Ecuador: Embestida contra la libertad de expresión

La Nación

El autoritario y populista presidente de Ecuador, Rafael Correa, no ceja un instante en su conocido empeño por transformar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, muy especialmente, a su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, en entes sin recursos, incapaces entonces de cumplir con su delicado cometido. Ocurre que ambos entes son obstáculos que Correa encuentra constantemente en su permanente embestida contra la libertad de expresión, que ciertamente aborrece.

El objetivo esencial de Correa es el de despojar a las instituciones de la OEA de su autonomía y hacerlas dependientes y sumisas, de manera que no tengan iniciativa, ni posibilidades de actuar con independencia, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de su mandato.

El objetivo esencial de Correa es el de despojar a las instituciones de la OEA de su autonomía y hacerlas dependientes y sumisas

Para ello sueña con hacerlos dependientes, a través de prohibirles recibir recursos externos para financiar sus distintos programas. Incluyendo, particularmente, los provenientes de la generosidad de la Unión Europea.

Actúa en esto coordinadamente con sus pares ideológicos y con sus compañeros de ruta para tratar de someter a ambos entes y acabar -de plano- con las instancias independientes que hoy existen para la defensa de esa esencial libertad.

Esa actitud ha merecido recientemente una dura, pero correcta, calificación por parte del director periodístico del tradicional diario El Comercio, de Lima, que se refirió a ella como un "chantaje".

Al celebrarse la 44 edición de la Asamblea General de la OEA, a comienzos del mes de junio, en la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, el canciller de Ecuador presentó un proyecto de resolución, junto a otros países de Unasur, presuntamente vinculado con el denominado "proceso de reflexión" que está en curso sobre el funcionamiento de la CIDH. Es hora de replicarle con un proyecto de sentido contrario, esto es, que garantice el funcionamiento sin restricciones grotescas de los dos entes que están siendo atacados.

La iniciativa de Correa y sus compañeros de ruta, más allá del clásico disimulo, está claramente destinada a debilitar funcionalmente a ambos organismos. Por esto mereció el repudio explícito, desde el podio, de Costa Rica, que rechazó "cualquier intento que menoscabe el accionar" de los organismos que hoy están en la mira de Correa y sus seguidores. Así como el repudio claro de las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan en la cuestión. Provocó asimismo, como cabía suponer, el evidente malestar de los Estados Unidos, alerta sobre lo que significa el ataque constante a la libertad de expresión por parte de Correa.

Por esto seguramente la canciller de Perú señaló: "El Perú está comprometido con el fortalecimiento del sistema interamericano y, en particular, por el profundo respeto a la libertad de expresión, componente fundamental e indispensable de la democracia en la región". La inversa absoluta del pensamiento de Correa y de los países que lo acompañan en su perversa aventura en procura de cercenar la libertad de expresión.

Conforme a lo resuelto, se ha encomendado al Consejo Permanente de la OEA invitar a la CIDH a mantener un diálogo específico sobre sus relatorías "a la luz de los principales desafíos de la región para la plena vigencia de esos derechos". Esta última frase debería impedir recortar las alas de la CIDH y de sus relatorías especiales. Porque se trata de defender la "plena vigencia" y no de recortar arteramente las capacidades de la CIDH.

Pero conociendo a Correa y tomando consciencia de sus lazos íntimos con los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela, esa frase previsiblemente no será un obstáculo para que insista disfrazando siempre sus propuestas, en tratar de lastimar y limitar, en todo lo posible, a las entidades que fueron creadas -precisamente- como instrumentos para defender la libertad de expresión.

Una de las iniciativas más peligrosas incluida en la propuesta de Correa es aquella que propone que todos los recursos financieros, incluyendo las donaciones y los aportes voluntarios de terceros, vayan a parar a un "fondo común", manejado por los Estados miembros, lo que es todo lo contrario a contar con entes independientes y, por ello, capaces de trabajar adecuadamente en la defensa de la libertad de expresión.

La tormenta generada contra la libertad de expresión a nivel regional no ha desaparecido. Correa la mantiene viva. La acicatea. La intensifica. Habrá que seguir atentamente esta seria historia, desagradable sin duda. Para tratar de evitar que algunos, mal disfrazados de demócratas, consigan su objetivo común, que es ciertamente el de debilitar, al máximo posible, la libertad de expresión. Para imponer, al mismo tiempo, el discurso único totalitario que han transformado en Evangelio: el de los que eufemísticamente se autodenominan: "bolivarianos".