Petrocaribe, Argentina y Grecia

El gobierno anunció como un gran triunfo su ingreso a Petrocaribe. No ha querido, sin embargo, dar detalles de lo que firmó, de lo que significa para el país y para sus mercados, y la manera en la cual el nuevo esquema funcionaría para cumplir con los requisitos constitucionales.

De lo que sabemos del esquema, lo que los funcionarios del gobierno pueden considerar un triunfo es que provee una gran facilidad para endeudar al país. Esto, en realidad, tiene costos enormes y presenta graves riesgos para el país y el gobierno mismo. Las deudas hay que pagarlas y eso significa pagar más impuestos, que son costosos económica y políticamente.

Algunos han dicho que si el país se endeuda demasiado simplemente puede dejar de pagar sus deudas. El problema en el que se encuentra hoy Argentina demuestra que el derecho internacional da a los acreedores internacionales un enorme poder coercitivo para cobrar lo que se les adeuda. Por más de diez años Argentina pensó haber escapado de estos poderes. Hace unos días se dio cuenta de que no.

Durante su última crisis a fines de 2000, el gobierno argentino dejó de pagar sus deudas por un total de 93 mil millones de dólares, con lo que la inversión extranjera y un gran porcentaje de la local huyeron del país, causando una grave crisis económica en la que la moneda se devaluó a la cuarta parte de su valor, la inflación alcanzó 40 por ciento y la economía entró en una profunda depresión. Desde entonces el gobierno argentino, y por consecuencia el país entero, no ha podido emitir deuda internacionalmente, excepto por la que Venezuela le compró por razones políticas, por una sola vez. Por varios años no necesitó hacerlo porque gozó de un gran boom de productos primarios, que es lo que más exporta. Pero ahora que los precios de estos productos han bajado los dólares son cada vez más escasos y Argentina se encamina a una crisis si no consigue préstamos externos.

En dos ocasiones (2005 y 2010) el gobierno buscó renovar el acceso a los mercados financieros internacionales, ofreciendo pagar cerca de 30 centavos por cada dólar de lo que debía, con la amenaza de que si no aceptaban estos términos, los acreedores no lograrían cobrar nada. La mayor parte de los acreedores eran fondos de pensiones italianos que habían invertido sus ahorros en bonos argentinos, es decir, gente sumamente vulnerable. Pensando que no tenían otra alternativa, estos fondos y otros acreedores aceptaron las ofertas. Argentina les entregó nuevos bonos por estas cantidades mínimas y los ha pagado desde entonces, quedándose con 70 centavos de cada dólar. Argentina pensó que a los que no aceptaron podía no pagarles nada.

Algunos de estos vendieron sus bonos a precios muy bajos porque las perspectivas de cobrar se veían muy mal. Uno de los fondos que compró de estos bonos, MNL Capital, perseveró en los juicios en un proceso que llegó a su final esta semana, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó revisar la condena que un tribunal inferior había emitido contra Argentina, forzándola a pagar a los que no aceptaron la oferta de 30 centavos en el dólar. Esta Corte tiene jurisdicción porque los bonos se transan en mercados estadounidenses.

Ahora Argentina tendrá que pagar a los que creyó que había dejado por fuera. Puede no pagar, por supuesto, pero menos que podrá tomar dinero prestado de los mercados internacionales, que hoy necesita tanto para evitar la crisis de falta de dólares que se le viene encima.

Además de Argentina, el gobierno debe ver el caso de Grecia, en donde no sólo el pueblo ha sufrido por varios años las consecuencias de endeudarse desaforadamente sino que también los gobiernos que endeudaron así al país y los políticos que los formaban cayeron hace ya mucho tiempo. Es una lección que el gobierno actual debe aprender, ahora que parece tan entusiasmado con adquirir deudas, como si no hubiera que pagarlas.

El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.