Perú: Haciendo agua con el agua
Lo más fácil y lo más hipócrita es simplificar el problema de la gestión del agua a un asunto de déficit en el presupuesto y a un irresponsable hábito de consumo por parte de la población, sin que sus principales gestores reconozcan, ni por un instante, la incapacidad comprobada del Estado en su administración y la necesidad de proponer formatos novedosos cuyos resultados permitan elevar la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. Los defensores del actual modelo representan la avanzada de un grupo de funcionarios cuyo discurso aparenta ponerse a tono con los tiempos, cuando hablan de “racionalidad” o “sensibilización”, pero están dominados por la perniciosa cultura del paternalismo que prefiere desdeñar la perspectiva económica del abastecimiento del recurso y sí, más bien, optar por la justificación “social” de los derechos y su libre uso.
Arequipa, por ejemplo, es la región que después de Lima aporta significativamente al PIB del Perú, y tiene en SEDAPAR a la operadora estatal encargada de proveer los servicios de agua potable y alcantarillado. Su Junta de Accionistas tiene la peculiaridad de estar conformada por todos los alcaldes elegidos en la región. En una de las declaraciones brindadas por el presidente de la Junta, el joven abogado Omar Candia, señaló que el Directorio de dicha organización podía, sin embarazo alguno, modificar las tarifas de agua.[1] Quien encabeza tal órgano directivo es otro joven, Hugo Aguilar quien, en el reciente proceso electoral, fue candidato a la vicepresidencia regional, y su actual cargo fue promovido por la agrupación que lo llevó de candidato y al que se encuentra afiliado, ni más ni menos, Candia.
¿Alguien podría garantizar que el criterio para fijar las tarifas del servicio de agua potable en esta región se rija por criterios técnicos y económicos? En absoluto. La gestión ha demostrado que todas sus inventadas “reingenierías” han venido respondiendo al criterio político y electoral, lo que ha llevado a SEDAPAR a la ineficiencia palmaria gracias al continuo desacierto de popularizar el mensaje de que todos son dueños del recurso y que a través de sus alcaldes se protegerán los intereses de la población. Peor aún, las primeras palabras de Aguilar, luego de su nombramiento, revelan muy bien la visión del advenedizo funcionario sobre la dimensión del problema del abastecimiento de agua en la región, cuando resaltó que sus esfuerzos, entre otros, estarían encaminados a mejorar el servicio postventa y el call center de la institución.[2] ¿Postventa?, ¿call center? Sin duda, la agonía y el descalabro de SEDAPAR son lo único que, bajo este tipo de gestión, sí están garantizados. Por tanto, el sentido figurado de “hacer agua” como expresión de fracaso, además de oportuno, se torna prácticamente literal.
La preocupación creciente sobre el tratamiento que debe tener el agua, considerando su condición de recurso agotable e imprescindible para el consumo humano, se viene dando a escala global y los países que mejor han asimilado el reto son aquellos que han comprendido que el crecimiento demográfico, los excesos en el consumo y con ello la generación de desperdicio, la degradación de la infraestructura de redes y la deficiente distribución del recurso entre los usos urbano y rural, merecen una respuesta distinta, dado que bajo la administración poco competitiva de gobiernos nacionales o subnacionales, cualquier decisión dirigida a resolver los burocratismos, inevitablemente, pasará por el clima electoral o la coyuntura política.
Otto Granados ha dado testimonio, como ex gobernador de Aguascalientes en México, de la exitosa experiencia que significó concesionar el servicio del agua potable para que el sector privado, con la mirada puesta a crear valor en la provisión del recurso, asumiera la conducción de la operadora estatal con la finalidad de resolver las deficiencias técnicas y financieras que hacían imposible su modernización. [3] Esto en razón a que la deuda que iba acumulando la empresa volvía inmanejable la gestión y que trasladar la solución al gobierno nacional no hacía más que atender a una necesidad inmediata que no resolvía a largo plazo el problema, esto sin considerar que de haber tomado esta alternativa se habrían también reducido márgenes financieros para atender otras demandas nacionales como en educación, salud o seguridad.
