Hablando de democracia

ABC Color

Otra más. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ha emitido un comunicado en el que “manifiesta su profunda preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela…”, y denuncia, entre otros ataques a la libertad de prensa y el derecho a la información, “la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, procesos sancionatorios y despidos de comunicadores, así como presuntos bloqueos de la señal de internet de medios de comunicación”.

En la reseña de las violaciones que se cometen, la Relatoría destaca las acusaciones públicas a medios hechas por el presidente Nicolás Maduro y sus “llamados” a la justicia venezolana para que actúe” con firmeza”. Cita entre innumerables casos el cese de circulación de por lo menos 12 publicaciones por falta de papel, lo que en los hechos constituyen clausuras disimuladas pero que en nada difieren en su propósito y resultados a las dispuestas más groseramente por las pasadas dictaduras militares.

Esta denuncia suma un nuevo elemento que define al régimen que impera en Venezuela y que se suma a informes sobre Derechos Humanos de la Comisión de la OEA, a las denuncias sobre violaciones a esos derechos realizadas por diversas organizaciones de defensa de DD.HH. y la libertad de prensa, y la acción iniciada por más de 300 senadores y diputados de América Latina y España ante la Corte Penal Internacional de La Haya, acusando al gobierno de Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Mientras tanto ¿qué hacen el Mercosur, la Unasur, la OEA, la Celac, los responsables y organizadores de la Cumbre Iberoamericana?

Todas estas organizaciones, primero y antes que nada, ratifican el respeto y defensa de la democracia en rimbombantes “cláusulas democráticas”. Por ejemplo, los Jefes de Estado de los países integrantes de la Celac, reunidos nada menos que en Caracas en diciembre del 2011, asumieron un compromiso “con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del orden democrático… de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales… de la libertad de opinión y expresión”. El Mercosur, en el protocolo de Ushuaia, reafirma que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración…” y lo mismo pasa con la Unasur, ambos en una actitud militante en defensa de la democracia, o en realidad y por lo que se ha visto hasta ahora, más concretamente en defensa del sillón y bastón de mando de sus socios miembros, en su mayoría contumaces “reeleccionistas”. Y ni qué hablar de la Carta Democrática de la OEA, un documento que ya ha cumplido 13 años pero del que aparentemente muy pocos de los miembros del organismo están enterados de lo que dice y dispone. El documento está muy bien pero no se aplica, es algo así como el Esperanto que es el idioma universal, pero nadie lo habla.

Y en efecto, parecería que ninguna de estas organizaciones se ha enterado de lo que pasa desde hace ya bastante tiempo en Venezuela.

Y no es que den vuelta la cara o se laven las manos, sino que legitiman al chavismo, cuyo caso nunca se analiza o juzga, maniobrando para el ingreso de Venezuela al Mercosur “por la ventana” o avalando elecciones muy cuestionadas e incluso respaldando el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU.

En función de todo ello es que se hace ineludible concluir que, como se dice vulgarmente, “la culpa no es tanto del chanco sino de quien le rasca el lomo”.

Parecería que se ha olvidado que no hay democracia sin respeto al Estado de Derecho, sin separación y equilibrio de poderes, sin libertad de expresión y garantías para los Derechos Humanos, y que tampoco se puede hablar de elecciones libres, ni democráticas ni legítimas si no hay libertad de prensa y pleno derecho a la información de los ciudadanos que van a elegir.

La democracia es eso y no hay realpolitik ni pragmatismo ni política comercial, o cuestiones de estrategias políticas o electorales internas, que justifiquen y eximan de responsabilidad a quienes lo olvidan y lo ignoran.