Nicolás Maduro y su costumbre de pisotear la libertad de expresión

La Nación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió con su reconocida seriedad e independencia -en un fallo de 202 páginas- el caso "Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela". Para Nicolás Maduro, acostumbrado a pisotear las libertades de expresión y de información, la sentencia del tribunal interamericano es una mala noticia. Porque ordena a su gobierno reestablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico que Hugo Chávez le quitara ilegalmente a Radio Caracas Televisión; la que corresponde al Canal 2 de Caracas. Además, le ordena devolver los bienes de esa empresa que, en los hechos, habían sido confiscados por el gobierno venezolano.

Radio Caracas Televisión había mantenido una línea editorial crítica respecto de Hugo Chávez y de su gobierno desde el primer momento en que él llegara al poder. Era -cabe recordar- la emisora de televisión con más audiencia de toda Venezuela. Operaba desde 1953, con amplia cobertura nacional. Por todo esto, incomodaba mucho a Hugo Chávez.

Para librarse de su presencia en el aire, el 14 de junio de 2006 Chávez advirtió que, al vencimiento de la concesión de Radio Caracas Televisión, en 2007, no era su intención renovarla. Los días 27 y 28 de mayo de 2007 el gobierno venezolano se apropió intempestivamente de los bienes de Radio Caracas Televisión. Su señal fue entonces interrumpida el mismo 28 de mayo de 2007.

Desde entonces la empresa y sus accionistas han recorrido un largo calvario administrativo y judicial en defensa de sus derechos, que acaba de culminar felizmente con la decisión comentada de la Corte IDH.

Además de lo expresado más arriba, la Corte IDH ordena al gobierno de Venezuela a que convoque en un plazo razonable y en un proceso abierto, independiente y transparente, a un concurso para el otorgamiento de la frecuencia correspondiente a Canal 2 de televisión en el que, como mínimo, Radio Caracas Televisión pueda participar en igualdad de condiciones.

El fallo dispone asimismo que el Estado venezolano debe tomar las medidas necesarias para garantizar que, de aquí en más, todos los futuros procesos de asignación y renovación de frecuencias que se lleven a cabo, tanto respecto de las radios como de las televisoras, sean conducidos de modo abierto, independiente y transparente.

A lo que agrega que el Estado venezolano debe pagar las indemnizaciones que el fallo estipula y reintegrar las costas y gastos de la contraparte.

Para asegurar el seguimiento adecuado de la decisión adoptada, la Corte IDH dispone que Venezuela debe informar, en un plazo máximo de un año, cuáles han sido las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la decisión del tribunal, disponiendo que sólo dará por concluido el caso una vez que el Estado venezolano haya -como corresponde- dado cabal cumplimiento a la sentencia reseñada.

Cabe recordar que el gobierno de Venezuela se retiró de la Corte IDH el 6 de septiembre de 2012, en una decisión incalificable que dejó al pueblo venezolano sin la garantía de defensa de sus libertades civiles y políticas esenciales que supone poder acceder al tribunal interamericano que -con independencia- protege, en última instancia, los derechos humanos en nuestra región. Ese retiro -sin embargo- no supone que Venezuela haya salido de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúa monitoreando a Venezuela mientras este país siga siendo miembro de la Organización de Estados Americanos. La Comisión está cumpliendo con ese cometido.

No obstante, las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013 no pueden ser ventiladas ante la Corte IDH. Sus víctimas, entonces, están expuestas a la indefensión. Tanto para Venezuela como para toda la región, el retiro del país caribeño de la jurisdicción de la Corte IDH ha sido un enorme retroceso en materia de protección de derechos humanos que no generó las reacciones esperadas.

Al someter el caso al que nos referimos a la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de febrero de 2013 dijo que la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión se dio en un contexto de "inseguridad jurídica" y "deterioro progresivo de la libertad de expresión" en Venezuela. Sostuvo además, que la medida adoptada por la administración de ese país se debió a la línea editorial disidente del canal televisivo, constituyendo un abuso de poder y una restricción indirecta a la libertad de expresión.