Sin finanzas públicas saneadas no es posible ningún intento de política de inclusión social, podría ser, en resumen, el mensaje que Granados nos deja entrever en sus declaraciones. Ciertamente, el agua es un recurso de cohesión social que ante su escasez toda aspiración por una mejor calidad de vida se vuelve vulnerable; sin embargo, el esquema de la gestión estatal, incapaz de responder oportunamente ante los desequilibrios del consumo y la infraestructura obsoleta, ha demostrado que en un contexto de crisis económica y ambiental la realidad pesa mucho más que la promesa electoral de un servicio de uso indiscriminado.
Los resultados de la gestión privada del agua en Aguascalientes, luego de un inicio tenso (que duró casi una década) de esperados enfrentamientos con no pocos sectores de la sociedad debido al alineamiento de las tarifas de acuerdo a la lógica del mercado, no podrían haber sido más propicios. En efecto, establecer un pago justo y real por el consumo de agua, después de padecer una gestión estatal en donde se generaban pérdidas por su inoperancia para detectar fugas y por su criterio de “sentido social” para determinar tarifas bajísimas, ocasionó que los hábitos de consumo cambiaran (se fortaleció una conciencia ambiental sobre los desperdicios), que se crearan suficientes recursos financieros para modernizar las redes y las plantas de tratamiento, y que la cobertura del servicio se extendiera casi en su totalidad, quedando aún bastante por hacer en cuanto a la desproporcionada distribución de su uso en el ámbito urbano y rural, éste último, específicamente, concentrado en el sector primario.
¡Cuánta falta hace en el Perú esa visión gerencial para derramar eficiencia en la gestión de los servicios básicos como el agua!
De vuelta a Arequipa. El director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de la región afirmó que de los 47 millones de metros cúbicos utilizados anualmente en la ciudad, casi 24 millones se pierden por tuberías vetustas. Igualmente, no dejó de causar estupor cuando dio cuenta de los litros de agua utilizados por habitante en la zona: 220 al día, cuando la cifra debiera bordear los 80.[4] No es difícil entender, entonces, que después de presentarse serios inconvenientes en la calidad del agua –especialmente durante el año pasado, percibidos masivamente en su olor y sabor y corroborados por la Dirección General de Salud Ambiental–, Arequipa se haya convertido en la tercera región del país con mayor número de quejas de usuarios por el servicio de agua potable.[5]
Ante esta situación recuerdo que la respuesta del gerente general de entonces, frente a las interpelaciones de periodistas y representantes de algunos gremios profesionales, relacionadas a la ínfima calidad del recurso, causó indignación en los medios porque no esperaban que el funcionario dijera que implementar nuevos métodos de procesamiento como la ozonización y construir una planta de análisis que sirviera de filtro para tratar el recurso proveniente de las represas, implicaba una inversión que el usuario pagaría a través del incremento de las tarifas.[6] A decir verdad, no suena rara esa indignación si asumimos que la antigua tradición que presenta al Estado como benefactor insustituible impide a la sociedad recurrir a mecanismos o instrumentos distintos de administración, donde la gestión moderna, creativa y eficiente además de reducir los márgenes de insatisfacción del usuario permite incrementar los niveles de inclusión social a la que tanto facilita el acceso al agua.
¿De dónde más sino del usuario podría provenir el financiamiento para ampliar, modernizar o mejorar el abastecimiento de un servicio? Ocurre que, el Estado confundido en un papel empresarial que no le calza mezclado con el de beneficencia, no podría encontrar otra fuente que no fuera el contribuyente, que a su vez, también es usuario. Por eso cuando el congresista Jaime Delgado, cariacontecido, critica a SEDAPAL (sí, otra entidad estatal) por el aumento de 6% de la tarifa de agua en Lima y le exige a la institución buscar otras fuentes de financiamiento como la cooperación internacional, siempre y cuando no afecte los bolsillos de los usuarios,[7] uno, verdaderamente, no puede resistir hacer un gesto de socarrona resignación.
