Reforma laboral: Chile debería mirarse en el espejo uruguayo

PanamPost

En estos días el Senado chileno está estudiando un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que pretende modificar en forma sustancial  a la actual regulación laboral de ese país.

Es intrínseco al funcionamiento republicano, el esfuerzo por ir paulatinamente mejorando los marcos legales. En esa tarea es esencial tener en cuenta lo aprendido de la experiencia histórica, tanto la propia como la ajena, si se desea alcanzar la meta perseguida. Esa es precisamente, una de las grandes diferencias que separan a un estadista de un demagogo.

En ese sentido, Chile tiene tras sus espaldas una experiencia traumática. Se podría decir que las políticas de corte estatista impulsadas durante gran parte del siglo XX, llevaron a esa nación a orillar el abismo. No hace tanto tiempo que la frustración y la desesperanza eran la tónica común dentro de sus fronteras. El desenlace fue una cruel dictadura militar que comenzó en 1973 y se prolongó hasta 1990.

En ese aspecto, la historia chilena es semejante a la uruguaya. Las mismas medidas erradas: los populismos de las décadas 1930-50 con su control de divisas, cambios múltiples, modelo de industrialización por “sustitución de importaciones”. Pero el gobierno uruguayo también impuso las negociaciones de salarios colectivas y obligatorias por rama de actividad. Esto último condujo a la ruptura de los equilibrios sociales al otorgarle a los sindicatos un poder desmedido, y al descalabro económico y financiero de las empresas.

Lo paradójico fue que las consecuencias de esa “defensa estatal de la clase obrera” mediante la intromisión política, tanto en Chile como en Uruguay, la terminaron pagando los propios trabajadores mediante la pérdida de sus fuentes de trabajo. Eso llevó a su vez a la agitación social y a los enfrentamientos violentos entre diversos sectores. En pocas palabras: se convirtieron en sociedades radicalizadas, convulsionadas y traumatizadas.

Eventualmente y en forma trabajosa, la democracia retornó a estas dos naciones sudamericanas. Sin embargo, ya no eran situaciones análogas. En Chile se había desarrollado una sociedad pujante, dinámica, con gran movilidad social que atraía inmigrantes de todas partes. Se había transformado en un país de oportunidades, que premiaba y estimulaba el emprendurismo. En cambio el Uruguay siguió siendo estatista. O sea, uno donde no existe mayor espacio para progresar en base al mérito y en consecuencia, los más capaces emigran. No hay que dejarse engañar por las estadísticas oficiales: el Uruguay sigue siendo un país que expulsa a sus individuos más preparados y talentosos.

El motivo de esa abismal diferencia, es que –tal como han expresado varias personalidades chilenas que fueron y siguen siendo de izquierda- ellos “aprendieron de los errores del pasado”. Una de las principales lecciones fue, que más vale tener al Partido Comunista lejos de sus filas, porque de lo contrario, es inevitable que esa fuerza termine fagocitando a las demás corrientes de la coalición gobernante. Y la puesta en práctica de la ideología marxista, inexorablemente, conduce a una sociedad donde la inmensa mayoría de la población se empobrece tanto en lo material como en lo espiritual, mientras que los “líderes”, sus familias y amigos se enriquecen injusta e impúdicamente.

En cambio en Uruguay no ocurrió nada semejante. Incluso bajo el gobierno del sector más moderado dentro del Frente Amplio (alianza de partidos de izquierda) -que es el encabezado por el actual y por dos veces presidente Tabaré Vázquez (2005-2020; 2015-2020) y Danilo Astori, su Ministro de Economía durante sus dos presidencias- se ha vuelto a incrementar la intromisión del Estado en el área privativa de los particulares.

Hay dos políticas que impulsaron, que queremos resaltar especialmente: la reintroducción de las negociaciones de salarios colectivas por rama de actividad, y el poder desmedido que se le otorgó a la organización sindical.

Y destacamos especialmente esas dos -ya se están percibiendo sus perniciosos efectos- como un llamado de atención a las autoridades chilenas en momentos en que parecen decididas a transitar por ese mismo camino.

De la citada reforma laboral chilena, nos alarman especialmente las siguientes modificaciones:

• Se instituye al sindicato inter empresa como sujeto principal de la negociación colectiva.
• Se le prohíbe al empleador extender los beneficios otorgados al sindicato a los trabajadores no sindicalizados.
• Se le entrega a la cúpula sindical la facultad de interrumpir indefinidamente el normal funcionamiento de la empresa y simultáneamente, se le prohíbe al empleador el remplazo de los trabajadores en huelga.
• El proyecto elimina la posibilidad de la cual gozan actualmente los trabajadores de optar por reintegrarse individualmente a sus labores a partir del día 15 de huelga, o su derecho a seguir trabajando normalmente. Es decir, a descolgarse de la huelga.
• Se suprime la posibilidad de censurar al directorio sindical durante una huelga, derecho del que actualmente gozan los asalariados chilenos.

En el mensaje de la presidente chilena Michelle Bachelet, que acompañó al referido proyecto de ley, se expresa que “La experiencia de los países donde los niveles de sindicalización son mayores y la negociación colectiva está más desarrollada indica que, bajo estas condiciones, donde al interior de la empresa se privilegian los espacios de diálogo y colaboración entre trabajadores y empleadores, se pueden establecer acuerdos de mutuo beneficio sobre un amplio espectro de materias”.

La experiencia uruguaya demuestra todo lo contrario. Las prerrogativas concedidas a los sindicatos, han llevado a que estos estén ejerciendo dentro de las empresas un poder cuasi dictatorial. Los dueños de las compañías sienten que están perdiendo el mando dentro de ellas. Frecuentemente, los gremios toman medidas desproporcionadas y arbitrarias, incluso por fuera de la normativa vigente. Se firman convenios salariales pero los empleados actúan como si pensaran que las obligaciones contraídas por cada una de las partes, sólo son válidas con respecto al empleador.

Pero nada es “gratis”; todo tiene consecuencias. Los líderes sindicales hacen carrera política mientras “defienden” los intereses de los otros empleados. En ancas de esa trayectoria, son muchos los que han accedido a altos cargos de gobierno o son legisladores. O sea, que se han visto ampliamente favorecidos por este estado de cosas. Simultáneamente, queda al descubierto cuál es el verdadero “motor” de su accionar.

Pero a los trabajadores de “a pie” no les va tan bien, porque hartos de la prepotencia de los sindicatos, muchas empresas extranjeras se están yendo del país. Además, los empresarios contratan el mínimo indispensable de mano de obra y cada vez que es posible, apelan a la mecanización e incluso, a la robótica. En los hechos eso significa muchos empleos perdidos, especialmente para los sectores de menores ingresos.

Todo esto implica la disminución del área de la actividad económica en manos privadas, con lo que se acrecienta el poder de los gobernantes. Ergo, disminuyen las libertades individuales civiles y políticas.

Como si todo esto no fuera suficientemente negativo, la conflictividad sindical aumenta en vez de disminuir, como ocurre toda vez que a la población se le enseña que ése es el medio más expedito para apropiarse del fruto del trabajo ajeno.

Desde el retorno de la democracia y hasta el segundo período de gobierno de Bachelet (2014-2018), Chile constituía el ejemplo a seguir para las otras naciones sudamericanas. Frente a lo que está sucediendo actualmente – cuando las encuestas indican que el 52% de los chilenos está en contra de esta reforma laboral-  uno no puede menos que hacer votos para que la “ética de la responsabilidad” vuelva a primar entre sus gobernantes.

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.