Guatemala perdió la cabeza

República

Es una frase que se utiliza comúnmente para indicar que alguien actúa ofuscado, guiado por la ira o emociones descontroladas dejando a un lado su juicio o razón. Esta sería una explicación aceptable en la mayoría de los países latinoamericanos, sin embargo; en aquellos donde la violencia ha ido en aumento junto con  los niveles de saña y crueldad con que se cometen los crímenes, adquiere otro significado, digamos; más literal.

Como lo sucedido en San José Pinula, Guatemala; donde hace un par de semanas unos delincuentes dejaron  un maletín y un morral con la extremidad y la cabeza de una mujer. El destino de esta macabra entrega fue la casa del alcalde de este municipio. El objetivo era darle un mensaje claro y contundente de que las amenazas son reales: o entrega Q250 mil de extorsión o él y su familia corren peligro de muerte.  Además de la exigencia del cobro de Q10 diarios a los inquilinos del mercado municipal; es decir, los empleados de la municipalidad como recaudadores al servicio de estos criminales.

Esta noticia tiene varios aspectos que hacen aún más preocupante la situación en nuestro  país. Primero: la amenaza al alcalde del municipio, figura de mayor autoridad en la localidad y con recursos para disponer de seguridad, nos indica que no existen límites para estos criminales. Segundo: las estructuras de estos criminales son cada vez más sólidas o, en su defecto, que cada vez es más débil la presencia de las autoridades encargadas de impartir justicia y brindar seguridad O una desafortunada mezcla de ambas. Tercero: el incremento en la crueldad de los crímenes y, por último, la responsabilidad del gobierno en la prevención y resolución de los mismos, entendiendo como la captura, juicio y condena de estos antisociales.

El aumento en la criminalidad parece ser como la Hidra de Lerna; una amenaza con muchas cabezas por destruir las cuales se regeneran y multiplican en cada intento por acabar con el aparentemente indestructible monstruo de mil cabezas. Si a la situación de inseguridad e impunidad  le sumamos la “distracción”, por no decir ineficiencia,  del gobierno en cumplir con sus funciones básicas, el problema adquiere dimensiones épicas.  Con este panorama ni el mismo Heracles nos podría ayudar.

El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial a través de los diferentes juzgados, son los principales responsables en combatir la inseguridad y administrar justicia. Como ciudadanos y tributarios debemos exigirles enérgicamente resultados a estos burócratas , empezando por el Presidente, Vicepresidente, la recién nombrada Fiscal General y los diputados del Congreso que están más preocupados en aprobar más préstamos que en disminuir el número de personas que son asesinadas diariamente.

Ni a este gobierno ni a los anteriores les ha interesado resolver o sentar las bases para una solución al problema de la inseguridad y la impartición oportuna de justicia, la única diferencia con el gobierno anterior es que al menos fue honesto al decir que su prioridad eran los programas sociales de la “primera dama”. No esperemos entonces que los políticos en su infinita magnanimidad tomen voluntariamente este problema como un asunto prioritario.

Brindar seguridad e impartir justicia será como una piedra en el zapato para los gobernantes que tendrán que aguantar para legitimar el ejercicio del poder. Mientras los electores “pierdan la cabeza ante el canto de las sirenas populistas” que prometen el desarrollo a costa de los demás, muchos perderán, literalmente, la cabeza a manos de los criminales que operan impunemente en el país.