El corporativismo fascista se instala en Uruguay de la mano del gobierno izquierdista

Panam Post

Es lugar común el suponer que fascismo y comunismo son dos polos opuestos del espectro político. Los que así piensan, olvidan que ambos fenómenos tienen un origen común. Tanto el fascismo que Benito Mussolini creó en Italia como el nazismo que impuso Adolf Hitler en Alemania, hunden sus raíces en el socialismo.

El corporativismo es una de las versiones del fascismo. En su sentido moderno, fue ideado por Mussolini como un mecanismo de control social. La meta era la obtención del poder total, cosa que se lograría mediante la absorción por parte del Estado de todas las asociaciones de la sociedad civil. Con esa finalidad, las corporaciones serían una valiosa herramienta, ya que en torno al partido estarían congregados los obreros, los empresarios, los técnicos  y el Estado. Simultáneamente, esas corporaciones actuarían como medios de control sobre sus miembros individuales y estaban –en mayor o menor grado- integradas al Estado.

Este modo de relacionamiento entre distintos actores de la sociedad civil y el Estado, en la práctica, resultó un arreglo político ideal para la creación y el mantenimiento de un sistema político autoritario y corrupto.

Actualmente en Latinoamérica estamos presenciando un renacer de esas estructuras, fundamentalmente en los países integrados al “socialismo del siglo XXI”. Y los gobiernos izquierdistas que han gobernado Uruguay en los últimos 9 años, no podían ser menos.

En nuestro país, esa alianza entre el Frente Amplio y los sindicatos de trabajadores viene de muchos años antes de ganar la presidencia. Fue una estrategia de “acumulación de fuerzas” para poder acceder al poder. Tanto fue así que los gremios dejaron de ser independientes y pasaron a ser activistas por el triunfo electoral del Frente Amplio.

Esa sociedad político-sindical quedó sellada cuando el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales en el 2004. Al asumir como presidente, Tabaré Vázquez incorporó de inmediato a dirigentes sindicales a los Directorios de empresas y servicios públicos, otorgándoles una gran cuota de poder. Además, reinstaló los Consejos de Salarios forzosos por rama de actividad, constituidos por representantes de los sindicatos, empresarios y del Estado. Desde un principio las autoridades dejaron saber, que en esas negociaciones de sueldos y condiciones de trabajo ellos no serían neutrales, sino que estarían del lado de los trabajadores.

Asimismo, “crearon” el derecho de ocupación de los lugares de trabajo, como una extensión del derecho de huelga. Como si todo esto fuera poco, Vázquez derogó el decreto que permitía a la policía desalojar una planta ocupada. Los empresarios denunciaron que esas medidas atentaban contra el derecho de propiedad. En un principio, esas normas eran aplicables tanto para el sector público como el privado. Pero en 2010, cuando los gobernantes izquierdistas pasaron a sentir en carne propia sus efectos, siendo presidente José Mujica, dictó un decreto donde se reglamentaban las ocupaciones de los lugares de trabajo del sector público, pudiendo incluso recurrir a la fuerza pública si no había un desocupación voluntaria por parte de los huelguistas. Para el sector privado, las cosas quedaron incambiadas. Frente a los reclamos de los empresarios, el Poder Ejecutivo declaró que “las situaciones reguladas (ocupación del sector público y privado) no son equiparables”. Argumentó que mientras los empresarios tan solo buscan satisfacer “intereses propios”, el Estado busca el “bien común”.

Desde entonces, los frutos de esa asociación partidista-sindicalista-estatal se han hecho sentir con crudeza. En no pocas oportunidades la primera medida de fuerza de un sindicato, ha sido la ocupación por largos períodos de tiempo de la empresa en que trabajan. Muchas de ellas han quebrado debido a ello. Para colmo, las autoridades con la excusa de “salvar las fuentes de trabajo”, han alentado que esos mismos huelguistas asuman la propiedad de la compañía, obviamente que con apoyo estatal. Es decir, con dineros públicos. En la mayoría de los casos ya se sabe de antemano que esos negocios serán ruinosos para el país, pero eso no importa. Lo relevante es que  paulatinamente, las cooperativas de ex trabajadores vayan asumiendo el control de las empresas.

Esa dinámica ha llevado a que los gremialistas se sientan impunes y sus acciones sean cada vez más audaces. Firman convenios salariales muy favorables que incluyen cláusulas de “paz sindical”, que desconocen olímpicamente. El caso más reciente es lo que está ocurriendo con un laboratorio de plaza. La empresa hace un año despidió a dos visitadores médicos, luego de probar fehacientemente que ambos reportaban en sus partes diarios tareas que no habían realizado, lo que en esa industria constituye una falta grave. Desde entonces, esa empresa ha venido sufriendo paros perlados. Recientemente, el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines ordenó a sus afiliados, que las medidas de fuerza se extiendan a todos los laboratorios. Junto con el paro realizan una ocupación de brazos caídos en sus puestos de trabajo, para impedir que los trabajadores no sindicalizados puedan realizar sus tareas, con lo cual está en riesgo  la provisión de medicamentos a la población. Es decir, que el sindicato se ríe de lo que firma, desconoce el valor del Derecho y de los derechos individuales. Todo ello con apoyo implícito del gobierno.

Por otra parte, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se ha atribuido el rol de controlador de esa área, y el poder de “remover” jerarcas que no sean de su agrado o no estén afiliados al sindicato. Incluso fuentes oficiales hablaban de la existencia de “un poder gremial desaforado” donde los sindicalistas “nombran, sacan y ponen” a directores, subdirectores y adjuntos de dirección. Aquellos que no se someten al dictamen de la FFSP, son amenazados con que se les iniciaría una investigación administrativa o serán sumariados.

Pero lo que en estos días sacudió con mayor fuerza a la opinión pública, fue la sentencia judicial que confirmó las denuncias sobre la trama de poder y corrupción sindical, en la contratación de servicios de limpieza en los hospitales públicos. Desde hace dos años y medio la oposición en el Parlamento, ha pedido en nueve ocasiones investigar al representante de los trabajadores en el Directorio de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE,) porque había fundadas sospechas de que con la complicidad de un dirigente sindical, habían puesto en práctica un método para beneficiar a un grupo de trabajadores estafando a Salud Pública. Sin embargo, el oficialismo siempre se negó a investigar.

La maniobra se hacía a través de empresas que hacían la limpieza en los hospitales públicos de todo el país. Las personas procesadas que ocupaban altos cargos de gobierno, en forma encubierta eran los verdaderos directivos de esas compañías. Aprovechando su posición privilegiada, presionaban a los directores de los hospitales públicos para que contrataran los servicios de las empresas de las cuales ellos formaban parte, sobrefacturaban (cobraban horas de trabajo que no habían sido realizadas), en las licitaciones aportaban “información de interés” para que compitieran con buenos precios, el dirigente sindical cobraba coimas para acelerar pagos y garantizar “paz sindical”.

Todo esto fue posible gracias a que los gobernantes hicieron la “vista gorda”, con tal de no tener choques con sus aliados políticos, los líderes sindicales.

Precisamente, el más grave de los problemas actuales del Uruguay, es el enraizamiento de este corporativismo fascista. Sus efectos perniciosos impregnan lo institucional, social, ético y económico. Y, es por esa razón, que muchas empresas extranjeras radicadas en el país están comenzando a irse. Y las  uruguayas… tiemblan.

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.