Las reformas liberales que demanda Chile

Por Cecilia Fernandez Taladriz y Daniel Birrell R

La caída libre en el apoyo ciudadano al gobierno de Bachelet y a su persona anticipan el posicionamiento de los partidos (y de los candidatos) para las primarias presidenciales de 2017. Los políticos con aspiraciones, tanto de la Nueva Mayoría (NM) como de la Alianza (o como se vengan en denominar estos conglomerados para ese entonces), con frecuencia validan un dogma programático de Bachelet: Chile requiere de profundas reformas estructurales. Algunos políticos de derecha incluso se apresuran a decir que se requieren todas las reformas que promovió su gobierno, pero bien diseñadas e implementadas. Es decir, el problema sería del chef y no de la receta.

En este imaginario “segundo tiempo” caracterizado por el “realismo sin renuncia” de la Presidenta, el ritmo de las reformas debe adecuarse a un adverso escenario internacional, y por esto algunos objetivos deberán esperar mejores tiempos.

Chile ha sido y por muchos años será un país donde los ciclos económicos se amplifican, debido a su fuerte dependencia del precio de los commodities. Las inevitables vacas flacas impedirían mantener un estado benefactor que, en régimen, se diseñó para alcanzar un hipotético balance fiscal en su momento estelar, es decir durante el ahora agotado súper-ciclo de las materias primas. Pero ya es tarde para detener el tren de la ideología. Este gobierno dio la espalda a la tradición de buena macroeconomía que primó desde fines de los 80 y bajo todos los gobiernos, y que tanto enorgullece al socialismo renovado.

Adicionalmente, se ha relajado la disciplina de evaluación social de los proyectos de inversión y gasto público, siendo el Transantiago el mejor ejemplo de dichas malas prácticas. La gratuidad en educación superior, el proyecto de “inversión” pública más ambicioso a la fecha, responde a una visión netamente ideológica, porque no resiste una evaluación social.

Por otra parte, la productividad de la economía chilena acumula siete trimestres consecutivos de caída (Icare y Clapes UC), lo que ayuda a explicar la resiliencia que ha mostrado la tasa de desempleo. Se esconde un inédito incremento en las contrataciones del sector público y una caída en la fuerza laboral.

‹La prolongada debilidad de la inversión ha sido uno de los elementos más llamativos del último ciclo. Luego de crecer a tasas récord y llegar a 26,6% del PIB en el 2012, su variación anual ha sido negativa por más de seis trimestres, uno de los peores registros de las últimas tres décadas.› (Banco Central de Chile, IPOM 062105). El nuevo ministro de Hacienda afirma que ello es efecto del escenario externo, pero el mismo informe lo refuta indicando que ‹a partir del segundo semestre del 2014, el componente autónomo de la confianza adquiere mayor relevancia, explicando una parte relevante de la dinámica de la inversión.› (Ibidem).

Ya sin holguras fiscales y con magras proyecciones de crecimiento, sostener este frágil equilibrio en 2016 requerirá financiamiento externo del gasto público, lo que a su vez presionará la inflación. Inevitablemente se incrementará el riesgo país, que es la gran fortaleza macro de la economía chilena.  ¿Cuánta contradicción intelectual podrá resistir el nuevo ministro Valdés, convocado para restaurar la confianza de los inversionistas?

El problema que aqueja a Chile no es un escenario internacional adverso ni es solo un mal gobierno. Es más bien una crisis de confianza de la ciudadanía en el sistema político (y por ello en los partidos, los parlamentarios y el gobierno). Pero también en el sistema judicial y en la eficacia de las policías; en la ética de las grandes empresas y de los empresarios; en la calidad del sistema de salud público y en la legitimidad del privado; en la sustentabilidad del sistema de pensiones y en la calidad de la educación pública. Incluso el hasta ahora prestigioso Servicio de Impuestos Internos se percibe enlodado como instrumento de vendettas políticas. A los ojos de muchos ciudadanos el lucro es sospechoso, y la propiedad privada de bienes que generan servicios básicos (agua, electricidad) y de recursos no renovables (minería) es cuestionada.

Este cóctel de percepciones y datos duros es lo que se ha venido en llamar “abusos”, y que dio pie al discurso de la “escandalosa desigualdad”, con tan buenos réditos electorales para Bachelet.

¿Se podría sustentar un futuro programa electoral de la NM en más reformas estructurales? Depende. La mayoría de los chilenos se ha acostumbrado a exigir (más salud, seguridad, transparencia, subsidios), y votarán por aquel o aquella que ahora les ofrezca más. Esta fue la apuesta de Bachelet y de su primer círculo de hierro, compuesto por jóvenes que no provenían de la vieja Concertación y que reeditaron esa efervescencia parisina de mayo del 68. Ella venía a corregir los abusos y a subsidiar la demanda de educación como palanca de igualdad. Luego de años de aburrida estabilidad, se instaló el mito de que el crecimiento ya no dependía de quien gobierne, y por tanto el atributo de credibilidad que encarnaba pasó a ser mucho más determinante que el de eficacia.

A un año y medio del denominado “gobierno de la retroexcavadora”, pareciera no obstante que Chile es un país alérgico a los proyectos refundacionales (y de estos se registran tres desde el año 70, todos traumáticos por motivos diversos). Con certeza, las personas ya no creen que el crecimiento esté asegurado. ¿Se aleja entonces la peste del populismo? De ninguna manera. Desde el gobierno se sube la apuesta promoviendo la idea de que con una nueva constitución se removerían los obstáculos que trabaron a Bachelet.

De la mano de la nueva ley electoral y de partidos retornará el fraccionamiento y la dispersión de las fuerzas políticas. Con mayorías parlamentarias esquivas y efímeras, en un sistema presidencialista se hará aún más difícil enmendar el rumbo. En suma, es improbable contar con los votos para aprobar reformas que vuelvan a poner el acento en la responsabilidad personal y en la iniciativa privada.

No obstante, vale la pena levantar la voz y perder en las urnas, señalando un camino claro, propio y factible, porque siempre llegará el momento para las buenas ideas. Un Churchill criollo que proclame I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.  Que fustigue (por ejemplo) la gratuidad en educación superior, porque es una idea socialmente injusta y económicamente ineficiente; las reformas laborales que rigidizan el mercado, porque socavan la productividad y el empleo; una reforma tributaria que terminó castigando a la clase media. Por sobre todo, que desvirtúe el mito de la nueva constitución.

Ahora que están próximas a aprobarse las nuevas normas sobre financiamiento de la política y de los partidos, es previsible una mayor sobriedad en las campañas, lo que tal vez favorezca la discusión de contenidos. Se dice por otra parte que el gran beneficiario del denostado sistema fue la derecha política, pero una vez destruido el nexo con sus fuentes de financiamiento (que encarnan los intereses del statu-quo), ésta podría recuperar su capacidad de proponer.

Acabar con la polaridad “reformismo izquierdista versus conservadurismo de derecha” debería ser el primer objetivo de la oposición. La paradoja es que, impulsada por este gobierno, la nueva normativa constituye la mejor medicina para inyectar savia, vitalidad y audacia liberal a la convaleciente coalición de derecha.

Más allá de quien suceda a este gobierno, el escenario deja poca holgura para liderazgos débiles y dispersos. Será una oportunidad para proponer un programa acotado y sensato, focalizado en restaurar la confianza en las bondades de la libertad centrada en la persona. Solo falta crear las instancias para dar con quien pueda encarnarlo.

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