La privatización es el siguiente reto de Grecia

The Wall Street Journal

La eurozona no es sólo un proyecto político unido por la voluntad política. En realidad, siempre hubo una clara lógica económica detrás de la creación de la moneda única. El euro debía ofrecer a los países europeos más pequeños acceso a los mercados de capital más amplios y grandes, evitándoles las crisis perennes de sus divisas y el riesgo de una falta repentina de fondos que históricamente les impuso mayores costos de financiación, dificultando la competencia en la eurozona.

Esta lógica económica sigue apuntalando hoy en día a la eurozona, y va al corazón de la crisis griega. En el momento en el que un país pierde el acceso al amplio y líquido mercado de capital de la eurozona, desaparecen las ventajas de ser miembro del bloque. Salvo que el acceso se pueda recuperar rápidamente, podría tener más sentido abandonar el grupo.

El gobierno griego afirma que quiere conservar el euro, una preferencia claramente compartida por la mayoría de los electores griegos. Pero, ¿puede el partido Syriza en el gobierno conciliar su agenda política de izquierda con la lógica de pertenecer a la eurozona?

Esta lógica requiere que los gobiernos intenten que sus economías sean más atractivas para el capital. La crisis de la eurozona expuso serios defectos en los modelos económicos de algunos países. En los comienzos del euro, el capital no paró de entrar en las economías periféricas, como estaba previsto, pero había insuficientes oportunidades de inversión productivas disponibles para absorber estos fondos. En su lugar, el capital fluyó hacia sectores no comerciales, como la construcción de viviendas y el gasto público, lo que demostró tener consecuencias desastrosas.

Es improbable que los mercados vuelvan a cometer el mismo error. Actualmente, cualquier país europeo de menor tamaño que quiera acceder al mercado de capitales de la eurozona en condiciones similares a las de los países más grandes no tiene otra opción más que superar barreras a la inversión, como rígidos mercados de productos y laborales, ineficientes burocracias y sistemas judiciales, elevados niveles de impuestos y bajos niveles de cualificaciones. Deben adaptarse a una realidad en la que los países compiten por el capital y los recursos.

A este respecto, los críticos de izquierdas de la eurozona tienen razón: es un proyecto capitalista o “neoliberal”.

Esto supone un problema concreto para el gobierno griego. La mayoría de la izquierda socialdemócrata europea ya hizo sus paces con el capitalismo hace mucho tiempo, y aceptó la necesidad de tener un sólido sector privado para generar el empleo y los ingresos fiscales que los socialdemócratas pueden utilizar para desarrollar agendas redistributivas y sociales. Pero la cúpula de Syriza está dominada por marxistas ideológicamente comprometidos que han dedicado sus carreras al objetivo de sustituir la competencia capitalista por un modelo económico basado en el igualitarismo y el control del Estado. Eso podría dificultar a Syriza y a sus acreedores llegar a un acuerdo sobre los términos del nuevo rescate.

Una prueba del compromiso del primer ministro, Alexis Tsipras, respecto a la pertenencia de su país en la eurozona es la privatización, algo que los acreedores de Grecia consideran crucial no sólo por el dinero que las ventas generan, sino por los beneficios que conllevan en términos de tecnología y de conocimientos.

Por ejemplo, la venta de los aeropuertos regionales griegos debería llevar a mejoras en infraestructura vitales, lo que generaría nuevas oportunidades. Pero, si bien Syriza ha acordado crear un nuevo fondo de privatizaciones con supervisión externa, aún no está claro cómo se gestionará este fondo. Esto sugiere que los oponentes ideológicos de Syriza a la privatización aún tienen margen para frustrar el acuerdo.

Otro asunto igualmente problemático son las áreas políticas que hasta ahora han quedado fuera de los programas de rescate de Grecia. Por ejemplo, Syriza ha diseñado un proyecto de ley para dar marcha atrás a las reformas del sistema universitario que se acordaron en 2011. El objetivo de estas reformas era mejorar las cualificaciones de la siguiente generación y apoyarse en la diáspora académica griega para atraer a estudiantes.

Los argumentos respecto a la privatización y las universidades ponen de manifiesto el dilema al que se enfrentan los acreedores de Grecia al inicio de sus negociaciones sobre el nuevo rescate griego. Es improbable que Grecia empiece a atraer nuevo capital si antes no realiza amplias reformas de su economía y su sociedad. Por otro lado, también saben que si se mantienen al margen y permiten que el dogma de izquierda mine el potencial de suministro de la economía, el programa fracasará.