Competencia libre de burócratas

República

Desde hace varios años se ha venido discutiendo la “necesidad” de una ley que promueva la competencia. Múltiples estudios, seminarios, análisis, institutos, comisiones y direcciones han surgido para tal fin así como diferentes propuestas de legislación.

La firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea pone fecha límite a la aprobación de la Ley de Competencia para finales de noviembre del presente año. Por lo tanto, muchos aducen que es “necesaria” dicha normatividad con el propósito de cumplir con estos requerimientos. Otros apelan a que somos el único país en la región que no posee una ley de competencia y que como todos ya tienen una, nosotros también deberíamos tenerla como si se tratara de un concurso de popularidad y de aceptación en el grupo.

Cuando hablamos de competencia, la mayoría coincide en que debe existir para mejorar los productos o servicios pero las diferencias inician cuando se determina cuál debería ser el papel del gobierno en la promoción de la misma. Es aquí cuando se pasa de la promoción a la regulación y en muchos casos a la sobrerregulación, al grado de asfixiarla. También muchos aducen que la competencia es buena pero cuando está controlada y no es excesiva, sin determinar cuánto es excesiva y quién o cómo lo determina.

En sociedades libres, la libre competencia permite mejorar significativa y consistentemente el nivel de vida de los consumidores, ya que estos pueden optar a diferentes tipos de servicios o productos y no sólo eso, también pueden elegir productos sustitutos. Del lado de los productores, también les obliga a optimizar el uso de sus recursos para ser rentables y mantenerse en el mercado, o en caso contrario, cambiarse de negocio y no seguir perdiendo dinero.

En libertad, cualquiera puede entrar a competir en un mercado y buscar que los clientes prefieran lo que ofrece, para ello deberá de persuadir y tratar bien a aquellos con quien hace los intercambios, es decir, debe ser benevolente con sus clientes. En un ambiente de libre competencia, el productor no puede pedirle al gobierno que utilice su fuerza para obligar a los demás a comerciar con él. Tampoco puede pedirle al Congreso que apruebe una ley que impida que los demás compitan con él por los clientes, a través de monopolios artificiales o legales.

En una sociedad de libre competencia, ningún grupo o individuo puede solicitar privilegios para su actividad empresarial, no puede solicitar que le quiten a uno para que se lo den a él a fin de mantener su servicio, es decir, no puede pedir subsidios. No puede solicitar reglamentos, licencias o cualquier otra barrera que dificulte la entrada de nuevos competidores.

En libre competencia, no puede solicitar privilegios porque el burócrata tenga un elevado nivel de consciencia moral y se los niegue, sino porque el funcionario no tiene el poder de otorgarlos, porque su poder se limita a proteger los derechos individuales y no a transgredirlos.

Así que en nuestro país, más que una Ley de Competencia lo que necesitamos es una Ley de Libre Competencia que deje en libertad a los vendedores y compradores para hacer sus intercambios. Una ley que promueva regulaciones mínimas que protejan los derechos individuales y el cumplimiento de contratos. Que sancione el fraude y el robo.

Cuando se habla de Ley de competencia, más que mayor regulación a la que ya tenemos, se debería estar hablando de quitarle trabas al comercio, de eliminar tanto trámite y permisos discrecionales para iniciar un negocio. La competencia sólo tiene sentido si es libre con regulaciones mínimas que protejan la libertad de acción y la propiedad.

Si de verdad se quiere promover la competencia, ésta debe ser libre. Libre de trámites interminables, libre de criterios de ventanilla que cambian más que el clima y que se basan en reglamentos internos que nadie más que ellos conocen. Libre de privilegios otorgados por burócratas a costa del resto de ciudadanos.

La ley de competencia sólo tendrá sentido si deja en libertad a los ciudadanos y elimina el poder arbitrario que tienen los burócratas, léase funcionarios o diputados, de intervenir y distorsionar el mercado.