Cómo Guatemala tercerizó la lucha contra la corrupción

The Wall Street Journal

 

Una piñata con la imagen del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que renunció bajo cargos de corrupción, lo muestra con uniforme de prisión.

CIUDAD DE GUATEMALA—Ocho años atrás, cuando Guatemala tercerizó la gestión de parte de su corrupto sistema judicial a una agencia patrocinada por la ONU, pocos dieron al experimento muchas posibilidades de éxito. Después de todo, este es un país donde decenas de miles de civiles murieron a manos de escuadrones de la muerte durante una guerra civil de 36 años, y casi nadie fue señalado como responsable.

Ahora, con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tras las rejas —la primera vez que un líder elegido democráticamente deja el poder en este país bajo cargos de corrupción— los políticos y el público de toda América Latina están prestando atención a una de las jugadas más arriesgadas en los anales de la lucha contra la corrupción.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, o Cicig, tiene amplios poderes para poner en marcha sus propias investigaciones penales. Una vez que las completa, trabaja junto con la Fiscalía General de Guatemala para llevar los casos a juicio. El personal de la Cicig incluye nacionales de 20 países, desde italianos que han luchado contra la mafia hasta colombianos expertos en el combate del lavado de dinero.

Durante los últimos meses, la Cicig ha convulsionado a la política y la sociedad guatemaltecas al presentar cargos en una variedad de escándalos de corrupción contra el presidente y la vicepresidenta en funciones; los jefes del banco central, la aduana, la agencia tributaria, y el instituto de seguridad social; los líder del Congreso y de varios partidos políticos; así como un juez y un candidato a la vicepresidencia. Casi todos están detenidos. La mayoría de los acusados, incluyendo, Pérez Molina, niega haber cometido delito alguno.

La experiencia de la Cicig en Guatemala permite apreciar la profundidad de la corrupción en muchos otros países en desarrollo, así como lo que la verdadera justicia podría llegar a hacer. Activistas anticorrupción en Honduras y México ya piden sus propias versiones de la Cicig. Pero eso también plantea una paradoja: las imágenes de un presidente llevado a la cárcel probablemente asustarán a los gobiernos de aquellos países que más necesitan una agencia semejante.

“Estoy seguro de que hay gente que mira esto con temor y piensa ‘¡Dios mío, una entidad internacional saca a un presidente!’”, dijo Roger Noriega, ex director de asuntos hemisféricos durante la presidencia de George W. Bush. “Pero ese es el punto: las instituciones guatemaltecas nunca habrían hecho esto por sí mismas”.

Desde que la Cicig comenzó a funcionar en 2007, la agencia ha llevado a cabo más de 200 investigaciones que derivaron en acusaciones contra más de 160 funcionarios de gobiernos pasados y actual, entre ellos el ex presidente Alfonso Portillo, ex ministros de Defensa e Interior, ex directores de la Policía Nacional, generales retirados, políticos, empresarios, narcotraficantes y sicarios. Casi todos fueron condenados. Portillo fue absuelto en Guatemala por el robo de fondos del Ministerio de Defensa, pero se declaró culpable de lavado de dinero en EE.UU. y pagó casi seis años de prisión entre los dos países.

Cuando la Cicig comenzó sus tareas, la tasa de impunidad en Guatemala era de 95%, es decir, sólo 5 de cada 100 delitos eran resueltos por el sistema judicial. La tasa es ahora más o menos de 70%, según la Fiscalía General y académicos. La tasa de impunidad de EE.UU. es de aproximadamente 35%.

“No podríamos hacer lo que hacemos aquí sin la Cicig”, dijo en una entrevista Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala. “Ellos proporcionan la capacidad y el presupuesto que nosotros simplemente no tenemos”.

Iván Velásquez, el fiscal colombiano de 60 años que dirige la Cicig, dice que la agencia tiene libertad de acción porque no tiene vínculos locales. “Nadie puede influirnos”, dijo en una entrevista en el complejo amurallado de la agencia en la ciudad de Guatemala. “No estamos vinculados a la clase empresarial, o militar, o a jueces o legisladores. Eso nos da una enorme libertad”.

