Guatemala: Más leyes menos fiscalización

República

La semana pasada Ramón Benjamín Tobar, jefe de la Superintendencia de Bancos (Sib), dio declaraciones respecto a la urgencia de eliminar el secreto bancario en Guatemala. Dijo que si la Ley del Secreto Bancario salía, es decir era aprobada en el Congreso, sería un éxito para la Sib y para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que ésta última tendría la facultad de pedir información para identificar a quienes fueran sospechosos de no pagar cabalmente sus impuestos.

El principio detrás de esta ley es dar mayor poder a los burócratas para conseguir sus fines, en este caso los ingresos de los tributarios mediante el registro no sólo de sus bolsillos, sino también de sus cuentas bancarias, colchón, cochinito y cualquier otro lugar donde pueda “guardar sus ingresos”.

Aunado a esto, también la semana pasada, personal de la SAT tuvo la genial idea de hacer encuestas obligatorias dentro del sistema declaraguate que se utiliza para llenar los formularios para pagar los impuestos. Estas encuestas no tendrían mayor relevancia si no fuera por las preguntas y en especial las opciones de respuesta.

Cómo ejemplo de dichas encuestas: ¿Qué sanción debería aplicarse a quienes declaran en forma deshonesta? A. embargarle sus bienes, B. imponerles una multa, C. Enviarlos a la cárcel. La opción a no responder o descartar las respuestas ni siquiera existe.

¿Tendrá alguna validez este tipo de encuestas? Si el propósito de las mismas es intimidar al tributario (que por cierto ya está pagando impuestos) o usar esta información para después concluir que son los mismos tributarios quienes imploran ser castigados y no es la SAT la que pide al Congreso mayor poder y mayores castigos, entonces la encuesta está diseñada perfectamente.

Lo que siempre me ha llamado la atención en estos casos, es la severidad de las penas contra el tributario y la suavidad con la que se trata a los políticos. Por lo general las peticiones de los burócratas encargados de exprimirle hasta el último centavo al tributario son para obtener mayor poder discrecional, se quejan constantemente que las leyes no son lo suficientemente estrictas y por ello no logran satisfacer sus deseos (voraces) de recaudación.

Muy pocas veces hemos oído a los burócratas pedir leyes más rigurosas para castigar a los funcionarios corruptos, aquellos que se roban nuestro dinero. ¿Por qué tanto celo por obtener el dinero que está en los bolsillos del tributario y poco interés en vigilar cómo lo gastan los políticos? ¿Será que el dinero pierde valor al llegar a las arcas de la nación y no importa cómo se utilice?

Si hacemos un recuento de reformas y leyes aprobadas por el Congreso para fiscalizar al ciudadano y para fiscalizar al político ¿cuál cree que sea mayor? Si analizamos el contenido de dichas leyes ¿cuál cree que sea más severa con los castigos? ¿Cuál considera que tiene mayores recursos del presupuesto? ¿Alguna vez, algún político ha hablado de imitar las “buenas prácticas” de la SAT en la Contraloría General de Cuentas? Solo con ese cambio se “elevaría la percepción de riesgo” para los corruptos.

Esto me recuerda a la Rebelión de Atlas cuando Francisco D’Anconia le dice a Dagny: “El dinero se desplaza hacia canales que lo transportarán no a los más productivos, sino a los más corruptos. Según las normas del tiempo, quien ofrece menos es quien gana”.

Al parecer nos estamos acostumbrando a desperdiciar nuestro talento y energía al permitir que nos traten como siervos-tributarios sin derecho alguno. Entonces, sólo por curiosidad ¿cómo respondería la encuesta de la SAT?