Argentina: Propuesta para ir eliminando los planes sociales

Infobae

Las siguientes líneas son un borrador de propuesta para transformar los planes sociales, que se han convertido en un negocio político, en una ayuda transitoria que otorga el contribuyente a aquellas personas que se quedaron sin trabajo.

Es un esfuerzo del contribuyente que será transitorio con ciertas exigencias para los beneficiarios de los planes sociales.

Lo digno es el trabajo, no el plan social

Los gastos sociales que muestra el gráfico 1 sólo hacen referencia a los gastos de la nación, no incluye las provincias ni los municipios.

El gráfico 2 nos muestra la evolución del gasto social en pesos constantes de 2016, utilizando inflación Congreso desde el 2007 en adelante para hacer el ajuste. En este caso, aumentó 2,58 veces en términos reales, o sea, casi se triplicó. En otras palabras, cada vez se destina más dinero en pesos constantes a pagar jubilaciones, subsidios, educación, vivienda, etcétera y la gente es cada vez más pobre, los jubilados están que trinan y los piqueteros siguen extorsionando con sus cortes de calles.

El gráfico 3 muestra la evolución del gasto social sin incluir las jubilaciones y las pensiones. Es decir, el gasto en educación, salud, vivienda, etcétera, que, en valores constantes de 2016, aumentó 2,4 veces en términos reales. Siempre crece el gasto social en términos reales.

Finalmente si la cuenta la hacemos en dólares, vemos que el gasto social total pasó de 27.543 millones de dólares en 2001 a 79.325 millones de dólares en 2016, o sea que se multiplicó por 2,88 veces. Pero si tomamos desde el 2003, cuando empezó el gobierno de los Kirchner, hasta el 2016, el gasto crece 6,6 veces en dólares.

Cualquiera sea la manera en que uno haga la cuenta, aquí presento sólo cuatro opciones, vemos que el llamado gasto social, solamente tomando la nación, sin incluir municipios ni provincias, crece fenomenalmente.

Si consideramos el sector público consolidado (es decir, nación, provincias y municipios), tenemos que, en términos del PBI, y según la propia Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, el gasto público social pasó de representar el 17,7% del PBI en el año 2004 a nada menos que 30,8% en 2015.

Como último dato, el 64% del gasto público de la nación se destina a los llamados gastos sociales, es decir, jubilaciones, salud, educación, subsidios, etcétera.

De lo anterior se desprende que lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un Estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales y ni siquiera primero cumple con su función primordial, que es defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. La seguridad es desastrosa. Pero también la calidad de vida de la gente viene en decadencia, porque la contrapartida de semejante fiesta de gastos sociales es una carga tributaria que espanta la inversión, genera menos puestos de trabajo, aumenta la informalidad, la pobreza y la desocupación.

Es falso que los gastos en programas sociales mejoren la vida de la gente. Claramente la gente vive cada vez peor a pesar de incrementar brutalmente los recursos destinados a los planes sociales. Desde el punto de vista conceptual, la gente vive peor porque, como decía antes, espanta las inversiones y cultiva la cultura de la dádiva. La gente no produce y prefiere ser mantenida mientras el Estado saquea a los que producen.

Pero, además, la política se ha transformado en una actividad política muy rentable en que todos estos fondos se transformaron en fuentes de corrupción y una manera de comprar votos.

La conclusión es que los gastos sociales son un negocio político y no una manera eficiente de ayudar a la gente. A la gente se la ayuda creando las condiciones para que pueda trabajar y vivir de su salario. El Estado de bienestar es una historia que inventaron los políticos para, con la plata del contribuyente, terminar haciendo su propio negocio político.

La extorsión piquetera

Lo que debía ser un subsidio transitorio para los que quedaron desocupados con la crisis del 2002 se ha transformado en una política pública de largo plazo. La cantidad de planes sociales y subsidios que hoy reparte alegremente el Estado ha crecido en forma exponencial. A tal punto se ha transformado en una forma de vida que el gobierno de Cambiemos se enorgullece de tener más planes sociales que los que había otorgado el kirchnerismo. Eso muestra el fracaso de la política económica, dado que si el Estado tiene que entregar más subsidios, quiere decir que no logra generar puestos de trabajo que le permitan a la gente vivir de su esfuerzo personal.

Ni siquiera el gobierno dice que son subsidios transitorios, sino que son un derecho adquirido. Sostener que una persona tenga derecho a ser mantenido por el trabajo de un tercero es absolutamente inmoral. Que el Estado les quite compulsivamente el fruto de su trabajo a quienes producen decentemente para repartirlo a conveniencia del gobierno de turno no contribuye a terminar con la cultura de la dádiva.

Es más, el gobierno actual ha pasado del protocolo antipiquetes a negociar con los piqueteros y darles obra social, cuenta que obviamente paga el contribuyente, lo que da una pésima señal para terminar con esta continua extorsión de grupos que pretenden vivir a costa del trabajo ajeno o sin cumplir las normas mínimas de convivencia.

