Chile: ¿Renunciar al futuro?

La Tercera

No podemos olvidar que los países que han transitado desde economías de ingreso medio a alto han mantenido un crecimiento de la productividad superior al 1,5% anual durante períodos prolongados.

De hecho, durante la época de oro -entre 1987 y 1998- Chile promedió un 2% anual gracias a las ganancias derivadas de un cambio estructural que permitió aprovechar la disponibilidad de nuestros recursos naturales. En el actual contexto, este guarismo no superaría el 0,5%.

Ahora bien, una condición necesaria pero no suficiente para incrementar la productividad y crecimiento de largo plazo es el aumento sostenido en el gasto público destinado a ciencia, tecnología e innovación. El próximo año se contempla un aumento real de 2,4% lo que es insuficiente e impedirá reducir la brecha del gasto en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB que se mantiene en 0,42%, muy lejos de países como Israel que alcanzan un 3,93%.

Aunque no toda la experiencia israelí es replicable, hay políticas públicas que se pueden adaptar a nuestra experiencia. Por ejemplo, los inmigrantes han sido parte fundamental de su proceso de desarrollo, a través de su propia capacidad para innovar y asumir riesgos.

Asimismo, Israel ha desarrollado fuertemente su Sistema Nacional de Innovación, que ha permitido el desarrollo sostenido de su capital humano avanzado, I+D y los incentivos a la innovación empresarial.

En nuestro caso, las principales restricciones han sido la poca o nula conexión entre el sector productivo y las universidades, un marco institucional insuficiente para la gestión de la propiedad intelectual (PI) y mecanismos de financiamiento inadecuados que fomenten la creación de nuevas empresas tecnológicas.

Por otro lado, el enfoque tradicional ha limitado el rol de las universidades a la docencia, investigación y extensión, cuando una visión moderna requiere que éstas también promuevan la comercialización de los resultados de sus investigaciones. Esto implica modificar no solo las políticas y los mecanismos de asignación de recursos, sino también la cultura académica.

En efecto, los académicos tienen pocos incentivos a participar en la transferencia de tecnología y su comercialización y muy pocos proyectos de investigación básicos o aplicados resultan en innovaciones viables comercialmente.

No se puede desconocer que hemos tenido avances a través de la ley de incentivo tributario al I+D y la atracción de centros de excelencia internacionales; sin embargo, la política pública se debe profundizar en varios frentes, tales como el desarrollo de un marco institucional que promueva un sistema de PI más dinámico y eficiente; acelerar la tasa de creación de empresas tecnológicas; impulsar y promover la cultura de innovación y emprendimiento, y el desarrollo de nuevas competencias y capital humano para sostener lo anterior.

En definitiva, si no queremos renunciar al futuro, se requiere una mayor integración entre el conocimiento científico de las universidades y los centros especializados, las empresas y el sector financiero.