El futuro de las pensiones en Ecuador: Un baño de verdad

El Universo

Rara vez tenemos la oportunidad de escuchar declaraciones como las que dio la asambleísta oficialista Betty Carrillo esta semana en Ecuavisa. Defendiendo la controversial intención del Gobierno de desconocer el aporte estatal del 40% a las pensiones, Carrillo dijo: “El error es pensar que el IESS les corresponde a los afiliados… El IESS es una institución que forma parte del Estado y por lo tanto el IESS no es solamente de los afiliados, el IESS es de todos los ecuatorianos”. El tema medular es ese: que los afiliados al IESS realmente no son dueños de sus ahorros.

No deciden en qué se invierten, a qué plazos y a qué tasas. Probablemente si los afiliados realmente fuesen dueños y señores de sus ahorros, tal vez no hubieran comprado bonos del Estado ecuatoriano en tal magnitud como lo decidió hacer la Comisión Técnica de Inversiones del IESS, y si lo hicieran, es muy probable que los habrían comprado en el mercado secundario con descuento.

Los afiliados tampoco deciden cuándo jubilarse, ni están en capacidad de determinar cuánto aportar a su fondo de jubilación. Tampoco hay una relación entre lo que aportan y lo que recibirán, de tal forma que es un sistema perverso que desincentiva el ahorro. Es un sistema uniforme que impone la misma cartera de inversiones a todos los afiliados, sin importar su tolerancia de riesgo ni su edad. Esto es importante para el retorno sobre las inversiones, considerando que es aconsejable realizar inversiones más agresivas al principio de la vida laboral y más conservadoras hacia el final.

Los afiliados están a la merced de la demagogia, mayor o menor, de los políticos de turno. Son clientes cautivos de un poderoso monopolio estatal, no disciplinado por la competencia. Si hubiese competencia, los afiliados podrían tomar sus ahorros y confiarle la gestión de estos al mejor postor, como sucede ya en cuatro países latinoamericanos como Chile, Colombia, México y Perú. Un estudio de SURA Asset Management concluyó que los sistemas de cuentas individuales de ahorro no solo contribuyeron al crecimiento económico de esas economías, sino que también ayudó a fomentar el ahorro, pues los trabajadores dejaron de percibir sus aportes como un impuesto.

Es cierto que ya hemos discutido en Ecuador e incluso realizado un referéndum en 1995 donde se proponía la posibilidad de brindarles a los trabajadores la libertad para elegir entre administradoras privadas de fondos de pensiones y el ente estatal. Esta propuesta fracasó a nivel nacional. Pero la propiedad sobre el ahorro del trabajo de una persona no debe ser sometida a la voluntad de una mayoría circunstancial. Lo justo es que cada trabajador tenga la libertad para elegir. Si el monopolio estatal es tan bueno como nos dicen, ¿por qué le temen a que cada trabajador elija libremente?

No se trata de defender el aporte estatal del 40%, ni de realizar ajustes menores como aumentar el monto de las cotizaciones, y/o incrementar la edad de jubilación, entre otras medidas que se barajan como supuestas soluciones al creciente déficit actuarial del IESS. Todas estas propuestas constituyen un incumplimiento de promesas que distintos políticos desde el poder han realizado a lo largo de décadas. Aprovechemos este baño de verdad para impulsar una reforma que les permita tener a los trabajadores la libertad para elegir quién administra sus ahorros.