Un debate pendiente en Argentina

Según la corriente principal de la economía, el concepto e interpretación de las cuentas nacionales se origina en la necesidad de registrar la actividad económica de un país mediante el relevamiento de diversas series estadísticas, todo lo cual permite evaluar las políticas económicas actuales y futuras.

Asimismo, las cuentas nacionales suministran el marco teórico que describe las relaciones entre tres variables macroeconómicas fundamentales: la producción, la renta y el gasto. La determinación de la renta y la producción permite explicar el porqué del crecimiento o disminución del producto, según el caso, y cuáles son los factores que influyen en la tasa de inflación. Por qué las políticas económicas, tales como las variaciones del gasto público y de los tipos impositivos, o la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero o del tipo de interés, pueden afectar la renta, la inflación y el desempleo. Y, lo que es más importante, ¡cómo pueden hacerlo!   

Sin embargo, tales soluciones no están exentas de controversias; controversias que, según podría decirse, existen a partir de dos tradiciones intelectuales en macroeconomía: una escuela de pensamiento cree que la intervención del gobierno puede mejorar notablemente el funcionamiento de la economía; la otra cree que los mercados funcionan mejor si no se interviene en ellos.

Los defensores de las políticas activas, o integrantes del primer grupo, sostienen que el gobierno debe utilizar las políticas fiscales y monetarias para estabilizar el producto y los precios. Desde tal punto de vista, los funcionarios de turno deben contrarrestar los shocks privados. Así, una caída de la demanda de inversión puede compensarse con el aumento de gasto del gobierno, una reducción de impuestos o mediante expansión monetaria.

Otros, en cambio, argumentan en contra de las políticas activistas apoyándose en alguna de las razones que se destacan: la presunción de una oferta agregada vertical; la dificultad de identificar con precisión los shocks; las políticas activistas tienden a ser fuertemente inflacionarias; las presiones de orden político pueden conducir a políticas de corto alcance. Una política fiscal o monetaria expansiva, que empuja el producto inicialmente más allá de la producción de equilibrio de pleno empleo, se revertirá a medida que los salarios nominales y los precios suben con el paso del tiempo. En dicha extensión dinámica, la economía muestra propiedades keynesianas en el corto plazo, pero características clásicas en el largo plazo.

El principio de subsidiariedad, o el criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma, se ve como una moda en retroceso en nuestro país, Argentina. Y, en rigor de verdad, aunque todavía no seamos plenamente conscientes de las consecuencias que acarrea la crisis del intervencionismo —por falta de la necesaria perspectiva histórica― ya se aprecian efectos de gran importancia.

La historia reciente demuestra que durante los últimos 15 años la participación del estado en la economía se ha incrementado hasta alcanzar un máximo absoluto del 47,9% del producto interno bruto (PIB), para el año 2016, conforme lo expuesto por el Observatorio Fiscal Federal y la UNLP. Y, paradójicamente, ese incremento del gasto público no significó una mejora en la condiciones de vida de los habitantes, sino, contrario a lo que se decía esperar, un considerable aumento de la pobreza.

Es notable que el crecimiento del 25,3 en términos porcentuales, desde el año 2005 hasta la fecha, ha significado la duplicación del gasto en términos del PIB. Para poner en claro la relevancia de lo que se señala bastará una simple referencia, con igual fuente que el párrafo anterior. El gasto público total entre los años 1930 y 2005 se mantuvo en un promedio histórico del orden del 25% del PIB.

El crecimiento desmesurado del gasto de los últimos años ha provocado que el país se vuelva sistemáticamente deficitario, tanto en servicios reales como financieros, y que tales déficits en la actualidad deban ser financiados con endeudamiento. Pero, por definición, el endeudamiento se realiza a tasas de interés crecientes, porque aumentan las dudas acerca de si podrán honrarse los compromisos, y —como varias veces ocurrió en el pasado― el financiamiento se puede cortar de manera súbita y sin anestesia determinando que los tan temidos ajustes se tengan que hacer de la noche a la mañana.

Sin embargo, la incapacidad del debate político para encontrar un medio de  controlar una carga impositiva confiscatoria, asociada a déficits consolidados de hasta dos dígitos, crea la amenaza potencial y real de un crecimiento explosivo de la deuda pública. Un esquema basado en el financiamiento externo, sostenido sobre la base del endeudamiento, abre las puertas a que cualquier contingencia internacional en los mercados financieros provoque una crisis de balanza de pagos. Pero el exceso de deuda, lo mismo que la inflación —principal fuente de financiamiento de la administración anterior― son solo fuentes instrumentales de una dificultad mayor. 

Debe ponerse el foco en tomar conciencia de la intensidad que tiene el problema. Pues su envergadura es tan grande que para advertirlo no hace falta ir a la universidad, sino, simplemente, identificarlo y resolverlo, pero el problema fiscal: todavía es un debate pendiente.

El autor es Doctor en Economía.