La Comisión Interamericana dijo que la no renovación de la concesión a Radio Caracas se dio en un contexto de inseguridad jurídica"

A lo que agregó que ella violó el derecho a la igualdad de Radio Caracas Televisión, así como supuso una discriminación en perjuicio de esa empresa. Para hacer las cosas más duras para Venezuela, la Corte IDH señaló que a lo largo de las acciones que siguieran a la no renovación de la concesión se violó el debido proceso legal, tanto en sede administrativa, como en la judicial. Esto no es sorpresivo, desde que el Poder Judicial venezolano opera como un mero agente, no independiente, de la administración bolivariana.

La Corte IDH pudo intervenir porque se trataba de hechos anteriores al retiro venezolano antes mencionado. Por eso el fallo comentado ha podido desnudar el ambiente de intimidación en que debió operar Radio Caracas Televisión y la arbitrariedad con la que se consumó la agresión gubernamental que culminara en que la empresa perdiera la posibilidad de salir al aire. En palabras del tribunal, la manipulación de las licencias para premiar, castigar o presionar a los medios en función de sus líneas informativas o editoriales es una "restricción indirecta" a la libertad de expresión que genera un lamentable "efecto silenciamiento", que impacta severamente en la libertad de opinar e informarse. Es así.

Para el tribunal interamericano el gobierno venezolano buscaba "acallar voces críticas" y por eso no vaciló en discriminar contra Radio Caracas Televisión y en dificultar la defensa de los derechos del sancionado mediante dilaciones excesivas, ni en vulnerar su derecho a ser oído y a obtener respuestas en plazos razonables.

Llega ahora la hora en que Venezuela debe devolver a Radio Caracas Televisión no sólo el uso de la frecuencia con la que operaba, sino los bienes y equipos de los que fuera ilegalmente desposeído para regresar así a la posibilidad de "salir al aire".

Venezuela está ciertamente obligada a acatar la decisión de la Corte IDH y la región entera observa su proceder. Cumplir con la sentencia supone remover de la frecuencia de Canal 2 a la empresa estatal Televisora Venezolana Social (Teves) a la que se entregaron los bienes y equipos necesarios para operar cantando loas a los bolivarianos.

La gran pregunta es si Nicolás Maduro acatará, o no, la decisión de la justicia regional. En el pasado reciente, el siempre desafiante Nicolás Maduro aseguró que no iba a aceptar nunca fallo alguno de la Corte IDH sobre los medios de comunicación en Venezuela. Si esto terminara siendo efectivamente así, la OEA debería reaccionar con la energía necesaria. Unasur, a su vez, debería también condenar que uno de sus Estados Miembros no sólo viole los derechos y libertades de sus ciudadanos, sino que incumpla con las decisiones del prestigioso tribunal regional con jurisdicción sobre estas cuestiones.

La gran pregunta es si Nicolás Maduro acatará o no la decisión de la justicia regional. ¿Se animará Maduro a tomar el provocador camino de la rebeldía? Si así fuere, ¿recibirá la condena de la región? ¿Será sancionado por sus pares?

Uno podría pensar que el incumplimiento de la sentencia mencionada podría tener consecuencias adversas para el oficialismo en las elecciones intermedias del próximo 6 de diciembre. No obstante, puede no ser así, desde que hay espacio para pensar que Nicolás Maduro podría estar dispuesto a quedar en rebeldía simplemente por aquello de "una mancha más al tigre". Después de todo, Venezuela ya no es una democracia y su gobierno es proclive a violar los derechos humanos y las libertades civiles de sus habitantes, como ha quedado demostrado en los gravísimos incidentes que fueran consecuencia del cierre unilateral de su frontera con Colombia recientemente dispuesto por la administración de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, parecería estar anticipando la reacción de su país al decir: "Esa sentencia de la Corte IDH, agárrenla y la doblan bien y se la meten en un bolsillo". En paralelo, el ex canciller Elías Jaua ha salido a fustigar al Secretario General de la OEA. Señales todas de que Venezuela no está dispuesta a acatar la decisión del alto tribunal regional. Si fuera así, la región toda debe salir del silencio cómplice con el que ha estimulado al gobierno de Venezuela a pisotear la legalidad y deformar la democracia, burlándose de todos.