Perú: ¿Igualdad por ley o ante la ley?

Julián, docente de una universidad reconocida, preparó a un grupo de estudiantes para el concurso nacional de debate juvenil. La convocatoria estaba abierta a todos los jóvenes que cursaran estudios universitarios regulares de cualquier ciclo. Los criterios de evaluación del concurso que establecía el comité organizador eran precisos: la originalidad y argumentación de las ideas expuestas, la eficacia del lenguaje verbal y no verbal, y la viabilidad de las propuestas (si el caso lo exigía) al problema presentado. Cada estudiante por equipo tenía la obligación de hacer su primera intervención en cinco minutos, luego una réplica de dos y la participación final en uno. Después de culminados todos los debates sobre temas de realidad nacional y elegidos por el comité, el dictamen sería inapelable y la premiación se ajustaría al desempeño de cada participante y de cada equipo, otorgándoles reconocimientos en cada una de estas categorías. Huelga decir que estos eventos buscan elevar la capacidad discursiva y el razonamiento crítico de los estudiantes, algo que, independientemente de los resultados, alienta el intercambio de ideas y el mejor procesamiento de la información que la realidad ofrece.

Pues bien, Julián y su equipo perdieron en aquella oportunidad el premio a la mejor participación individual, pero se hicieron del reconocimiento al mejor equipo consiguiendo el primer lugar, lo que además les valió el elogio casi unánime del auditorio y de las autoridades del evento. Lo que logró este grupo de estudiantes, en razón a su esfuerzo y talento, no habría tenido señal alguna de brillantez si las bases del concurso hubieran sido más restrictivas al exigir, por ejemplo, que sus integrantes se escogieran equitativamente por sexo. A esto se sumó el hecho de que la universidad que encargó a Julián la selección del equipo de debate le dio amplia libertad para hacerlo, ofreciéndole las facilidades necesarias para cumplir el objetivo.

Al explorar el talento humano del que disponía en la universidad para conformar el equipo, Julián identificó el potencial de los estudiantes destacados en el oficio de la argumentación y los puso a prueba hasta quedarse sólo con seis, tal y como contemplaban las bases, luego de un proceso arduo de eliminación. Fueron cuatro mujeres y dos varones los seleccionados en esa oportunidad. Sólo el mérito de cada uno de ellos hizo posible la encomiable participación del equipo. Si hubiera existido el requisito de la proporcionalidad por sexo, Julián habría prescindido de alguno de ellos, en este caso mujer, para que su lugar lo ocupase un varón atendiendo la exigencia de la convocatoria, dejando de lado el talento, la picardía, la buena memoria o la ilación de ideas del participante, para priorizar su sexo y subordinando a esta condición orgánica las demás habilidades o competencias cultivadas.

Una situación así es la que se observa en la reforma electoral que el Congreso del Perú pretende implantar a partir de una ley de alternancia por sexo, sumada a otra que desde hace 15 años rige y en la que se establece, arbitrariamente, que las agrupaciones políticas deben considerar como mínimo el 30% de mujeres en sus listas electorales (¿por qué no el 20%, el 50% o el 70%?). La propuesta de alternancia buscaría que varones y mujeres en las listas pudieran sucederse para  incrementar las posibilidades de elección de la mujer y propiciar un equitativo acceso a las funciones públicas, mejorando, según los que apoyan la iniciativa, la calidad de la representación política. Es decir, el sexo de la persona visto como preludio a su performance.

Se equivocan quienes asumen que existe un privilegio estatal de un sexo sobre otro que justifique una ley de cuota y su posterior alternancia que la garantice. No hay en la actual Constitución del Perú ni en la diversidad de leyes de su espectro jurídico, artículo alguno que limite las posibilidades de participación de la mujer en política. Existe lo opuesto, una ley que demanda la presencia femenina en las listas electorales. Ese sí es un privilegio. Una imposición para cubrir escaños políticos considerando al sexo como criterio de conformación de las futuras bancadas, dejando en un segundo plano la idoneidad de la persona para el puesto, en el sentido ético y profesional de la palabra. Es evidente que persiste en el Perú una desproporción en el número de autoridades elegidas entre mujeres y varones. Cifras del Jurado Nacional de Elecciones dicen bastante sobre este desbalance: sólo el 4% de los 1,647 alcaldes distritales que existen en el país son mujeres, y sólo el 5% de los 195 municipios provinciales está dirigido por una mujer.[1]  

Pero esta realidad, propia de una sociedad que no se ha despercudido de prejuicios patriarcales o de machismo, no puede ser enfrentada con privilegios estatales que –con intenciones de despejar el campo para una igualdad impuesta–, lo que generan es todo lo contrario: un espacio para la prebenda en donde el mérito entre personas de distintas capacidades pero con igual oportunidad constitucional de ser elegidas quede relegado. ¿Igual oportunidad? Retrucarán en su pregunta los que siempre apuestan por la modelación de la sociedad desde el poder. Antonio Zapata, historiador y profesor de Ciencias Sociales, ha dicho que las mujeres tienen menos derechos que los hombres, porque al tener ellas mucho mayores responsabilidades en el hogar que el varón, tienen menos tiempo libre para actividades en el mundo exterior.[2]

