Colombia: ¿Una constituyente para cada cartel delincuencial?

El Colombiano, Medellín

“Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas”. Fernando Savater

Hace unos días, el presidente Uribe respondió la carta que Álvaro Leyva le enviara semanas atrás. Acostumbrados a la falta de coherencia del actual mandatario, este documento hace notar mucho más lo mal que estamos de presidente por estos días.

Dicha respuesta demuestra la coherencia y consistencia de su autor y les tapa la boca a quienes desde los medios mermelados o desde los palacios arzobispales insisten en mostrarlo como un guerrerista ciego que no quiere la paz. Por el contrario, la quiere pero como debe ser, con las condiciones que garanticen la dignidad del país y especialmente como la señal para esta y las generaciones posteriores, de que los delincuentes solo deben tener como destino el sometimiento a la ley y no quienes la escriben.

En dicha carta el presidente Uribe manifiesta que “hay voces” que sugieren que una Asamblea Constituyente con poderes limitados y una vez el cartel de las Farc se desarme, podría ser una buena vía para encaminar y materializar los supuestos “acuerdos”. A esas “voces” hay que responderles a “gritos” que los colombianos no son ni tontos ni ingenuos y que si las generaciones anteriores de “dirigentes” del país prefirieron humillarse o hacerse los locos, pues ellos desde la seguridad urbana despreciaron y siguen despreciando a los compatriotas de la Colombia rural que según ellos pueden ser sacrificados, los colombianos no han mutado en seres de cuatro rodillas ni con la nuca dislocada hacia adelante.

Recordemos que dejamos secuestrar a más de cien mil compatriotas en El Caguán y nadie se puso rojo. ¡Qué vergüenza debería darnos!

La Constitución no tiene que quedarse en piedra e inmodificable, a menos que las circunstancias lo requieran y permitan, pero tampoco es viable que haya que cambiarle el rumbo al barco cada vez que unos armados amotinados extorsionen la nave a cambio de que no maten ni roben más. Los que deben cambiar la Constitución, siempre que sea estrictamente necesario, son los que viven en la nave y la construyen, no quienes la cañonean y quieren tomársela por la fuerza. Darles a los delincuentes de las Farc, ahora bautizados por la academia mamerta como rebeldes o insurgentes, el derecho de trazar el rumbo y someter a los tripulantes a sus designios, es adjudicarles un derecho que no tienen.

A este país le costó 8 años de esfuerzo y sangre de valientes soldados demostrarles por fin a los colombianos y a parte de la comunidad internacional, en caso de que eso exista, que las Farc no eran actores políticos sino delincuentes disfrazados de renovadores sociales. Convocar a una constituyente como pago a una extorsión no es viable y es escupir sobre las tumbas de los soldados que dieron su vida por la ley. Por eso quiero repetir lo que más arriba anoté: los delincuentes solo deben tener como destino el sometimiento a la ley y no quienes la escriben.