Información y Justicia

PanamPost

Desde la Antigüedad, los políticos saben que hay dos medios eficaces para mantener en la opresión a los pueblos sin que estos se percaten de ello. El primero, es el arte de manejar al lenguaje de tal modo que no sea un vehículo para transmitir la verdad,  sino por el contrario, para pervertirla. El segundo, es el control de la información. Esto se aplica a cualquier tipo de régimen, incluso a los democráticos.

En Atenas —cuna de la Democracia—, los sofistas enseñaban el arte de la erística. Es decir, instruían acerca de cómo ganar cualquier discusión mediante recursos tramposos.

El objetivo es ser visto como alguien que posee la razón, sin importar si la tiene o no. En consecuencia, los sofistas eran muy solicitados como instructores por todos aquellos que ambicionaban sobresalir como políticos.

Esa “ciencia” continuó perfeccionándose. Saber cómo manipular el lenguaje como recurso para opacar la realidad, es una habilidad muy apreciada por los políticos contemporáneos.

Con respecto al segundo punto mencionado, desde tiempos remotos se sabe que la “información es poder”. En consecuencia, aquel que logra dirigirla podrá manejar como marionetas a sus congéneres. En gran medida, la lucha entre la libertad y la opresión ha sido la de impedir que los gobernantes la controlen. En definitiva, ese el sentido profundo de la defensa irrestricta de la libertad de prensa y de opinión. Asimismo, la fuente del temor de que los gobernantes finalmente logren controlar Internet, la herramienta que ha extendido formidablemente la libertad en el mundo.

Volviendo al tema de la manipulación del lenguaje, uno de los grandes éxitos de los políticos en lengua castellana, ha sido sustituir el término de “gobernantes” por el de “Estado”. Adicionalmente, a esa figura retórica le han indilgado todas las virtudes habidas y por haber. Y, como en realidad es una entelequia (tras la cual se esconden gobernantes y burócratas), no hay ningún mal que pueda achacársele. Eso queda demostrado porque toda vez que se descubre que alguna autoridad ha hecho algo que causa indignación popular, el reclamo es… ¡por más intervención estatal!

Una derivación del éxito lingüístico recién mencionado, ha sido esparcir el sofisma de que el “Estado” no persigue el lucro. Si utilizáramos el lenguaje en forma apropiada, la aseveración quedaría así: “los gobernantes y los funcionarios públicos en modo alguno persiguen sus propios intereses particulares”. Pero como es obvio, dicho de ese modo muy diferente sería la reacción de la gente y sería más difícil manipularla.

A continuación, ilustraremos lo afirmado con lo acaecido recientemente en Uruguay.

A principios de enero el país se vio sacudido por la noticia de que la Guardia Republicana había descubierto un artefacto con apariencia de explosivo en las cercanías de la embajada de Israel en Montevideo. Estaba situado en una bolsa de supermercado y contenía elementos explosivos y un cordón detonante, pero no podía estallar.

Se hicieron varias conjeturas acerca de la autoría y el porqué de esa acción. Todo quedó en el misterio hasta que recientemente el diario israelí Haaretz informó que Ahmed Sabatgold, un alto funcionario de la embajada de Irán, estaría involucrado en ese hecho y que por esa razón fue “expulsado” de Uruguay por las autoridades nacionales.

Consultado al respecto, el canciller, Luis Almagro, se negó a hablar del asunto. La Cancillería y el Ministerio del Interior calificaron de bolazo la información. Incluso el presidente José Mujica –de ordinario tan locuaz—, reaccionó diciendo: “¿Quién le dijo eso? No voy a hablar”. Por la noche el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde negó haber expulsado a diplomático alguno.

