¿Quién dice que Puerto Rico necesita acogerse a la ley de bancarrota?

The Wall Street Journal

Los demócratas del Senado estadounidense escribieron el miércoles al líder de la mayoría, Mitch McConnell, instándole a aprobar una legislación que permita a Puerto Rico rebajar “una parte significativa” de su deuda de US$72.000 millones. “Esta es la única manera en que Puerto Rico puede responder con eficacia y responsabilidad a esta creciente catástrofe financiera y social”, argumentaron los senadores.

La carta hizo eco de los reclamos recientes de otros demócratas en Estados Unidos para que se establezca la protección por bancarrota —hoy no permitida bajo la ley estadounidense— para la deuda de Puerto Rico como una manera de poner fin a la crisis fiscal del estado libre asociado. El secretario del Tesoro, Jack Lew, advirtió el 15 de enero en una nota al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, sobre la posibilidad de un “verdadero sufrimiento para el pueblo de Puerto Rico” si el Congreso no actúa pronto. Y en octubre, la senadora Elizabeth Warren, que se refiere a aquellos que prestaron dinero a Puerto Rico como “fondos buitre”, criticó al gobierno del presidente Barack Obama por no encontrar una manera de eludir el Congreso y actuar por su cuenta.

Traducción: este es un año de elecciones y nosotros somos el partido que se preocupa por los hispanos.

Sin embargo, ¿es la insistencia de los demócratas en la protección por bancarrota para Puerto Rico un producto de la compasión? ¿O es la suave intolerancia de la falta de expectativas por parte de los supervisores en EE.UU.? Muchos puertorriqueños creen que es lo último, y no quieren formar parte de eso.

Alfonso Aguilar, presidente de la Asociación Latina por los Principios Conservadores, argumentó el 27 de enero en un comunicado de prensa que la “responsabilidad primaria” de hacer frente a la crisis fiscal es de Puerto Rico, no del Congreso estadounidense. Más aún, escribió Aguilar, la protección de la ley de bancarrota no haría nada para “abordar la causa del problema, que es la adicción (el gobierno) al endeudamiento y el gasto”.

Aguilar también expresó su preocupación de que los políticos que favorecen una rebaja de la deuda hayan creado una percepción en EE.UU. de que existe un consenso en Puerto Rico a favor de los poderes de la ley de bancarrota. De hecho, hay un debate furioso en la isla.

Ricardo Rosselló, un demócrata que integra el Partido Nuevo Progresista (PNP) —favorable a la incorporación permanente de la isla como un estado de EE.UU.—, es un opositor abierto a la cesación de pagos. Rosselló está en busca de la nominación de su partido —en las primarias de junio— como candidato a gobernador. En una entrevista en la sede de The Wall Street Journal en Nueva York el 20 de enero, el precandidato me dijo que Puerto Rico debe hacer explícita su intención de pagar sus deudas. Y debe utilizar la crisis fiscal, señaló, como una oportunidad para rehacer de mejor forma el gobierno.

Rosselló identifica “una falta de credibilidad”, motivada por la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla de descontar lo que se les debe a los acreedores, como un problema clave. Al apuntar a un default, el gobernador ha perjudicado el acceso de la isla a los mercados de capitales. Más aún, la raíz del problema es que Puerto Rico funciona sobre “déficits continuos” de alrededor de US$6.000 millones al año. Incluso si el servicio de la deuda de este año fuera eliminado, dijo, todavía habría un agujero de unos US$3.000 millones en el presupuesto consolidado.

Este gasto excesivo necesita ser financiado y hay una predecible “falta de moderación cuando se trata de la emisión de bonos”, según Rosselló. Mientras tanto, no existe un plan de crecimiento económico. “Podemos usar la ingeniería financiera sólo por un tiempo. Si nuestro comportamiento no cambia, volveremos a Washington a pedir más”.

Para restaurar la credibilidad, y por lo tanto el acceso a la financiación, Rosselló propone poner la deuda de Puerto Rico bajo una nueva autoridad de gestión, creada por ley federal, una especie de junta de control, pero “para la gestión, emisión y pago de la deuda”. Los integrantes de la autoridad “podrían ser una mezcla de funcionarios locales y federales”. Algunas corrientes de ingresos del gobierno fluirían directamente a la junta, de modo que esta pueda establecer prioridades y pagar la deuda.

Para asegurar la solvencia, Rosselló propone mejoras en la recaudación de impuestos y disciplina en el gasto. Por el lado de los ingresos, el político observa que la isla tiene una tasa de evasión de 60% en el gravamen sobre la renta. El gobierno estadounidense podría ayudar enviando el IRS (Servicio de Impuestos Internos), que ya recauda los impuestos sobre los salarios de la isla, para que asista técnicamente en busca de un aumento del cumplimiento tributario.

Una vez que Puerto Rico cumpla sus obligaciones con los acreedores, dijo Rosselló, Washington necesita salir de en medio. “Nosotros, los puertorriqueños, estaremos a cargo del presupuesto local”.

Rosselló señaló que debido a que “algunos ingresos estarían destinados al órgano de gestión de la deuda” para cumplir con los pagos “y a que el gobierno ya no tendría la facultad de autorizar nueva deuda, tendríamos que reestructurarnos para vivir de acuerdo con los ingresos de Puerto Rico”. Pero esa reestructuración “será responsabilidad de los puertorriqueños”.

El líder político no prevé recortes draconianos generalizados. Más bien, está a favor de un análisis profundo para descubrir las ineficiencias de un gobierno estatal que cuenta con 118 agencias que prestan 340 servicios con 147.000 empleados.

No se va a evitar el dolor, pero con la opción de la protección por bancarrota fuera de la mesa, los puertorriqueños serán dueños del interrogante sobre cómo hacer la torta más grande y cómo repartirla. Es evidente que algunos puertorriqueños aceptan el reto.