¿A la anarquía por el blockchain?

Instituto Juan de Mariana

Me han llamado la atención las empresas Stampery y Aragon, que conozco por vía del empresario Luis Iván Cuende. Son dos soluciones tecnológicas basadas en la cadena de bloques (blockchain). Creo que merece la pena recordar qué es blockchain. Como señalaba en otro artículo, se ha llamado bitcoin a tres cosas diferentes: una moneda virtual, una tecnología asociada a ella y una red de ordenadores que es la base de esa moneda. A estos dos últimos elementos se le llama blockchain. Es un sistema en el que se registran datos; como una libreta. En el caso de bitcoin, la blockchain recoge las transacciones, pero como señalé en este artículo, también se puede recoger otra información.

Lo característico de esta tecnología es que cada bloque, que es como una hoja de esta libreta, está vinculada al bloque anterior, de modo que para modificarlo, hay que dar un salto atrás en la cadena y modificar el precedente; y lo mismo ocurre con este. Al final, para sortear el sistema hay que dedicar una gran cantidad de recursos, mayor cuanto más grande es la cadena de bloques. Como bitcoin descansa sobre la blockchain más larga, es la más difícil de violentar. En realidad ha alcanzado un tamaño que le hace invulnerable. Como dice Cuende, se ha convertido en “un repositorio de verdad”.

Esa verdad, en el sentido de ser un registro inmutable, es en lo que se basa el empresario para crear Stampery. Esta compañía ofrece un servicio de notarías que no está basado en los servicios profesionales, sino en esta tecnología. Han elegido la cadena de bloques de bitcoin. Pero tiene un problema, y es que el número de transacciones por minuto es bajo, y tiene una limitación teórica. Stampery sortea esta dificultad creando identificadores, que luego une por pares, en una estructura de árbol, de tal manera que con un sólo identificador se puede referir a un número de registros que es una enésima potencia de dos (“n” es el número de capas del árbol). El indicador que está en el vértice de este árbol es el que se engancha a la cadena. La solución es ingeniosa, pero quizás menos interesante que lo que logra: ofrecer un servicio de notarías, de registro de datos, que es descentralizado, no depende de la falible naturaleza humana, e inmutable.

También tiene otra solución que es importante desde el punto de vista liberal, de nombre Aragon. Se trata de una plataforma de creación de empresas, y su lógica es la siguiente: en lugar de crear una empresa con vinculación a un territorio, sobre el que se asienta un Estado y por tanto sobre cuya sociedad recae un ordenamiento jurídico y un régimen fiscal (entre otros elementos), se puede crear en internet, que no está vinculada a un territorio.

Aragon permite crear empresas que no tienen la sede en un país, cuyos empleados pueden trabajar de forma remota, con accionistas o inversores cuya identidad queda protegida por la cifra de una cartera virtual. Su base es Ethereum (otra cadena de bloques, que tiene su propia moneda), y se beneficia de la tecnología que se conoce como contratos inteligentes. Estos contratos son acuerdos entre las dos partes, y cuyo cumplimiento (el pago de una cantidad, la venta de unas acciones…) se realiza de forma automática. El objetivo de Aragon es la creación de un ecosistema de empresas descentralizado. Es decir, en el que no haya una organización centralizada (un gobierno) que medie entre lo que acuerdan las partes que conforman la empresa. Y, cabe pensar, que no medie tampoco en los acuerdos entre distintas empresas.

¿Qué implicaciones sociales pueden tener estas dos tecnologías? En el caso de Stampery, es un instrumento que realiza una labor muy cercana a la que hacen registradores y notarios. ¿Supone la desaparición de la fe pública? No, pues si el Estado obliga a que por ley, por ejemplo, un contrato hipotecario exija de la firma de un notario para que sea legal, el sistema se mantendrá intacto. Sí es cierto que la tecnología puede cumplir la misma función en países en los que no exista una figura como la del notario en España. ¿Y en el caso de Aragon? Cuende considera que una empresa cuya base es internet no tiene por qué tener una base territorial, y por tanto no tiene por qué estar sometida a las regulaciones de tal o cual país.

Yo estoy de acuerdo. Internet y las redes blockchain permiten recuperar la coexistencia de distintos órdenes jurídicos, que caracterizaba a la civilización antigua, la medieval, e incluso la era moderna anterior a la Ilustración. Los imperios podían dominar pueblos distintos, y en ocasiones éstos mantenían sus usos y sus leyes. También podían convivir el derecho del reino con el de la Iglesia. O una región o una ciudad dentro de un reino podían tener sus usos propios.

También vale como antecedente histórico el desarrollo de derechos propios de un ámbito económico específico. Es el caso del desarrollo del derecho mercantil en torno a las ciudades italianas en el medievo, o el origen del derecho marítimo en la Rodas del siglo III antes de Cristo, y que ha seguido vigente en sus fundamentos al menos hasta el siglo XX. Internet es también un ámbito económico propio, y puede desarrollar su propio derecho privado, con la ayuda de un desarrollo tecnológico como son los contratos inteligentes.

Lo que no comparto es su idea de que estas soluciones vayan a hacer que desaparezcan los gobiernos en unas cuantas décadas, y lo único que necesitamos para que eso ocurra es que se alcance una masa crítica de personas que pasan del Estado, y se organizan al margen de él. Bien, es la teoría del desprendimiento de Toni Mascaró, y creo firmemente en que una parte importante de la población se buscará la vida al margen de las fracasadas soluciones del Estado.

Pero hasta aquí. Cuende cree que no es una cuestión ideológica, sino que el motivo es que esta nueva realidad es mucho más productiva. Pero las empresas privadas ya son más productivas que las públicas, y sigue habiendo empresas públicas. El Estado no es una entidad sin voluntad; es un instrumento de poder, y quienes lo ocupan lo utilizan para ejercerlo. No surge como solución a una necesidad social que la tecnología no ha solventado hasta el momento, y por tanto ninguna tecnología podrá llevar a la desaparición del Estado. Su existencia es una cuestión política; es decir, de acotación y ocupación del poder coactivo.