La demostrada incompetencia del gobierno en materia de seguridad justifica abolir sus facultades

The Beacon

La narrativa estatal a favor de la vigilancia afirma que lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 fue el resultado de que las agencias de seguridad estadounidenses “fallaron en unir los puntos”.

Al parecer, este “fracaso” se debió a que existían muy pocas agencias y/o a que tenían facultades muy limitadas, y que su “corrección” precisaba de la creación del nuevo Departamento de Seguridad Nacional (¿es el propósito del Departamento de Defensa—el cual no pudo defender incluso su propio edificio central el 11de septiembre—defender otra cosa que no sea “la nación”?), la federalización de la seguridad aeroportuaria estadounidense y la creación de la TSA (sigla en inglés para la Administración de Seguridad en el Transporte), y la aprobación de la Ley Patriota de los EE.UU., proporcionando a las agencias de seguridad facultades extra-constitucionales a fin de recolectar datos sobre ciudadanos estadounidenses no sospechados de delito alguno.

Hoy en día, los defensores del estado de vigilancia están denunciando que la expiración de la Ley Patriota y su sustitución por la Ley de la Libertad de los EE.UU. está actualmente evitando que las agencias de seguridad “recolecten los puntos, a fin de unirlos”, declarando que la oposición a la Ley Patriota es una “guerra contra la inteligencia”.

La recolección masiva de toda la información electrónica de todos los estadounidenses, en este relato, “simplemente reemplaza lo que una gran cantidad de agentes solía hacer a mano… te proporciona perfiles más rápidos”.

Echemos un vistazo a estos argumentos.

En primer lugar, el 11 de septiembre de hecho podría ser caracterizado como una “falla de inteligencia”. Cuán difícil debería haber sido unir estos puntos:

Dos meses antes de los secuestros, agentes del FBI en Phoenix informaron sus sospechas acerca de estudiantes árabes en una escuela de vuelo de Phoenix, y directamente se refirieron a la posibilidad de una conexión con Bin Laden.

En un memorándum del FBI de Phoenix a la sede central, los agentes recomendaban una urgente revisión a nivel nacional de las escuelas de vuelo “para cualquier información que apoye las sospechas de Phoenix” de una conexión terrorista. El memorándum según parece citaba a Osama bin Laden por su nombre.

Las autoridades  del FBI no prestaron atención a sus agentes.

Mientras que el actual director de la CIA afirma que los programas de recolección de datos en los términos de la Ley Patriota de los EE.UU. han “ayudado realmente a detener los ataques”, no ofrece evidencia alguna de que en verdad hayan hecho eso. Y lo que sabemos de la realidad es que los dos intentos para hacer estallar aviones desde el 11 de septiembre fueron detenidos por pasajeros civiles, no agentes del gobierno.

Mientras tanto, la TSA no puede incluso unir sus propios “puntos” internos.

En primera fila:  la TSA falló en impedir que agentes encubiertos contrabandeando armas y explosivos pasaran puestos de control 67 veces de cada 70 intentos—una asombrosa de tasa de fracaso del 96%.

Y tras bambalinas, a la TSA se les pasó por alto 73 trabajadores de la industria aérea que aparecían en listas de personas a vigilar relacionadas con el terrorismo—aprobándolos para ser empleados por las líneas aéreas, comercios en los aeropuertos y otros empleadores aeroportuarios.

Y de acuerdo con un miembro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, “Los datos públicamente disponibles son inquietantes, pero los detalles clasificados son aún peores”.

Por lo tanto, si la capacidad de las agencias de inteligencia estadounidenses para proporcionar seguridad es la misma, independientemente de cualquier ampliación de su tamaño, números, presupuestos y facultades—¿hay alguna razón para no revertir la expansión de su tamaño, números, presupuestos y facultades?

Traducido por Gabriel Gasave

Mary L. G. Theroux es Vicepresidente Senior del Independent Institute.