Maduro, mercado y delito

El Nuevo Herald

El heredero de Chávez, nuevo presidente del partido oficialista gracias al apoyo del líder del ala militar confirmado como número 2, aseguró que “Vamos a… radicalizar la revolución”. Algunas medidas, según Ecoanalítica, serán la unificación de los tipos de cambio —el Estado monopoliza la compra venta de moneda existiendo tres precios para el dólar—, la legalización del mercado paralelo de divisas, la flexibilización de los controles de precios, el incremento de la producción petrolera entre PDVSA y socios, el aumento de las tasas y la reducción del financiamiento del Banco Central a las empresas públicas.

No se ve la retórica de endurecer el socialismo. Pero la medida destacada es el aumento del precio de la gasolina que se realizaría luego de una consulta pública por temor a un “Caracazo” como el de 1989, con cientos de muertos, tras el paquetazo de Carlos A. Pérez que incluía la subida de los derivados del petróleo y el consiguiente aumento de las tarifas del transporte. En Venezuela la gasolina cuesta US$ 0.02 por litro. El Estado estaría perdiendo US$ 15,000 millones anuales y debe lidiar con problemas como las mafias que contrabandean combustible hacia Colombia.

Dada la barata gasolina subsidiada por el gobierno, resulta un gran negocio contrabandearla hacia otros mercados. Esto muestra cómo el delito, al igual que todo en el mercado natural, en la sociedad ordenada por la naturaleza, responde a la oferta y demanda: mientras el “crimen” suponga grandes ganancias en contraste con la marginalidad de muchos, seguirá existiendo y la muerte o cárcel de un delincuente solo provocará su reemplazo por otro. El mercado natural es —dicho sintéticamente— la coordinación voluntaria y pacífica, vía precios, entre las personas salvando todos —todos— los conflictos.

Ahora, la marginalidad, la pobreza y desocupación no pueden ser naturales en un mundo donde hay tanto para hacer, sino que es provocada por coaccionadas desviaciones de la naturaleza como, por caso, las leyes de salario mínimo que dejan desocupados, dentro del mercado “formal”, a los que ganarían menos. Así, la violencia de arriba —, la represión, las imposiciones coactivas del Estado — engendra la violencia de abajo. Entonces, para detener al delito —y a cualquier conflicto violento doméstico o internacional— debe desarmarse la violencia de arriba. En contraposición con quienes no entienden la naturaleza del mercado y, por tanto, creen que “la violencia puede detenerse con violencia” (¡?), con más represión.

Además, el crimen generado abajo conlleva más gastos, más pobreza. Según la Cámara Americana-Guatemalteca de Comercio, solo las compañías de transporte de mercancías pagan US$ 243 millones anuales —12% del presupuesto— en guardias, y aun así son extorsionadas por las maras. Según el Banco Mundial el gasto derivado de la violencia consume el 8% del PIB de Centroamérica, unos US$ 19,500 millones; costo que supera el 19% del PIB en Honduras, según el Instituto para la Paz y la Economía (IPE), de Australia. “En 2013 Nicaragua, incrementó 27% su gasto militar, Guatemala y Honduras 18%; Panamá 11% y Costa Rica —sin ejército— 9.6% para equipo de policía”, informa el IPE. Sin embargo, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, entre el 2000 y el 2012, los homicidios se duplicaron en la región a pesar de que el número de policías, por cada 100,000 habitantes, subió de 218 a 297.

El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity en el Independent Institute, de Oakland, California.