México da un mal giro brasileño

The Wall Street Journal Americas

Menos de un mes después que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, asumió el poder, el 1 de diciembre de 2012, su gobierno suspendió por un año las reducciones programadas al arancel a las importaciones de calzado desde China. Un año después, los recortes a los aranceles fueron suspendidos de nuevo. Hace doce días, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que no habrá una disminución de los aranceles de entre 25% y 30% impuestos a los zapatos de China durante el gobierno de Peña Nieto.

En un viaje a León, la capital del calzado de México, en el estado de Guanajuato, Videgaray también anunció que el gobierno asignará un valor mínimo de importación a todos los zapatos procedentes de China y otorgará nuevos subsidios a los fabricantes locales de calzado. En otras palabras, les ha subido los impuestos a los consumidores de bajos ingresos y ha acordado canalizar los escasos recursos a intereses especiales con un gran poder político.

En cuestión de días, los textileros y los productores de manzanas comenzaron a pedir sus propios subsidios.

Cabe destacar que Peña Nieto ha invertido una cantidad significativa de su capital político para reformar la Constitución y permitir la inversión privada en el sector energético, fomentar la competencia en el sector de telecomunicaciones e introducir una forma de rendir cuentas en la educación pública. Por lo tanto, es tentador minimizar los aranceles a los zapatos como un pecado venial cometido por un gobierno que normalmente es virtuoso y reformista.

No obstante, las reformas estructurales en algunos sectores clave no tendrán el efecto deseado si no se promueve la libertad económica de una manera más amplia. En ese terreno, el gobierno de Peña Nieto todavía tiene un déficit. Desde la política fiscal hasta el comercio y las regulaciones, cada vez se acumula más evidencia de que el primer gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 12 años busca restaurar la centralización y la burocracia que lo hizo poderoso en los años 80 y que también empobreció tanto a México.

Brasil ilustra los peligros. Liberalizó los sectores de telecomunicaciones y energía hace más de una década, y eso atrajo mucho capital extranjero al país, pero no transformó la economía.

Incluso podría haber restado fuerza al proceso. La clase política brasileña no vio razón alguna para incurrir en los costos de una mayor desregulación cuando la inversión del mundo en nuevas concesiones de explotación petrolera en aguas profundas estaba llegando a raudales. Ignoró el dolor causado a los emprendedores por un marco regulatorio y tributario sofocante, los subsidios y la protección para fabricantes locales poco competitivos, y el politizado banco de desarrollo, pese a que se jactaba de una nueva etapa de desarrollo. El llamado avance brasileño rápidamente se transformó en el fiasco brasileño.

México tiene acuerdos de libre comercio con 44 países, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Esto lo deja a años luz de Brasil en cuanto a su apertura al mundo, pero aún dista de convertirse en una vigorosa economía de libre mercado. Peña Nieto ha elevado las expectativas al hablar sobre la meta de un crecimiento más acelerado. Sin embargo, el mandatario no siempre está dispuesto a practicar lo que predica.

Nadie duda que pese a sus defectos, las nuevas leyes que regirán al sector energético podrán atraer decenas de miles de millones de dólares en capital fresco a México. Sin embargo, el diablo se esconde en otros sectores y debajo de los titulares. Un mercado verdaderamente libre en las telecomunicaciones implica subastar sin restricciones sobre la tecnología o uso del servicio el espectro de 700 megahertz, crucial para la banda ancha móvil. En cambio, el gobierno lo ha reservado para "sociedades público-privadas", que en países donde el Estado de derecho es débil también se conoce como "cuidar a mis amigos".

Es cierto que Peña Nieto ha tenido que hacer algunos pactos con los intereses especiales para conseguir la aprobación de sus grandes reformas estructurales. Pero eso no puede explicar las malas decisiones que no eran parte de la negociación y que, con toda certeza, socavarán el crecimiento.

Videgaray orquestó en 2013 una reforma tributaria que impuso nuevos impuestos al capital y los dividendos y un impuesto a la renta progresivamente alto para cualquiera que gane más de US$38.000. La mayor carga impositiva vino acompañada de nuevos subsidios y un regreso al déficit fiscal.

El secretario de Hacienda está promocionando la asignación de créditos por parte del gobierno, lo cual siempre es una mala idea, al expandir el papel del mayor banco de "desarrollo". A principios de año, una ley antimonopolio inspirada por Videgaray le dio al gobierno amplias facultades para castigar a las compañías por el delito de ser más exitosas que sus competidores.

La reforma económica estelar de México de los últimos 20 años es la apertura comercial. Más allá de sus múltiples pactos de libre comercio, el país ha reducido unilateralmente las barreras comerciales, indicando que el argumento de darles opciones a los consumidores a través de la competencia había ganado la batalla intelectual. La política comercial se movía en la dirección de Chile y se alejaba del proteccionismo de Brasil.

Ahora, el gobierno se está entrometiendo también en eso, como deja en evidencia su decisión de extender las protecciones a la industria del calzado. Arrepentirse de los recortes a los aranceles sugiere que la industria está flaqueando. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda informó que de 2009 a 2012 el número de empleos en el sector de calzado y cuero creció en cerca de 8.000 puestos para llegar a 125.464 puestos de trabajo.

La decisión de Videgaray es caprichosa y política. Guanajuato ha sido un bastión del partido de oposición Partido de Acción Nacional (PAN) durante muchos años y al PRI le gustaría recuperarlo. Lo entiendo, pero ¿a qué costo para el legado de Peña Nieto como el hombre que transformó México?