Bill Clinton busca cambiar la historia de su intervención en Haití

El ex presidente Bill Clinton en una visita a Haití el 29 de junio de 2014.

The Wall Street Journal Americas

Es tentador el tratar de olvidar toda la miseria que Bill y Hillary Clinton y sus amigos demócratas han infligido a Haití. Pero al igual que los perpetradores que no pueden resistir el impulso de regresar a la escena del crimen, los Clinton continúan recordándonos.

En un evento realizado la semana pasada en Iowa, Bill Clinton se jactó de su desempeño en Haití. Eso es extraño: dos décadas después de usar al Ejército de EE.UU. para reponer en el poder al tirano Jean Bertrand Aristide, cinco años después de convertirse en el enviado especial de la ONU en Haití y tres años después de asumir el control de la Comisión de Recuperación Interina de Haití tras el terremoto de 2010, Clinton es persona no grata en buena parte del país debido a los lamentables resultados de su gestión.

De todos modos, volver a sacar a colación a Haití en este momento, en un lugar tan poco propicio, podría servir un propósito. A principio de Aristide fue colocado bajo arresto domiciliario en Puerto Príncipe en conexión con una investigación sobre acusaciones de lavado de dinero y corrupción. Si decide hablar y recuerda las cosas de manera diferente que Clinton, el ex presidente estadounidense ya adelantó su versión de lo ocurrido.

En una intervención después que su esposa se dirigiera a los asistentes al evento en Iowa, Clinton explicó su intervención en Haití en 1994: "El dictador militar estaba poniendo neumáticos alrededor de los cuellos de la gente y prendiéndoles fuego, en una política afectuosa llamada collarización" recordó satíricamente. "Me dijeron que a nadie le importaba Haití", pero "lo hicimos y sin un solo disparo. Nadie salió herido".

Qué gran historia. Pero como lo sabe cualquier haitiano, fue Aristide el que implementó la "collarización", también conocida como

"Père Lebrun", el nombre de un comerciante local de neumáticos. Gobernar una democracia con una asamblea nacional fue más difícil de lo que había previsto y le pidió a sus seguidores que le dieran Père Lebrun a sus oponentes, tal como lo documenta un informe de octubre de 1993 del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU.

El 29 de septiembre de 1991, los militares intervinieron y derrocaron a Aristide. Emplearon sus propias fuerzas paramilitares, que también practicaron la represión, pero su arma preferida fueron las pistolas, no la collarización.

Aristide huyó a Washington, donde el presidente George H.W. Bush le liberó los ingresos internacionales de telecomunicaciones y aerolíneas de Haití como gobierno en el exilio. Nunca se hizo una auditoría de esos fondos, pero se informó que superaron los US$50 millones. Aristide vivió a lo grande en Georgetown y emprendió una agresiva y costosa campaña de lobby para conseguir la intervención militar de EE.UU. para regresarlo al poder.

Después de que Clinton lo devolviera a su palacio en Puerto Príncipe, los seguidores de Aristide continuaron cometiendo sus fechorías. Los opositores fueron descuartizados con machetes, quemados y acribillados a bala. El dinero desapareció.

El gobierno Clinton no hizo nada para contener tales abusos. En cambio, una compañía llamada Fusion, dirigida por un grupo de demócratas que incluía a Joseph P. Kennedy II, Mack McLarty —quien fue jefe de gabinete de Clinton— y Marvin Rosen —un ex presidente de finanzas del Comité Nacional Demócrata—, entraron en el negocio de la telefonía de larga distancia con Haití-Teleco, el monopolio de telecomunicaciones del gobierno.

En 2000, varios haitianos que temían por sus vidas se me acercaron sigilosamente y solicitaron mi ayuda para dejar al descubierto este acuerdo, que según ellos estaba destruyendo a Haití-Teleco. Fusion levantó barreras, pero con la ayuda de la ley de libertad de la información de EE.UU. logré descubrir el pacto entre los amigos de Bill y el déspota haitiano. Fusion ha negado haber cometido delito alguno.

Desde 2012, los jueces de Haití no tienen que rendir cuentas al poder ejecutivo y su independencia podría revertir décadas de impunidad. El exdictador "Baby Doc" Duvalier es investigado por numerosas acusaciones de violaciones de los derechos humanos durante su mandato en las décadas de los 70 y 80.

Fuentes al tanto de la investigación de las actividades de Aristide, llevada a cabo por el juez Lamarre Belizaire, me dicen que entre los posibles cargos figuran lavado de dinero, tráfico de drogas y el uso ilícito de fondos estatales. Una fuente fidedigna me dijo por teléfono desde Puerto Príncipe la semana pasada que la corte también investiga la corrupción dentro de Haití-Teleco.

Sería razonable esperar que las autoridades estadounidenses cooperaran, ya que han enjuiciado a varios haitianos por recibir sobornos en empresas de telecomunicaciones y por tráfico de drogas durante el gobierno de Aristide. Mis fuentes dicen que la Fundación Aristide para la Democracia también es investigada y que algunos estadounidenses de renombre están involucrados.

La semana pasada, la representante Maxine Waters (demócrata de California), quien ha sido una defensora de Aristide y ha participado en la junta directiva en EE.UU. de la Fundación Aristide para la Democracia, envió una carta al Secretario de Estado John Kerry expresando su preocupación de que pueda haber un "esfuerzo para arrestar ilegalmente" a Aristide y que sus partidarios podrían reaccionar violentamente. Ella solicitó a EE.UU. que "intervenga inmediatamente".

Waters no mencionó la importancia de establecer un precedente en Haití de que nadie está por encima de la ley. Ni tampoco mostró preocupación por la seguridad del juez Belizaire, quién según múltiples informes está recibiendo amenazas de muerte. Extraño. Casi tanto como el inesperado comentario de Clinton en Iowa.