cual evalúa a 179 países en una serie de variables, las cuales permiten obtener una idea aproximada de la libertad que tienen los residentes de un país para consumir, producir, ahorrar e invertir. La Argentina se ubicó en el 2013 en el puesto 160 entre 179 naciones evaluadas. Un resultado muy pobre, el cual marca el fuerte perfil intervencionista en nuestra economía. Ahora existe, a mi entender, otro problema que convive con el mencionado, y es que las intervenciones más acentuadas en la economía se manifiestan tanto en las constituciones provinciales, en las leyes que emanan del gobierno provincial y en los proyectos presentados por algunos diputados.

Si calificamos como inadecuadas las barreras al comercio exterior que los gobiernos nacionales implementan, también las son en el ámbito local. Las restricciones que los gobiernos locales ponen al intercambio para los residentes provinciales generan los mismos malos resultados en materia de bienestar general. Océanos, ríos, montañas o cualquier frontera en nada cambian los principios económicos.

En la provincia de Neuquén la ola de regulaciones e intervencionismo está presente en diferentes áreas, la idea preponderante es que para que esté bien hecho debe sí o sí participar el Estado. Por ejemplo, se busca la planificación del desarrollo económico provincial a través de organismos estatales creados al efecto (Institutos Autárquicos, Consejos de planificación) y básicamente a lo que se aspira es a direccionar en forma conjunta el proceso productivo con la intención de diversificar la “matriz productiva” o las exportaciones. Al respecto Aldo Abram director ejecutivo de Libertad y Progreso, explica en la revista Desafío Exportar que “La diversificación de las exportaciones nunca es el resultado de una decisión voluntarista de un funcionario iluminado dispuesto a dar subsidios para que se exporte lo que a él se le ocurra. En general, es la consecuencia de políticas que no intervienen en esa decisión, basados en el respeto de la libertad de empresa y el derecho de propiedad, incentivan la llegada de inversiones que se asignan más eficientemente. De esta forma una mayor proporción de ellas van a sectores que son relativamente menos productivos, pero que al estar menos desarrollados, brindan buenas oportunidades de rendimientos. Con el tiempo, se terminan diversificando las exportaciones”.

Otro caso de intervencionismo fue la puesta en vigencia de la barrera sanitaria, la cual prohíbe el ingreso de carne con hueso, esta medida confronta de lleno con los artículos 9, 10, 11 y 12, referidos a la cuestión aduanera y a la prohibición de los "derechos de tránsito", plasmados constitucionalmente. Los argumentos que defienden la barrera sanitaria no son nuevos, los mismos buscan la protección a industrias incipientes de la zona, en este caso un proteccionismo regional, y representan un claro financiamiento de los consumidores hacia los grupos locales que celebran esta medida. De esta forma, creen poder competir en el extranjero, lo cual es un fin loable, pero siempre será a costa del bolsillo del consumidor. No hay incentivos suficientes para aumentar la competitividad. Por eso en general estas industrias nunca maduran y el resultado es un sector permanentemente ineficiente y aranceles que tienden a perpetuarse en el tiempo.

Se suma a esto, la adhesión de la provincia al programa “precios cuidados” una especie de federalización del fracaso que ignora de lleno la historia económica argentina. A modo de ejemplo. Entre febrero de 1967 y noviembre de 1989, sólo en el 10% de ese tiempo hubo libertad de precios. El resto del tiempo los precios estaban controlados, concertados, pautados o administrados por la autoridad política. La inflación fue devastadora en todo el período. Durante catorce años la inflación anual superó el 100%. Entre 1967-74 el promedio fue del 34,9%, saltó al 206% para el período 1975-80 y en el periodo 1980-1989 tuvo un promedio anual de 637,7%. El final, en 1989 fue la trágica hiperinflación, además estas políticas en distinta medida provocan deterioro de la calidad, escasez y racionamiento, además se empeora la situación previa a la intervención estatal.

Es necesario mencionar que la intención de excluir a los trabajadores extranjeros de los yacimientos de shale oil & gas, la “ley de contrate neuquino” como su complemento de “compre neuquino” vuelven a confrontar de lleno contra las libertades concedidas por los artículos 10, 11,12 y 14 de la Constitución Nacional referidas a la libertad de industria, de trabajar y producir, de adquirir y enajenar, de disponer de su persona y de sus destinos privados .En el caso de la exclusión de los trabajadores extranjeros el artículo 20 de la CN expresa claramente que la libertad económica es para todos los habitantes, para nacionales y extranjeros, y así debía de ser ya que según Alberdi “ceñirla a sólo los hijos del país, habría sido esterilizar este manantial de riqueza”. Estamos ante la típica legislación de “acción positiva”, la cual atenta contra igualdad de los ciudadanos ante la ley. Lo que sucede es que al buscar tratar de manera diferente a distintos grupos humanos, a la larga la inclusión de privilegios sectoriales perjudica a la economía en un todo. Es decir, los empresarios no deberían comprar mercaderías o contratar gente según su calidad o competencia profesional, sino por una carga genética producto de los antepasados o vinculo geográfico.

Un debate que en la política neuquina se debe dar es el rol de las empresas públicas en la economía provincial. Se suele argumentar que su existencia bajo la área estatal se debe a que son “bienes estratégicos”, sin advertir que cuanto más vital un bien nada más importante que una producción eficiente del mismo y ésta solo se dará en ámbito del mercado exenta de privilegios. Lógicamente de nada sirve a la economía en su conjunto cuando una empresa privada busca mercados cautivos para asegurarse una ganancia. Se está en el mercado en el cual se arriesgan recursos propios en la administración de los factores productivos, se marcan responsabilidades y si se acierta se obtienen ganancias satisfaciendo correctamente a los consumidores o si se equivoca incurrirá en pérdidas que señalaran la mala asignación de recursos. Este debate es el que la política económica neuquina debe comenzar a darse.

El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales y  miembro de Fundación Progreso y Libertad.