“La gente está harta”, dijo Juan Luis Font, editor de una revista de investigación local llamada ContraPoder. “No hay persona más popular en Guatemala en este momento que Iván Velásquez”, agregó. Aldana, la fiscal general, está posiblemente en segundo lugar. Recibe ovaciones cuando sale a comer con su familia, dijeron testigos.

El drama puso patas arriba el sistema político de Guatemala. La sensación anticorrupción es tan fuerte que un ex comediante de televisión y alguien completamente ajeno al sistema político, Jimmy Morales, ganó hace una semana la primera ronda de las elecciones presidenciales. El lema de su campaña: “Ni corrupto, ni ladrón”.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para finales de octubre. Morales se medirá con la ex primera dama Sandra Torres o con el ex empresario Manuel Baldizón, que están todavía disputando el segundo lugar de la primera vuelta. Tanto Morales como Torres se han comprometido a apoyar a la Cicig, cuyo mandato es renovado cada dos años. “No voy a ser capaz de gobernar sin la Cicig”, dijo Torres en una entrevista la semana pasada. El Partido Patriota de Pérez Molina obtuvo menos de 4% de los votos.

Los acontecimientos en Guatemala se producen en momentos en que un número creciente de latinoamericanos ingresa a la clase media gracias al auge de las materias primas de la última década. Esa nueva clase media se ha vuelto cada vez más intolerante con la corrupción, lo que llevó a los movimientos de protesta que algunos llaman una “primavera árabe” latina, aunque más pacífica y bajo gobiernos democráticamente elegidos, no autocracias.

En Brasil, millones de personas han salido a las calles para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, debido a un escándalo de corrupción en la petrolera de control estatal Petrobras. El presidente de México ha sido criticado por sus lazos con un contratista del gobierno que construyó la casa de su esposa. Incluso el conservador Chile, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet debió renunciar este año como jefe de una organización cultural del Estado debido a acusaciones de tráfico de influencias. Los tres han negado haber actuado mal.

El vecino de Guatemala, Honduras, ha registrado protestas por las revelaciones de malversación en el sistema de seguridad social. El presidente Juan Orlando Hernández reconoce que su partido político recibió algunos de los fondos, pero ha negado haber tenido conocimiento.

Incluso en el nacionalista México, donde sólo se resuelven 2 de cada 100 delitos, hay peticiones de ayuda internacional. El año pasado, 43 estudiantes fueron secuestrados y probablemente asesinados en el sur del país. El opositor Partido Acción Nacional pidió la creación de una comisión internacional similar a la Cicig para investigar el caso. El ex canciller Jorge Castañeda quiere una comisión permanente para México.

No todos en Guatemala están contentos con el organismo internacional. Muchos militares están molestos con la intromisión extranjera. Algunos académicos izquierdistas dicen que es una justicia neocolonial, y algunos de los denunciados se quejan de parcialidad.

Pérez Molina, un ex general y jefe de la inteligencia militar durante la guerra civil, dijo la semana pasada en un tribunal que la Cigig actuaba en nombre de intereses internacionales en la sombra, y que había intimidado a los fiscales locales para que lo persiguieran. El ex presidente se ha comprometido a luchar contra los cargos de fraude y conspiración presentados en su contra.

Sin embargo, un reciente sondeo de opinión publicado por Prensa Libre, el principal diario del país, mostró que 65% de los guatemaltecos confía en la agencia. Este es el índice de aprobación más alto de cualquier institución en el país, incluyendo la Iglesia Católica. Los partidos políticos recibieron en esa encuesta un índice de confianza de 13%.

“Cicig, particularmente con el señor Velásquez, ha fortalecido nuestra lucha contra la impunidad, así como nuestro estado de derecho”, dijo Jorge Briz, líder la poderosa asociación empresarial Cacif, que estima que la mitad de cada dólar que recauda el gobierno es robado.