Puerto Rico no necesita declararse en bancarrota

The Wall Street Journal

Este año fiscal, el pago de intereses sobre la deuda consumirá menos de 17% del presupuesto consolidado de Puerto Rico. En el presupuesto general, que no incluye a las empresas y agencias propiedad del Estado, el costo de la deuda está por debajo de 16%. Ninguna de esas cifras suena como un argumento para declararse en quiebra. Sume a eso todo lo que se le podría recortar al gasto del gobierno y el caso a favor de abandonar sus obligaciones con los acreedores es aún más débil.

Sin embargo, Estados Unidos está entrando en un año de elecciones presidenciales y los encuestadores aseguran que los votantes tienden a escoger al candidato que “se preocupa por gente como yo”. Los puertorriqueños que viven en la isla no votan, pero aquellos que viven en el continente sí. ¿Qué más podría expresar esa “preocupación” a estos votantes hispanos en lugares como Florida, Ohio y Pensilvania que un permiso federal para rebajar el valor de los US$73.000 millones de deuda de Puerto Rico?

El Departamento del Tesoro desea que el Congreso apruebe un proyecto de ley que le permitiría a Puerto Rico declararse en bancarrota. En un análisis publicado en su sitio web, el Tesoro calcula que el pago de intereses sobre la deuda como un porcentaje del presupuesto general es en realidad 38%, lo que quiere decir que cree que la forma en la que la isla ha estado calculando su carga de pago de intereses durante los últimos 40 años está equivocada. Sería interesante saber cómo logró la isla eso sin que las firmas de calificación de crédito, los abogados y los evaluadores de riesgo de los bonos lo advirtieran.

También hay que mencionar que la carga de deuda de Puerto Rico incluye US$18.500 millones que según la constitución de la isla deben recibir el pago de intereses antes de realizar cualquier otro desembolso del fondo general.

En una carta con fecha del 28 de julio al presidente del Comité de Finanzas de Senado estadounidense, Orrin Hatch, el secretario del Tesoro Jacob Lew escribió: “Me preocupa profundamente que un proceso largo y desordenado de reestructuración cause daños a la salud, seguridad y bienestar financiero de las familias que viven y trabajan en Puerto Rico”.

Antonio Weiss, asesor del Departamento del Tesoro, elevó el nivel de alarma el 22 de octubre en su testimonio ante el Senado. “La crisis fiscal de Puerto Rico está creciendo”, dijo, agregando que “sin una acción federal, esto podría fácilmente convertirse también en una crisis humanitaria”.

Tal hipérbole está diseñada para hacer que el Congreso se dé prisa y apruebe el proyecto de ley de quiebras. Sin embargo, hay poca evidencia de que Puerto Rico esté enfrentando una crisis humanitaria mayor que la de estados altamente endeudados como California o Illinois. Respecto al deteriorado entorno fiscal, parece ser principalmente el trabajo del gobernador Alejandro García Padilla, quien ha señalado a los mercados que la cesación de pagos es una meta política.

Como me dijo la semana pasada Carlos Colón de Armas, un profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Puerto Rico, “si, en cambio de hacer todo lo posible para no pagar, el gobierno de Puerto Rico hiciera todo lo posible por pagar, las cosas serían muy diferentes”.

Cólon de Armas argumenta que si declara una cesación de pagos, Puerto Rico perdería su capacidad para acceder a los mercados de capital y eso no sería bueno para el desarrollo de la isla. Tampoco resolvería el problema fundamental de un gobierno que gasta más de lo que gana y que se financia con dinero prestado, una práctica que se remonta al año fiscal 2000-2001.

Como indiqué en una columna del 6 de julio, el gobernador García Padilla incrementó el gasto en cerca de US$600 millones en su primer presupuesto después de asumir el cargo en 2013. Aunque ha recortado los desembolsos desde entonces, Colón de Armas me dijo en julio que al menos cerca de US$500 millones a US$800 millones en partidas políticas no han sido afectados.

Ricardo Rosselló, precandidato del opositor Partido Nuevo Progresista para las elecciones a gobernador de 2016, me dijo en una entrevista telefónica la semana pasada que la deuda es insostenible sólo si se continúa en el mismo sendero en el que se ha estado. En un artículo en la revista Forbes del 22 de octubre, Rosselló indicó que la deuda apenas es un síntoma del exceso de gastos, “un hábito que produce déficits de US$6.000 millones por año” y un gobierno enorme que lleva a un “crecimiento atrofiado”.

Colón de Armas enfatiza que hay una diferencia entre presupuestos y flujo de caja. Pero por mucho tiempo, la isla ha usado bonos respaldados por futuros ingresos tributarios para cerrar los déficits de flujo de caja. El problema es que desde que García Padilla asustó a los prestamistas, la isla ha perdido casi todo su acceso a los mercados financieros. El profesor asegura que si Puerto Rico anunciara mañana que pagará todas sus deudas, como siempre lo ha hecho, lograría gestionar su flujo de caja con préstamos a corto plazo.

Aún habría un déficit enorme, pero eso reforzaría la necesidad de recortar gastos. El Tesoro propone una junta financiera independiente que haría que eso sucediera después de la bancarrota. Pero ¿por qué no recortar los gastos ahora y evitar causarles daño a los bonistas y enlodar la calificación de crédito de Puerto Rico?

La respuesta, como dice Colón de Armas, es que “los políticos están tratando de evitar el trabajo duro” al que debieron estar prestando atención a medida que este problema empeoraba a lo largo de la última década. Pero “los bonistas no votan”, indicó. “La gente que es despedida y la que recibe los beneficios sí votan”.