Debilidad institucional en Ecuador

El Universo

Anteayer leí en un tuit que a Rafael Correa lo irrita su imposibilidad de controlar el humor crítico y las redes sociales, lo que me trajo a la memoria la afirmación que hace Víctor Amela en su magnífico Amor contra Roma cuando se refiere a las relaciones entre el emperador Augusto y el poeta Ovidio: “A nadie teme más un gobernante que al verso de un poeta. Un poema burlón, una sátira bien escrita, un discurso ácido bien construido… daña más la autoridad que el más belicoso ejército enemigo”.

Tal vez es una exageración, pero lo comento solo de paso porque lo que quiero tratar es del debilitamiento de las instituciones en el país. Con el comportamiento que han tenido en los últimos años algunas instituciones que deberían ser básicas para el sostenimiento de la democracia, como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y la propia Asamblea Nacional, entre otras, es notorio que existe un deterioro de la institucionalidad y un menoscabo de la confianza que la gente debe tener en ellas. No es que nadie haya querido expresamente desprestigiarlas –por lo menos que yo sepa–, sino que sus propias actuaciones han causado la merma de la credibilidad pública.

A ello ha contribuido también el desastroso diseño de la organización del Estado que hizo la Constitución del 2008, que si bien tiene importantes logros en el rubro de los derechos ciudadanos –que por cierto no es poco–, en cambio resquebrajó su estructura al crear un ineficaz Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dio al traste con el equilibrio de poderes y funciones y que ha cumplido una tarea completamente contraria a su ampuloso nombre, pues lo menos que ha permitido es una verdadera participación ciudadana, que era el núcleo de su razón de ser y de la esperanza.

Precisamente ahora, en estos días, me informo por la prensa que algunos de los veedores escogidos para vigilar la evolución del proceso de designación de los nuevos integrantes del mencionado organismo, se quejan de ciertas manipulaciones que hacen presumir escogencias no tan diáfanas, lo que afecta a una entidad pública encargada de nombrar nada menos que a varios de los más altos funcionarios del Estado.

No es un secreto y tampoco un invento nuevo la afirmación de que cuando existen instituciones fuertes se robustecen los países y se solidifica la democracia, al contrario de lo que ocurre con instituciones débiles, fácilmente manipulables por el Gobierno, que enferman a la democracia y auspician la vigencia del autoritarismo.

Por eso es indispensable que el Gobierno garantice –no sé de qué manera porque el proceso está muy avanzado– que los ciudadanos que accederán a esa elevada instancia de gestión y de mando tendrán absoluta independencia, no irán a reproducir el poder político del régimen, pues si eso sucede seguiremos cabalgando con el rostro hacia la cola del caballo.

Suena casi como una burla decirlo, pero por la forma de integración de esos organismos que bien podríamos llamarlos fallidos, al igual que a los estados que no funcionan, respetables analistas de variada orientación política miran como única solución para corregir los errores la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Es penoso que cada diez años –o menos como en el caso actual– haya personas que piensen en reformas constitucionales, no porque la Constitución sea inmutable, pétrea, sino por la mala concepción de sus preceptos que fueron inusualmente promocionados como que lindaban con la excelencia.