Los paraísos fiscales se acaban cuando rebajen los impuestos
En estos días, el diario Süddeustche Zeitung y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) han informado ampliamente sobre los “Paradise papers”. Se trata de documentos de nuevos paraísos fiscales en las islas Bermudas y en la isla de Man, que se suma a los anteriores “Panamá papers”. Este periódico alemán posee 13,4 millones de documentos de paraísos fiscales, involucrando a 340 periodistas de 67 países entre ellos Hugo Alconada Mon del diario La Nación.
En ambas investigaciones fueron descubiertos importantes funcionarios, políticos y operadores mundiales incluyendo la Reina de Inglaterra, Isabel II, quien tiene una parte de su fortuna en las islas Bermudas que, naturalmente, se trata de un paraíso fiscal que forma parte de la Corona británica. También la muy tecnológica, avanzada y progresista empresa Apple tiene fondos en la isla de Jersey, pegadita a Inglaterra, donde paga menos impuestos que en EE.UU.
Al mismo tiempo han caído prestigiosos estudios jurídicos mundiales: Appleby (con casa matriz en Bermudas) y Asiaciti Trust (con sede en Singapur) especializados en organizar y administrar sociedades holding off-shore.
Justificación de los paraísos
Dada la jerarquía de los personajes mundiales y locales involucrados, es muy probable que muchas operaciones financieras de esos paraísos fiscales sean lícitas y honestas y no estén manchadas por delitos precedentes como ser: la venta de armas a terroristas, la trata de prostitución, las mafias criminales, la corrupción política enquistada en el poder o el narcotráfico. Es imprescindible hacer una serie de aclaraciones, porque no todo es lo que parece.
Los paraísos fiscales existen porque hay perversos regímenes impositivos, como el de nuestro país, que se han convertido en Infiernos fiscales. Mediante ellos, un conjunto de políticos ávidos de riquezas, tratan de arrebatar el fruto del trabajo honesto a quienes están sujetos al poder estatal. Usan la fuerza de la ley penal tributaria con mucha habilidad y destreza.
Sin embargo, es algo intrínsecamente moral e inescindible de la naturaleza humana, que las personas prudentes y de buen juicio traten de huir del infierno, pretendan entrar al paraíso o, en todo caso quieran permanecer un tiempo en el limbo fiscal.
La prueba ácida de la codicia tributaria de un Gobierno está determinada por una sóla muestra: si existe o no, alguna norma legal que ponga límites precisos al poder fiscal de crear y cobrar impuestos en relación con los ingresos líquidos del ciudadano.
Como aquí eso no ocurre, se gravan múltiples manifestaciones de riqueza y por eso tenemos 96 impuestos que arrebatan a las personas físicas el 75 % de la renta económica que producen. Nuestro gobierno imponen a la gente una carga fiscal que le despoja del fruto de su trabajo. Pero como cada uno de nosotros tiene una conciencia moral que le indica cuándo una medida impositiva es injusta, inicua y violenta, entonces surge el derecho humano fundamental de resistirla y eludirla con ingenio y habilidad.
Limitación de impuestos
Al eludir el exceso fiscal de impuestos distorsivos, los seres humanos intentan mantener su independencia y evitan estar sujetos al capricho de gobiernos volubles e insensibles. Así consiguen sostener y conservar la propiedad privada adquirida que les permite ejercer la libertad política mientras tengan independencia económica.
No es bello ni instructivo perseguir a quienes tienen su dinero depositado en paraísos fiscales. Lo justo y necesario consiste en que no sea precisa la existencia de este tipo de países. Ahora bien, al mismo tiempo que se hace necesario reclamar el cierre de estos paraísos fiscales, para no ser excluidos de la comunidad internacional, también se hace absolutamente necesario bajar impuestos hasta un nivel que permita a las personas acumular el capital obtenido decentemente sin obligarlas a refugiarse en el paraíso fiscal.
Pero el poder fiscal de los Estados no deja de crecer. La gente está asfixiada por los gravámenes. Y como no quieren reducir el gasto político, sólo se les ocurre hacer reformas para aumentarlos. Apenas alguien posea un resto de propiedad privada el Estado se abalanza para quitárselo por la fuerza.
De manera que antes que cerrar los paraísos fiscales hay que bajar los impuestos de todo el mundo para llevarlos al máximo maximorum del 25 % de la renta personal líquida y realizada.
Si ello no se hace los Gobiernos de cualquier signo, terminarán quedándose con la propiedad privada de la gente y le impedirán dedicar sus rentas al consumo honesto, a mantener o reponer el capital utilizado y a acumular nuevo capital para poder crecer y mejorar la vida.
Ahora bien, con regímenes impositivos asfixiantes como el argentino, se pierde la independencia económica y no hay libertad política. Los ciudadanos son tratados como insectos dominados por unos advenedizos que se encaraman en el poder del Estado. Y terminar esta ignominia es una de las promesas solemnes que el presidente Macri acaba de hacer a los ciudadanos. Alentamos la esperanza de que así lo cumpla.
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