Puerto Rico juega con sus acreedores a ver quién da el primer paso atrás

The Wall Street Journal

El 1 de septiembre se vence el plazo para que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), una empresa de control estatal, reestructure más de US$8.000 millones en deuda. Si no logra un acuerdo con los acreedores, un pacto previo de extensión del periodo de gracia expiraría y la compañía enfrentaría una cesación de pagos.

En ese caso, los bonistas podrían ir a los tribunales para comenzar el proceso de administración judicial, tal como lo estipulan los contratos de bonos.

Esta negociación con tanto en juego se presenta en momentos en que Puerto Rico le está pidiendo al Congreso de Estados Unidos que le dé a sus municipios y agencias estatales acceso al capítulo 9 de la ley de quiebras, una protección con la que cuentan los 50 estados. Una cesación de pagos de la AEE sería disruptiva y posiblemente incrementaría las probabilidades de que el Congreso estadounidense esté de acuerdo.

Pero el fracaso de la empresa en negociar de buena fe también podría ser contraproducente y poner en riesgo el apoyo en Washington para darle a Puerto Rico la protección del capítulo 9. También podría reducir la simpatía del resto del país para que se rebaje la otra deuda de Puerto Rico, que en total suma US$63.000 millones, y que según el gobernador Alejandro García Padilla es necesario para lograr que la isla vuelva a crecer.

La decisión de Puerto Rico de no realizar la mayor parte de un pago de intereses de US$58 millones que se venció el 3 de agosto ha generado entre los isleños y en EE.UU. la sospecha de que García Padilla esté tratando de poner en cintura a los acreedores. Jaime Benson, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, me dijo en una entrevista telefónica que el gobernador y la legislatura, que está controlada por su partido, tomaron una decisión consciente de no reservar los fondos para ese pago cuando aprobaron el presupuesto.

“Están explícitamente legislando una cesación de pagos debido a que creen que eso deja a los acreedores de rodillas. Luego, los acreedores tendrían que hacer concesiones”, dice Benson, que al igual que muchos puertorriqueños cree que la isla merece estar cubierta por el capítulo 9, pero rechaza esa estrategia. “Los acreedores tienen protecciones [en los contratos de bonos]”, agrega y “un tribunal va a hacer cumplir esos acuerdos”.

Una comparación de la propuesta de refinanciación más reciente de la AEE, presentada el 25 de junio a los acreedores y una contrapropuesta de los bonistas hecha el 7 de julio, sugiere que Puerto Rico también está jugando a ver quién da el primer paso atrás.

“Los bonistas tolerantes” como se autodenomina el grupo, dicen que su oferta es buena, o al menos mejor de lo que propuso la AEE. Su plan recorta la tasa promedio de interés sobre la duración de los bonos a 4,11%, muy por debajo del 5,45% propuesto por la AEE y también menos que la tasa promedio vigente de 5,24%. Los pagos totales de intereses programados hasta 2025 ascienden hoy los US$7.000 millones, pero los bonistas proponen recortarlos a US$4.800 millones. La AEE no ha hecho público cuánto alivio en el pago de intereses de su deuda quiere.

Los acreedores dicen que su propuesta reduciría la deuda en circulación en US$400 millones frente a la propuesta de la AEE y que provee un mayor alivio en términos de liquidez para la empresa que los que la Autoridad solicitó.

La AEE se abstuvo de comentar si estos detalles reflejan adecuadamente la propuesta que presentó. Pero el 11 de agosto, Lisa Donahue, directora de reestructuración de la corporación pública, emitió un comunicado en el que indicó que “la AEE no está preparada para acceder a una reestructuración que no provea un camino viable, que apenas patee la lata un poco más adelante o que imponga su carga de manera injusta sobre los que pagan una tarifa”.

Los negociadores de la AEE no quisieron hacer comentarios la semana pasada cuando pregunté a qué tarifas desea proveer conexión eléctrica. Los bonistas dicen que su plan de reestructuración reduciría las tasas, pero también señalan que sólo pueden influenciar el pago de intereses de deuda, no otros costos. Si el combustible y las operaciones, como el cobro del servicio, por ejemplo, no son bien gestionados, sería poco razonable pensar que ellos carguen con todo el peso de las reducciones de tarifas, dicen.

Sospecho que la AEE también se está resistiendo a cambiar bonos respaldados por proyectos que generan ingresos por bonos titularizados como indica la contrapropuesta. Los bonos titularizados les dan a los acreedores el derecho de propiedad a una corriente específica de flujo de caja. Esto eliminaría una opción futura de cesación de pagos para la AEE, una escotilla de emergencia que la empresa no querrá ceder. La Autoridad no hizo comentarios al respecto.

La oficina de García Padilla se abstuvo de hacer comentarios sobre la crisis fiscal o las negociaciones con la AEE. Sin embargo, Eduardo Bhatia, el presidente del Senado y quien pertenece al partido del gobierno, le dijo al diario puertorriqueño El Nuevo Día el 12 de agosto que no sabe por qué la AEE no ha llegado a un acuerdo con los acreedores. “Entiendo que los bonistas han hecho ofertas que parecen ser atractivas y que podrían ser útiles para Puerto Rico”, dijo.

En una columna de opinión publicada en junio en el sitio web The Hill, Jennifer González, líder de la bancada minoritaria de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, argumentó que la isla debería pagar sus deudas y que un acuerdo con los bonistas de la AEE debería hacer parte de una iniciativa puertorriqueña más amplia para “implementar soluciones operacionales reales”.

Para aquellos que creen que Puerto Rico puede seguir como si nada, doblegar a los acreedores es una opción obvia. Los puertorriqueños merecen algo mejor.