La estabilización de los precios o su rebaja que podría esperarse luego de que la empresa concesionaria aplique un renovado tarifario haciendo que se pague el precio real por consumo de agua –dejando de lado los decretos de las agencias reguladoras como expresión de intervencionismo estatal–, dependerá de la abundancia del recurso (algo, al menos, improbable en los próximos años), o del establecimiento de indicadores transparentes y programas verificables de eficiencia y cobertura supervisados por auditoría internacional contratada por concurso público.
Que la gestión de estos servicios sean conducidos por agentes privados no es un fin en sí mismo, y así lo deja muy claro Otto Granados. Él con la autoridad que le da la experiencia de haber sido parte de un proceso satisfactorio de transición hacia la gestión moderna, reconoce que es indispensable incluir cambios que, de manera gradual, garanticen un abastecimiento sostenible de recursos básicos, apoyado por reformas políticas que permitan asignar éstos de manera eficiente a favor de un ambiente saludable necesario para desaparecer, primero, la pobreza extrema.
Pero cuando iniciativas como las Alianzas Público Privadas, el Buen Gobierno Corporativo o algún mecanismo de concesión no aparecen entre las expresiones o intenciones de los funcionarios del agua, la fetidez de la ineptitud acompañará el camino por donde desaguan los estanques, cual buzón colapsado en tiempos de tormenta. Y el desastre no se hará esperar.
@jorgeluisod
El autor es Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Relaciones Internacionales Aplicadas. Es también docente universitario en las Facultades de Negocios Internacionales y Derecho en el Perú, consultor en temas de Gestión Empresarial y durante largos años columnista de prensa.
[1] La breve nota titulada Directorio puede cambiar tarifa se publicó el 19 de marzo de 2015 en el diario Correo (Región Arequipa), p.4.
[2] El resto de la noticia titulada Hugo Aguilar preside Directorio de Sedapar se puede encontrar en el siguiente enlace: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/hugo-aguilar-preside-directorio-de-sedapar-576677/
[3] El testimonio de Otto Granados Roldán fue publicado en la Revista Digital Nexos, el 17 de marzo de 2015, con el título Por qué no temerle a la privatización del agua. Aquí se encuentra el enlace: https://www.nexos.com.mx/?p=24395
[4] La breve nota titulada Se desperdicia 60% de agua, se publicó en el diario Correo (Región Arequipa) en marzo de 2015, pocos días antes de celebrar el Día Mundial del Agua. El director de la ANA, Ronald Fernández, además manifestó que Arequipa utiliza al año 470 millones de metros cúbicos de agua, y que de esa cantidad 370 millones se destina a la agricultura, aprovechándose sólo 148 millones pues el 60% se pierde.
[5] Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), se registraron 2327 procesos admitidos del total de quejas y reclamos. Publicado en el diario El Pueblo con el título Arequipa es la segunda y tercera región con más quejas por luz y agua potable, el 15 de marzo de 2015. P. A15.
[6] La respuesta del gerente, calificada de insólita, puede constatarse en el siguiente enlace del diario La República, publicado el 3 de noviembre de 2014: https://www.larepublica.pe/01-11-2014/insolita-respuesta-de-sedapar-si-quieren-agua-potable-de-calidad-paguen-mas
[7] La breve nota titulada Jaime Delgado critica aumento de 6% de la tarifa de agua puede encontrarse en el siguiente enlace, del diario Correo (Lima), publicado el 29 de marzo de 2015: https://diariocorreo.pe/ciudad/jaime-delgado-critica-aumento-de-6-de-la-tarifa-de-agua-575866/
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