El Salvador: El endeudamiento automático con Petrocaribe

El nuevo gobierno anunció que el país ingresará a Petrocaribe. En ese mecanismo, Venezuela vende productos de petróleo al gobierno a precios normales pero le cobra sólo un cierto porcentaje en efectivo (que puede variar entre 5 y 50 por ciento), dejando el resto como un crédito a largo plazo (entre 17 y 25 años) a un uno por ciento anual, una tasa que es mucho más baja que las que se cobran en operaciones normales internacionales. Todo esto está sujeto a que el precio del petróleo esté por arriba de 40 dólares por barril.

El crédito se genera porque el gobierno vende los productos de petróleo a los distribuidores en efectivo, de modo que recibe el precio total de esos productos inmediatamente pero sólo tiene que pagar una parte de inmediato. El resto lo pagará en el largo plazo. Ese dinero lo puede gastar en otras cosas.

La obvia ventaja que los nuevos funcionarios parecen estar viendo en este arreglo es el acceso irrestricto a enormes cantidades de crédito. Esto puede ser maravilloso para los políticos que manejan el gobierno es como soltar a unos niños con tarjeta de crédito en una tienda de juguetes.

Pero por la misma razón este arreglo puede ser muy desventajoso para los que tendrán que pagar esos créditos que somos todos los ciudadanos del país. La disciplina de la hacienda pública se relaja inmediatamente si todos los políticos saben que hay dinero a borbollones en cada venta de gasolina. Los grupos de interés también se sentirán con más fuerza para pedir privilegios al gobierno, sabiendo que hay muchísimo dinero disponible automáticamente.

Aunque el gobierno no ha dado detalles, las cantidades envueltas pueden ser muy grandes. De acuerdo a datos de World Development Indicators del Banco Mundial, El Salvador importa cerca de 2,000 millones de dólares de combustibles por año. Si todo esto se comprara a Venezuela a través de Petrocaribe, el mínimo de crédito que el gobierno obtendría, por año, sería mil millones de dólares por año, que en cinco años representarían cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin disciplina, de todo este dinero no quedaría nada, excepto la deuda.

Esto hay que evitarlo a toda costa. Sabiendo que, diferente del sector privado, los gobiernos no tienen controles internos naturales al endeudamiento porque los políticos no lo pagan sino el país entero, la Constitución ha puesto un requisito que debe cumplirse para que el gobierno se endeude: cada deuda debe ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados. Es decir, el crédito es automático por el lado de la fuente (Petrocaribe) pero no del lado del gobierno, que tiene que obtener esta aprobación y tiene que usar los fondos de acuerdo al presupuesto aprobado por la Asamblea. Esto hay que respetarlo, y no con autorizaciones generales para las cantidades que sean.

Por supuesto, en este momento el gobierno controla las dos terceras partes de la Asamblea, por lo que el gobierno puede obtener cualquier aprobación que quiera. Pero la sociedad civil debería de exigir al gobierno y la Asamblea que rijan sus aprobaciones por al menos tres reglas de oro. La primera sería que sólo se aprobarían nuevos créditos si el endeudamiento está por debajo de un límite como porcentaje del PIB. La segunda sería que los créditos se utilizarían sólo para aumentar la inversión pública por sobre sus niveles actuales. Por supuesto, pedir que los créditos se usen para inversión es como no poner ninguna condición, porque el gobierno podría decir que lo va a hacer así y usar para gastos corrientes todos los fondos que ahora usa para invertir. Tercero, no permitir que Petrocaribe constituya un monopolio de venta de hidrocarburos.

Pero antes de entrar al mecanismo, debe quedar claro que las condiciones generales del acuerdo no entregan a Venezuela la soberanía del país ni vulneran los principios democráticos de nuestro sistema político.

El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.