Guerra y paz en Colombia

El Nuevo Herald

Las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se encuentran en plena ofensiva mediática para presionar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a satisfacer todos sus reclamos, uno de ellos es la exigencia de que los terroristas que integran el grupo subversivo no cumplan ni un día de prisión.

Al condicionar el acuerdo de paz a la no encarcelación el alto mando de las FARC está demandado protección para los criminales que violentaron los más elementales derechos humanos.

Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez, un comandante de las FARC, propone buscar salidas jurídicas y políticas que impidan la condena a cárcel para los guerrilleros, una maniobra que de ser aceptada, encubriría los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la narcoguerrilla.

Granda, conocido como canciller de las FARC, declaró que su organización no ha incurrido en crímenes de lesa humanidad, desconociendo que el Estatuto de Roma, el origen de la Corte Penal Internacional, incluye en esa categoría, entre otros delitos, el asesinato, secuestro, desaparición forzada, deportación, actos punibles a los que su organización ha recurrido en numerosas ocasiones durante los más de cincuenta años de conflicto.

No fue por ocio que el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, premio Nobel de la Paz 2001, quien respalda las negociaciones, declaró en una reunión con los negociadores del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y de las FARC, Iván Márquez, en La Habana, que si un eventual acuerdo de paz no contempla justicia en Colombia, podría intervenir la Corte Penal Internacional.

Annan dijo textualmente: “La Corte Penal Internacional tiene la norma de que si el gobierno involucrado, en este caso el gobierno colombiano, no soluciona los asuntos de justicia, no establece un tribunal (…), la CPI interviene”.

Sobre el CPI dijo el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, que los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país después de los años 2002 y los crímenes de guerra perpetrados a partir de noviembre del 2009, son competencia de la Corte Internacional.

Ordóñez evocó algunos de los crímenes crueles e inhumanos cometidos por las FARC, como las ejecuciones con tiro de gracia a militares, incineración de cadáveres, el uso de restos humanos para guardar explosivos, la utilización de minas antipersonales y ataques con cilindros-bombas como el que tuvo lugar en Bojayá, Chocó, con el resultado de 70 civiles muertos, más de 80 heridos y la destrucción de los bienes de los habitantes del poblado.

Otro crimen de las FARC, tal vez el más horrendo por las terribles consecuencias que deja en sus víctimas, es incorporar a las guerrillas a menores de edad, una violación calificada de lesa humanidad que las leyes internacionales condenan con severidad negando el indulto o la amnistía a sus perpetradores.

Según diferentes informes entre el 2012 y 2013, los irregulares, incluido el Ejército de Liberación Nacional, sumaron a sus filas 1255 jóvenes de ambos sexos que no habían alcanzado la mayoría de edad. Aproximadamente un 30 por ciento eran niñas, las cuales pueden ser sometidas a abusos sexuales, abortos forzados y agresiones sicológicas y físicas.

Amnistía Internacional, en uno de sus últimos informes sobre la situación en Colombia, señala que los grupos guerrilleros cometieron graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente contra comunidades de zonas rurales.

Agrega que a pesar de que las FARC se comprometieron a poner fin a los secuestros, se registraron más casos. Amnistía Internacional reseña que los irregulares continuaron reclutando menores, particularmente en las zonas rurales, lo que determinó que muchas familias dejaran sus hogares para proteger a sus hijos. Las FARC también llevaron a cabo ataques indiscriminados que pusieron en riesgo a los civiles.

Refiere que las minas terrestres, colocadas en su mayoría por las FARC, continuaron matando y mutilando civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Es de suponer que el presidente Juan Manuel Santos esté consciente de que un mal acuerdo con las FARC sería mucho más perjudicial para el país, que seguir combatiendo una fuerza irregular que ha vinculado su accionar contra el estado de derecho con prácticas terroristas, narcotráfico y el secuestro.

Alcanzar la paz merece todos los esfuerzos, recursos y las concesiones que demande, pero sin impunidad, con controles que obliguen a los depredadores a reconocer que sus deseos no les otorgan derechos.

Las FARC no están dirigidas por personas tolerantes, que acepten las diferencias en la forma de pensar. La integran individuos convencidos de que quienes les adversen deben ser destruidos. Son creyentes en el refundacionismo nacional que Fidel Castro impuso en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, de ahí el peligro de que las FARC ganen la paz, aunque no triunfaron en la guerra.