Constituciones latinoamericanas: ¿limitantes o cómplices del poder?

Altavoz

Friedrich Hayek comienza su obra Derecho, Legislación y Libertad con una importante observación:

“Todos los gobiernos han logrado, por medios constitucionales, hacerse con poderes que (…) precisamente pretendían negarles. Es evidente que el primer intento de garantizar la libertad individual por medio de constituciones ha fracasado.”

Es impresionante la vigencia de la frase de Hayek aquí en Latinoamérica, donde desde siempre, pero especialmente ahora con la corriente socialista del siglo XXI, se ha considerado prioridad establecer nuevas constituciones y, desafortunadamente, se ha convencido a más de un país de la necesidad de un cambio de carta fundamental.

Y digo desafortunadamente porque considero que la actitud más sana que podemos tener los ciudadanos es nunca confiar en el poder, sobre todo cuando los gobernantes quieren manipular el documento que nos protege de ellos. En Latinoamérica, sin embargo, hemos olvidado justamente eso: el verdadero rol de la constitución en un Estado de Derecho.

La supremacía constitucional es un producto histórico, enraizado en la experiencia humana. Existe porque el ser humano entendió, o mejor dicho, aprendió que la única forma de poder vivir en libertad es limitando el poder y situando la soberanía y la justificación del poder público en el individuo y la protección de su vida, libertad y propiedad. El poder sin límites no sólo ha hecho muchísimo daño a lo largo del tiempo, sino que además es una amenaza constante y latente hacia los derechos fundamentales de todos y cada uno.

El importante valor que debería tener la constitución se pierde al redactar constituciones a la medida de los planes del gobierno de turno. Cuando esto sucede, desaparece la universalidad que debería caracterizarla y la condenan a dejar de ser relevante en el tiempo, dando la oportunidad a que el próximo gobernante la considere, con toda razón, obsoleta.

Además, al llenarla del lenguaje más ambiguo y vago que puede existir (el lenguaje político), dan pie no sólo a significativos problemas de interpretación legal, sino a la discrecionalidad de los gobernantes, que siempre aparece y es utilizada a su favor cuando no existen normas claras.

Pero, incluso, más allá de juzgar a las novedosas constituciones por sus intenciones o su contenido (siendo ambos terriblemente malos), pasemos directamente a evaluar sus resultados. Veamos los casos de Venezuela, Bolivia o Ecuador: ¿Existen verdaderos Estados de Derecho en esos países? ¿Se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Se puede decir con firmeza que existe democracia? Las respuestas son claras. Y son estas novedosas y revolucionarias constituciones las cómplices de legitimar la grave indefensión frente al poder que vivimos muchísimos latinoamericanos en estos momentos.

De la experiencia de mi país, Ecuador, podría comentar muchísimo. Por ejemplo, que a los tres años de aprobada, el gobierno necesitó reformar la Constitución, porque sus planes habían cambiado (y ahora están pensando reformarla nuevamente); de cómo, de forma constitucional, el poder ejecutivo tuvo luz verde para entrometerse en el judicial, pulverizando cualquier viso de independencia de la judiciatura; o cómo la acción constitucional más relevante para proteger los derechos de los ciudadanos está siendo utilizada por el Estado para “protegerse” de los reclamos de los ecuatorianos. Tal cómo se pregunta Hayek en la obra ya citada: “Realmente, ¿para qué sirve una constitución que permite la existencia de un gobierno omnipotente?”.

El resultado final es que el Estado tiene una fuerte prevalencia sobre el ciudadano, y esto seguirá pasando en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras los ciudadanos sigan creyendo en las promesas de las nuevas constituciones (aquí, una especial mención a los chilenos). Si los cambios constitucionales incrementan el poder del Estado en lugar de disminuirlo, ya sea expresamente o a través del reconocimiento de un sinnúmero de derechos positivos que fortalecen al Estado frente al ciudadano en un supuesto rol de garantista, lo único que se está logrando es desvirtuar el propósito de una constitución, permitiendo legitimar futuros abusos de poder.

Mientras más clara, más concisa y más limitante del poder sea una constitución, mejor. Caso contrario, es un retroceso que puede ser costoso en términos de nuestras libertades. Como la experiencia ya nos ha enseñado, la constitución que complace al poder es una herramienta peligrosa en las manos de los gobernantes y un escudo inefectivo para la protección de los derechos de los ciudadanos.

La autora es Presidenta de Estudiantes por la Libertad en América Latina.