Chile: Un buen gobierno
Por muchos años la principal carencia de la derecha chilena ha sido su relato, aquel conjunto de valores y objetivos que permiten construir identidad, aspecto fundamental para la acción política. Este déficit ha sido en parte subsanado por los esfuerzos de un conjunto de intelectuales y políticos de amplia trayectoria, que permitieron concluir con un documento denominado “Manifiesto por la República y el buen gobierno”.
En el documento destacan un conjunto de principios que entregan consistencia e identidad al sector, sin embargo, hay dos que merecen un especial foco. Por un lado, el balance jurídico y económico de los derechos y deberes sociales y por otra, las bases para un buen gobierno para Chile.
No debemos olvidar que la instauración de un sistema de derechos sociales tiene por objeto el avanzar a un Estado de bienestar. La instauración de estos derechos sociales requieren de una cantidad creciente de recursos, que al transformarse en derechos adquiridos, requieren de un incremento de la carga impositiva limitando la inversión, el crecimiento y el empleo. Este tipo de derechos sociales conlleva mayores ineficiencias del aparato público, desincentivo al trabajo y ahogo de la iniciativa privada. Con todo, el nuevo relato de la derecha plantea con asertividad que la preocupación por los derechos debe ser acompañada por la perspectiva de los deberes, en cuanto a que los derechos generan responsabilidades pues se ejercen en un marco social.
Ahora bien, en cuanto a los aspectos que sustentan las bases de un buen gobierno hay al menos dos objetivos fundamentales que el documento señalado hace referencia y que merecen una atención especial.
Un buen gobierno necesita mucho más que una modernización del Estado. Las reformas recientes a la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública, que permitirá seleccionar a directivos técnicamente competentes en la ejecución de las políticas públicas es solo una parte de lo que requiere una visión moderna del Estado. Lograr un mejor desempeño del sector público requiere avanzar desde una estructura y organización tradicional hacia una más flexible y proactiva y con una participación activa de la ciudadanía.
En segundo lugar, en la formulación de políticas sociales se hace presente el dilema entre intervenciones focalizadas y universales. La focalización busca aumentar la eficiencia del gasto público, puesto que tiene como objetivo mejorar y optimizar el impacto de la intervención en la población que más lo requiera, reduciendo de esta manera la inequidad y subsanando las carencias derivadas de la pobreza. Este dilema de política se hace evidente con la aplicación de la ley de gratuidad universal y en un contexto de desaceleración económica.
Este nuevo relato de la derecha debe avanzar con mayor fuerza en la igualdad de oportunidades, mejorando la focalización en los hogares más vulnerables, con servicios de una calidad aceptable, de tal manera de que sean equivalentes a aquellos que pueden pagar por los mismos.
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