Bolivia: Criminalizando las opiniones

Un requisito indispensable de una sociedad democrática y de derecho es el respeto casi absoluto a la libertad de expresión. La posibilidad de emitir opiniones sin represalias por parte del Estado, incluso cuando estas opiniones no son compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos es la base misma de la democracia. Sin libertad de expresión corren riesgo los partidos políticos de oposición; sin libertad de expresión no puede existir una prensa independiente que cuestione, investigue e incomode al poder político y económico. Sin libertad de expresión es más fácil que los gobernantes cometan y oculten más violaciones a los derechos humanos, además de perpetrarse en el poder y enriquecerse.

Por ello hay que ser muy cautos a la hora de permitir que el Estado ponga límites a la libertad de expresión, por más noble que parezca ser el objetivo de tales límites y en lo que respecta a este tema, ante la duda o el riesgo de abusos por parte del poder, siempre es mejor pecar del lado de proteger la libertad de expresión antes que limitarla.

Un ejemplo de ello es el racismo y la discriminación. Sin duda es noble la idea de acabar con estos prejuicios. Sin embargo la criminalización difícilmente elimina los prejuicios subyacentes y por otro lado puede ocasionar abusos de poder y limitaciones a la libertad de opinión y prensa. Un ejemplo concreto es Bolivia, donde una ley “contra el racismo y toda forma de discriminación” (no puedo dejar de mencionar la pomposidad del título en conjunción con la idiotez de procurar prohibir “toda forma de discriminación”) ha servido para iniciar acciones legales a dos personalidades de la televisión, una por decir que Oruro es feo y el otro por decir que las modelos cruceñas son tontas. Quienes están en desacuerdo o se sienten ofendidos por tales opiniones tienen el derecho de expresar su molestia en las redes sociales o en la prensa, tienen el derecho de dejar de mirar el programa del conductor cuya opinión les indignó, si la indignación general es tal, los dueños del canal pueden evaluar despedir a la persona. ¡Pero ser enjuiciado y tener la posibilidad de ir a presión por opinar que una ciudad es fea o porque ciertas mujeres son tontas es un exceso y un abuso mayúsculo! Si por tal cosa una persona puede ir a prisión, surge la interrogante de cuáles son los límites de esta ley y qué opinión está a salvo de la mirada inquisidora de los legisladores. Este tipo de leyes, como es el caso boliviano, pueden servir para desatar una injusta cacería de brujas, limitar la libertad de expresión y provocar autocensura.

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