Santos envalentona a los terroristas de las FARC

The Wall Street Journal

Cuando hablamos de asesinatos indiscriminados, Estado Islámico (EI) se queda corto respecto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo guerrillero colombiano es igual de cruel y ha estado sembrando el terror durante más de medio siglo.

Desde los atentados del 13 de noviembre en París, Occidente ha redoblado sus esfuerzos para derrotar el terrorismo fundamentalista islámico, como lo hicieron los aliados en el siglo XX cuando el fascismo y, posteriormente, el comunismo amenazaron a la civilización occidental. Ningún miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha sugerido que se le deba dar poder económico, social y político a EI a cambio de poner fin a las hostilidades.

Sin embargo, eso es exactamente lo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha estado haciendo con los líderes de las FARC en La Habana desde 2011. El presidente Barack Obama, al igual que Cuba y Venezuela, están respaldando la rendición de Santos al terrorismo.

La magnitud de la brutalidad de las FARC no es bien conocida fuera de Colombia. Esto se debe en parte a que la región no recibe mucha atención en Estados Unidos, pero también a que buena parte de las atrocidades han ocurrido lejos de las grandes ciudades. La mayoría de las víctimas de las FARC han sido campesinos pobres.

Un típico ataque terrorista de las FARC ocurrió el 31 de diciembre de 2004, en el caserío de Puerto San Salvador sobre el río Casanare en el departamento de Arauca. Cerca de 100 habitantes del pueblo y fincas cercanas se habían reunido para celebrar el Año Nuevo. Alrededor de las 10:30 de la noche, 30 rebeldes de las FARC entraron al pueblo a caballo y comenzaron a disparar. Según informes de prensa, en 10 minutos, ocho mujeres, cinco hombres y cuatro niños, incluyendo una niña de dos años, fueron masacrados.

Pero las FARC no sólo atacan en el campo. El 7 de febrero de 2003, condujeron 200 kilos de explosivos al estacionamiento del Club El Nogal, en el nororiente de Bogotá, donde detonaron una bomba. Treinta y seis personas perdieron la vida y otras 200 resultaron heridas. En noviembre de ese año, el grupo guerrillero usó granadas en un ataque a dos centros nocturnos populares en la capital, cobrando la vida de una mujer y dejando heridas a 72 personas más.

En abril de este año, durante un cese al fuego, las FARC asesinaron a 11 soldados que encontraron dormidos en un área rural. El grupo subversivo aún asesina civiles y la semana pasada reconoció que sigue instalando minas antipersonales, pese a prometer que dejaría de hacerlo.

En Colombia no hay una guerra civil. Las FARC son detestadas por casi todos los colombianos y en las encuestas apenas reciben un 3% de aprobación. Es fácil ver el motivo: según estadísticas del gobierno, en los más de 50 años que las FARC, patrocinadas por Cuba, han aterrorizado al país, ha habido más de 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados de sus hogares.

El ex presidente Álvaro Uribe debilitó sustancialmente a las FARC durante sus ocho años en el poder, entre 2002 y 2010. Su sucesor, Santos, ha otorgado poder a sus desgastados líderes al iniciar negociaciones secretas en La Habana poco después de posesionarse y permitiendo que estas se prolonguen.

Las FARC se rehúsan a reconocer sus atrocidades. Sus líderes dicen que nunca cumplirán una sentencia de cárcel, no entregarán las armas ni las riquezas ilícitas que han adquirido a través del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, y no compensarán a sus víctimas. Santos ha accedido a todos esos términos y dice que el narcotráfico de las FARC es un crimen político que puede ser perdonado. Sin embargo, las FARC quieren más.

Santos sugirió en agosto que el gobierno debería reservar un número determinado de escaños en el Congreso para los terroristas de las FARC como parte del acuerdo. Este mes, las FARC sumaron la generosa oferta de Santos a su lista de exigencias.

La semana pasada, Santos anunció que planea perdonar a 30 terroristas convictos de las FARC. Si sigue endulzando el acuerdo, va a poner a los guerrilleros en un coma diabético.

No se sabe qué saldrá del acuerdo de La Habana, pero Santos sabe que no será popular. A principios de noviembre, su coalición, que incluye al Partido Liberal, comenzó a tramitar en el Congreso una enmienda constitucional para permitir que un plebiscito nacional valide un acuerdo con un censo electoral de apenas 13%, es decir que solamente esa proporción de los electores inscritos se exprese a favor del pacto, frente al 50% más uno que existe actualmente.

Sólo un político que ha puesto su propio éxito por encima de los intereses de la democracia podría crear una propuesta así. O quizás, Santos insiste en esto debido a que cree que los colombianos no saben lo que es bueno para ellos.

El verdadero problema es que los colombianos no confían en Santos o su sistema de “justicia transicional”, con jueces elegidos por las FARC para determinar los crímenes cometidos durante el reino de terror del grupo guerrillero. Especialmente no les gusta la idea de que los criminales de las FARC, que ya usan sus armas y dinero de las drogas para influir en la política colombiana, lo puedan hacer de manera legal.

Reemplace las FARC con EI y dígame si le gusta el acuerdo.