Zapata, como tantos otros, expresa su postura sobre la base de una observación repetitiva y caduca; y aunque los vientos, con cierta lentitud, han ido cambiando el paisaje, el discurso de los setenta se ha petrificado en el imaginario de los que dicen hacer una lectura del libro de los nuevos tiempos pero sin cambiar de página. Recientes informes indican que en el Perú alrededor del 27% de los cargos gerenciales se encuentra en manos de mujeres, y que ese porcentaje es uno de los más altos de la región junto a Brasil, Chile y Argentina.[3] Con esto no sólo se desvirtúa la voz que niega la participación creciente de la mujer en oficios liberales sino que se ensalza la participación femenina en puestos de dirección antiguamente reservados, casi en exclusividad, para los varones. Es de esperar que ese mayor involucramiento laboral de parte de quienes, a su vez, cumplen roles de madre o jefa de hogar, perciban salarios equiparables a los de cualquier varón en su mismo puesto. Esto es a lo que debe aspirarse y conseguirse desde la sensibilización y no desde la ley, desde la presión que pueda ejercer la ciudadanía hacia los empleadores manifestada en su preferencia, aprobación y crítica. El prestigio empresarial, ahora, lleva el rótulo de buen trato al trabajador y las buenas prácticas se reconocen y hasta premian, tanto a nivel nacional como internacional. Las mujeres que han logrado escalar en la pirámide laboral lo han hecho no en virtud de una ley, sino porque su desempeño personal y la evolución de los paradigmas en la sociedad durante los últimos años lo han permitido. En efecto, el camino por recorrer es largo, pero igualmente promisorio dadas las evidencias.

No se fortalece la igualdad con la ley de cuota electoral y la alternancia, al contrario, se crean privilegios en desmedro de aquélla. El porcentaje de mujeres elegidas como alcaldesas, gobernadoras o regidoras tan desproporcionado en relación a los varones, a pesar de estar prácticamente equiparados en el padrón electoral –49.8% de hombres y 50.2% mujeres[4]– no responde a una falta de legislación, sino a la historia de un país que no termina de liberarse tanto de su visión colonial, en donde la mujer cual tapada limeña juega en la clandestinidad con los retazos de su incipiente libertad; como de su devenir religioso, donde el catolicismo ha conservado para ella el rincón de la sumisión y la postergación, hasta nuestros días. El camino democrático en el mundo para alcanzar mayor libertad está siendo impulsado desde la sociedad, apoyado ¡cómo no! con reformas modernas, pero dirigidas no a privilegiar grupos específicos de la población, sino a reconocerle al ciudadano la responsabilidad de sus propias decisiones y a exigirle al Estado a no interferir en sus elecciones.

La ley de cuota y la alternancia no nos resguardan de las barbaridades que los legisladores cometen con varios de sus proyectos de ley, ni de sus participaciones tan ominosas. Tampoco eximirán al país de personajes caricaturescos y ruines, como las seguidoras del reo Alberto Fujimori, obnubilados por el discurso autoritario y embustero de su líder y la desmemoria del latrocinio que ejecutó su Gobierno. O de parlamentarias de espíritu sectario como las que se oponen a legislar sobre aborto o unión civil homosexual haciendo que su dogmatismo prevalezca sobre consideraciones de salud pública o igualdad ante la ley, respectivamente. O de advenedizas que, en su propósito por medrar a toda costa del Estado, infringen abusos a sus propios asesores apropiándose de sus salarios de manera escandalosa. El Perú ya conoce estos casos.

De otro lado, se engañan a sí mismos quienes ven en estas leyes, iniciativas de vigencia temporal. Existe una frase, una proclama mejor dicho, que muy bien podría reflejar lo que verdaderamente ocurre en la región cuando se pretende quitar algo que por “derecho” se considera propio (en esta circunstancia, abolir en el futuro una ley que otorga un derecho amparado en la excusa de la “discriminación positiva” –apabullante  oxímoron): "Nikita, Nikita, lo que se da, no se quita", es lo que coreaban los cubanos tras la retirada de los misiles soviéticos hace 50 años de la isla en el punto más tenso de la guerra fría.

Quienes creemos en el mérito como criterio imponderable de cualquier recompensa –al  igual que Julián cuyos esfuerzos por formar a jóvenes promesas de la política se robustecen en un ambiente de libertad o flexibilidad que lo responsabiliza sobre sus decisiones–, entendemos que la leyes que persiguen retribuciones priorizando aspectos ajenos al desempeño sólo imponen destinos no buscados o no deseados. Y las mujeres no necesitan que el Estado, como en el cuento de Hansel y Gretel, les marque el camino con migas de pan. Antes de engrosar más la lista de buenos propósitos con leyes que ralentizan nuestra madurez cívica, advirtamos que, una vez consolidado éste y otros privilegios; lo que ahora se da, muy difícilmente mañana se podrá quitar.  

El autor es Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Relaciones Internacionales Aplicadas. Es también docente universitario en Perú, consultor en temas de Gestión Empresarial y durante largos años columnista de prensa.

@jorgeluisod