Ecuador: Una Superintendencia innecesaria

El Universo

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) impuso esta semana una multa de $ 82,7 millones a Conecel (Claro). Este caso puede servir para ilustrar por qué cuando la SCPM logra lo que se propone no hace más que combatir fantasmas.

El economista Ludwig von Mises explicaba:

“No todo precio al cual el monopolista vende un bien monopolizado es un precio monopólico. Los precios monopólicos son solamente aquellos en los que es más ventajoso para el monopolista restringir la cantidad total a ser vendida que expandir sus ventas al límite que el mercado competitivo lo permitiría.

“Los precios monopólicos son el resultado del intervencionismo estatal con los negocios. Estos no fueron creados mediante la interacción de factores que operan en un mercado libre. Estos no son producto del capitalismo, sino precisamente de los esfuerzos por contrarrestar la altura de los precios de mercado”.

Por ejemplo, Cervecería Nacional, que goza de prácticamente un monopolio en el mercado nacional de cervezas, no obtuvo esa posición dominante gracias a privilegios concedidos por el Estado y siempre ha estado sometida a la competencia de otros vendedores nacionales y extranjeros. Esta competencia internacional se ha visto significativamente mermada gracias a los aranceles.

En cuanto a las telecomunicaciones, Conecel no siempre tuvo una posición dominante. Cuando se inició la telefonía celular en el Ecuador en 1994 fue precisamente el Estado el que limitó la competencia a dos operadoras, Conecel y Otecel. Estas operaron por mucho tiempo en igualdad de condiciones. En 1997 empieza Conecel a distanciarse de Otecel en usuarios, acumulando 75.000 usuarios versus 43.000. Para el año 2000 Conecel perdió liderazgo de mercado concentrando un 48% del mercado frente al 52% de Otecel. Luego, Conecel recuperó su liderazgo llegando hasta el 70% del mercado en 2011. ¿Cómo lo logró? Una mayor inversión y comercialización innovadora. Por ejemplo, Porta lanzó la modalidad de prepago y brindó cobertura a zonas rurales antes que la competencia. Hoy, su participación en 2015 era prácticamente igual a la que existía en 1997 en ausencia de tanta discriminación estatal en su contra: 62,5%.

Desde ese entonces, la cantidad de usuarios se ha multiplicado, llegando el número de líneas celulares en Ecuador en 2015 a 13,8 millones y cada vez los ecuatorianos han tenido un mayor acceso a una conexión y servicios de telefonía celular de cada vez mejor calidad. Todo eso estaba pasando mientras Conecel mantuvo e incluso aumentó su porción del mercado y en ausencia del sinnúmero de multas y condiciones desiguales que le impusiera el Gobierno actual.

La SCPM no solo que sobra, sino que estorba y nos sale cara. En 2015 nos costó $ 9 millones. Esta Superintendencia gasta, entre otras cosas, en alquilar oficinas en zona exclusiva de la capital por $ 20.000 mensuales, en hacer estudios irrelevantes para el control de poder de mercado como aquel sobre el impacto de la Celac y la ALBA que costó $ 48.000 y en hacer una miniserie llamada Ciudad Quinde (costó más de $ 700.000 entre 2014 y 2015).

Todo esto sin considerar la mayor inseguridad jurídica que nos aporta la SCPM, contribuyendo a la destreza exhibida por nuestro gobierno para espantar inversiones.