Pero, más allá de silencios y erística, la realidad es la siguiente: Sabatgold ocupaba el cargo de agregado político en la embajada iraní en Montevideo. Desde allí accionaba para fomentar el odio hacia los judíos e incitaba a manifestarlo de diversas maneras. Tuvo choques con uruguayos que se convirtieron al islam porque habría pretendido inculcarles su particular interpretación de esa religión. Incluso, se considera que captó a un grupo de jóvenes para que militaran fuera del gobernante Frente Amplio y a favor de un nuevo grupo de izquierda radical, Unidad Popular, que en las recientes elecciones nacionales obtuvo su primer diputado. Por esta última acción el Gobierno hizo un planteo “informal” de queja frente a las autoridades iraníes.

Una fuente oficial uruguaya y otra cercana a la comunidad judía confiaron al El Observador que Sabatgold fue detectado en la zona por el Mossad (servicio de inteligencia de Israel) “pocos minutos antes de que fuera detectado el aparato explosivo sin detonador”.

Luego de la advertencia del Mossad, la embajada de Israel solicitó al canciller Almagro que expulsara al diplomático. La Cancillería aceptó pero no efectuó el pedido por la vía formal. Se comunicó con la embajada de Irán en Montevideo y ellos aceptaron sacarlo del país. En consecuencia, si bien es cierto que el Gobierno no expulsó formalmente al iraní, posiblemente, fue debido a una gestión de la Cancillería que ese funcionario abandonó Uruguay.

Esas acciones —junto con otras de iraníes en nuestro territorio—, impulsaron al Gobierno a reaccionar, a pesar de que “no quiere hacer olas con el asunto”. Por ejemplo, el 24 de noviembre se detectó un auto con matrícula diplomática cerca de la embajada de Israel, en momentos en que apareció un maletín sospechoso que resultó estar vacío.

Luego se supo que en el vehículo viajaba Sabatgold.  Las autoridades nacionales se enteraron de ese hecho gracias a una filmación que la embajadora de Israel le hizo llegar a la Cancillería. La reacción del Gobierno fue transmitirle a la embajada de Irán que eso era “inadmisible y obligaría a Uruguay a adoptar medidas aún más severas si se dieran circunstancias semejantes en el futuro”.  Irán respondió que fue una casualidad y que el diplomático simplemente  había ido al médico, que quedaba en esa zona.

También en estos días saltó a la luz pública –a raíz de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman– que en su denuncia expresaba que parte de la planificación del atentado a la AMIA se efectuó en territorio uruguayo. En su momento había pedido la colaboración de las autoridades nacionales para esclarecer este asunto.

A raíz de todas las cosas que pasaban a ser de conocimiento público, hace un mes aproximadamente que desde el entorno presidencial se transmitió la orden, fundamentalmente a los organismos de seguridad interna y exterior, de no alarmar a la población. Se les prohibió a los diplomáticos y jerarcas hacer cualquier tipo de declaración concerniente con iraníes.

La situación descrita hace surgir serias interrogantes: ¿Es justo que la población no estuviera enterada de estas cosas? En un tema estrechamente ligado a la seguridad personal, ¿hay derecho a que se nos retacee la información disponible para que cada quien pueda tomar los resguardos que considere pertinentes?

Es una gran injusticia, porque las autoridades que estaban al tanto de la situación podían tomar las medidas necesarias para proteger a sus seres queridos, pero…. ¿y el ciudadano común?

Este hecho demuestra que el control de la información provoca grandes injusticias y divide a la ciudadanía entre privilegiados y no privilegiados.

Por otra parte, Mujica acordó con Estados Unidos –sin dar una explicación en forma institucional– que seis presos de Guantánamo vinieran a nuestro país. ¿Qué lo motivó a hacerlo? ¿Qué intereses defendía? ¿Cómo sabiendo estas cosas se consideró con derecho a obrar por cuenta propia?

Finalmente, pero no por eso menos importante, falta por dilucidar el tema de que el “Estado” no persigue el lucro, entendido este término como “un beneficio personal”. Con respecto a este punto, hay quienes se cuestionan si la orden presidencial de “no agitar el tema de Irán”, no estará relacionada con la campaña de Almagro —propulsada por Mujica— para ser elegido como el próximo secretario general de la OEA.

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.