Que quede claro: el Estado no reparte su dinero porque el Estado no tiene dinero propio, reparte el dinero del contribuyente, de manera que un primer paso para ir terminando con este negocio de los planes sociales consiste en remarcar que el Estado no ayuda a la gente, la ayuda el contribuyente.

Volviendo a las presiones que recibe el gobierno de diferentes grupos que exigen que alguien les dé algo, podemos resaltar que al reiterar este comportamiento de los piqueteros exigiendo obras sociales gratis y subsidios, los manteros exigiendo un subsidio y un lugar donde trabajar y los contratados del Conicet exigiendo que se les renueve un contrato que había terminado pero el gobierno accedió a renovarlo, queda en evidencia que cuantas más veces ceda el gobierno ante la extorsión de los diferentes grupos, más crecerá la oferta de extorsión o la demanda de más subsidios. En otras palabras, los contribuyentes tendremos que poner más dinero para pagar la cuenta de la plata que entrega el gobierno frente a todas extorsiones.

Suele argumentarse que si el gobierno no negocia con estos extorsionadores, se rompe la paz social y la situación sería peor. Con este argumento lo que nos están diciendo es que el Estado prefiere utilizar el monopolio de la fuerza para "robarnos" el fruto de nuestro trabajo en nombre de la solidaridad social en vez que los piqueteros nos roben directamente.

¿Qué hacer frente a esta extorsión? El camino a transitar consiste en desactivar el arbitraje que hacen los piqueteros. "¿Por qué voy a ir a trabajar si el Estado le roba a otro para que me mantengan?" dirá un piquetero. Sólo optará por ir a trabajar si se pone un límite de tiempo en el subsidio que se otorga y si la diferencia entre el subsidio y el sueldo que puede recibir por un trabajo es lo suficientemente amplia como para incentivarlo a trabajar.

El primer punto, entonces, es ponerle un límite de tiempo a los planes sociales que se otorgan. En segundo lugar es ir aumentando los planes sociales por debajo de la inflación para que quien hoy prefiere no trabajar vea la diferencia de ingreso del subsidio y de trabajar y cambie de opinión.

El tercer punto es realizar un reempadronamiento de todos los que reciben planes sociales tomando datos sobre lugar en que vive, habilidades laborales, edad, etcétera. Con esta información disponible, las empresas podrán contratar con descuentos de cargas sociales a personas que estén en planes sociales. El Estado le informará al beneficiario de un plan social que cerca de su domicilio existe un trabajo y es obligatorio tomarlo. Una vez que esté trabajando, el subsidio que recibe se le irá reduciendo mensualmente un 10% hasta que cobre solamente el sueldo en el lugar donde fue contratado. Si rechaza el trabajo, entonces pierde directamente el subsidio.

El cuarto punto consiste en recrear las antiguas escuelas de artes y oficios. Escuelas de carpinteros, electricistas, gasistas, pintores, cocina, etcétera que funcionarán en escuelas municipales y en parroquias. Se le pedirá apoyo a la Iglesia Católica y de otras confesiones con lugares para que se dicten los cursos de artes y oficios. Los fondos para financiar el pago de los profesores y los materiales saldrán de la privatización de empresas que hoy tienen pérdidas.

Quien recibe un plan social no cobrará ese plan si no demuestra estar realizando alguno de esos cursos de artes y oficios. Terminado el curso, recibirán la matrícula para trabajar y deberán comenzar a buscar clientes. Durante tres meses recibirán el subsidio pleno mientras buscan clientes y al cuarto mes su subsidio será disminuido un 10% mensual hasta extinguirse. De esta manera, el contribuyente estará haciendo el esfuerzo de otorgarles las herramientas para poder capacitarse para trabajar.

En quinto lugar, persona que reciba un subsidio y se la detenga realizando un piquete perderá automáticamente el plan social. Persona que hace piquete y cobra un subsidio deja de recibirlo automáticamente en caso de violar la ley haciendo piquetes.

El plan de capacitación y reempadronamiento de quienes reciben un subsidio irá acompañado de una nueva legislación laboral que ofrezca flexibilización laboral y reduzca las cargas sociales que deben enfrentar las empresas. Es decir, quienes se incorporen nuevamente al trabajo formal tendrán una legislación laboral más flexible que el stock.

En síntesis, los planes sociales no pueden ser para siempre y sin ninguna clase de prestación o responsabilidad de quien lo recibe. Ya sea capacitándose para trabajar por su cuenta o entrando en el sistema de trabajo en blanco con flexibilidad laboral. Los planes sociales destinados a personas que no tienen trabajo deben reducirse a uno solo: subsidio por desempleo.

Tercero, todos aquellos que hoy reciben planes sociales deberán reempadronarse y solamente recibirán un plan por persona, dinero que se les acreditará en una caja de ahorro de algún banco. Ninguna organización podrá reclamar para otros y menos administrar los planes sociales. De esta manera se terminará con la industria del piqueterismo.

Finalmente, para terminar con la extorsión de los piquetes para cobrar cada vez más y actuar como fuerzas de choque, persona que hace un piquete, persona que pierde su subsidio.