El gran avance energético de México

The Wall Street Journal Americas

El presidente Enrique Peña Nieto habla durante un acto en el aniversario número 77 de la expropiación de la industria petrolera en Paraíso, estado de Tabasco, el 18 de marzo. 

El miércoles, México subastará los derechos para explorar en busca de petróleo en 14 bloques de aguas poco profundas en el Golfo de México. Los ganadores de la licitación firmarán contratos para compartir la producción con el gobierno. Subastas subsecuentes este año y el próximo ofrecerán oportunidades en reservas comprobadas y probables de petróleo, gas natural, yacimientos de crudo extra pesado, esquisto y exploración en aguas profundas.

Este es el momento económico más importante para México desde que en 1993 firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Permitir que las empresas adquieran la propiedad y accedan a las ganancias de su producción de petróleo y gas rompe con una prohibición de 55 años en México sobre la participación privada en el sector energético, y un tabú cultural. Nuevos capitales impulsarán la producción de petróleo y gas, generarán riqueza e incrementarán la competitividad, todos desarrollos bienvenidos para la economía de lento crecimiento.

La liberalización también podría llevar a un mercado energético continental integrado capaz de “desatar beneficios mutuos económicos, de empleo y geopolíticos; una colaboración al estilo de NAFTA”, como señaló Mark Millen, investigador adjunto del Manhattan Institute, en un informe de 2012.

Sin embargo, quedan abundantes dificultades en el camino. La tendencia bajista en los precios del petróleo ha planteado preguntas sobre si el nivel de interés de los inversionistas será suficiente como para que la primera rueda de ofertas tenga éxito. Los términos ya tuvieron que ser endulzados una vez luego de que contratos borrador divulgados en diciembre generaron poco entusiasmo.

Los mayores riesgos son el débil imperio de la ley en México y la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad. El presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha gastado un importante capital político en reformar la Constitución para terminar con el monopolio estatal del gobierno. No obstante, deberá seguir gastándolo para asegurarse de que su principal logro tenga éxito.

Incluso hace 10 años, sugerir que las empresas privadas —y extranjeras— pudieran sacar ganancias de la perforación petrolera era un suicidio político. El presidente Lázaro Cárdenas expropió los activos de petroleras extranjeras en 1938 y nacionalizó la industria. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos fue más allá y prohibió la participación del sector privado en la producción petrolera. Eso le dio al monopolio estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), un enorme peso político y económico.

México llegó a depender fuertemente de los ingresos de Pemex, desviando las ganancias para expandir programas sociales y financiar una burocracia federal que no dejaba de expandirse. Sin poder realizar las reinversiones necesarias, la producción de Pemex bajó de forma constante. Los pasivos de pensiones sin fondos crecieron a US$100.000 millones y la corrupción se propagó ampliamente. Para cuando Peña Nieto fue electo en 2012, México, en su momento entre los principales actores del mundo petrolero, se encaminaba a la irrelevancia en los mercados de crudo.

Esto presentó una oportunidad para el joven y pragmático presidente, ansioso de ganarse un nombre. Encontró aliados reformistas en su rival orientado al mercado Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso. La Ley de Hidrocarburos, que permite compartir la producción y las ganancias del petróleo y el gas, nació el 11 de agosto de 2014.

En una publicación en el sitio web de Energy Intelligence Group este mes, Jason Fargo informó que se prevé que las principales petroleras estén más interesadas en los bloques de aguas profundas “debido a su alto potencial de descubrimientos significativos”. Con acceso a “infraestructura existente” y más cerca de casa y en un “lugar mucho más estable y agradable para hacer negocios” que Medio Oriente, México es atractivo para estas empresas.

“Es más”, dice Fargo, “fuentes en las principales empresas señalan que básicamente no hay ningún otro lugar en el mundo donde un potencial de recursos tan alto esté disponible a través de una subasta competitiva”.

Quedarse aguas adentro podría ser otra motivación. El año pasado, una empresa propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor siderúrgica del país, desafió el plan del gobierno para subastar los derechos de contratos de gas natural sobre tierras donde la empresa tiene una concesión de minería de carbón.

En noviembre, un juez federal concedió el pedido de AHMSA de una orden judicial. Y el mes pasado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos quitó al campo Anáhuac, en el estado de Coahuila, de la lista de propiedades en la subasta de gas natural.

Cualquiera que sea la decisión sobre el caso es probable que sea apelada y con el tiempo podría llegar a la Corte Suprema. Aún si se impone el gobierno, podría llevar años. Sin embargo, como escribieron en un informe del 20 de junio consultores de Mexico Energy Intelligente, con sede en Houston, “si se permite que la orden judicial quede firme, el desarrollo de los recursos de esquisto del norte de México probablemente esté en riesgo”. Podría surgir más incertidumbre en zonas con tierras comunales administradas por tribunales agrarios.

AMHSA también ganó en junio un caso antidumping contra China y está presionando con énfasis para lograr un nuevo arancel de 15% sobre todo el acero que llegue del gigante asiático. Esto presente otra amenaza para la liberalización energética. Un mayor proteccionismo dificultará la construcción de oleoductos, elevará los costos de otros proyectos energéticos y socavará la competitividad mexicana.

El legado de Peña Nieto como reformista que abre caminos está en juego si no puede superar los obstáculos de intereses especiales a la modernización energética.