La condena a Lula: ¿Debilita o fortalece la democracia brasilera?

Panam Post

La Justicia confirmó la condena a Lula da Silva por corrupción pasiva. Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre  – João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus – ratificaron la sentencia del magistrado Sérgio Moro.

Los citados jueces rebatieron todos los argumentos de la defensa y por unanimidad concluyeron que quedó demostrado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un lujoso apartamento en la playa de Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.

Gebran Neto —instructor del caso— declaró: “Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción”  dentro de la petrolera estatal. “La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble (Lula)”.

Si bien se conoció la noticia, y también previamente, se entabló una polémica —tanto nacional como internacional— acerca de su repercusión sobre la democracia brasileña. Un bando afirma que la debilita porque fue dictada por motivos espurios: evitar que Lula  sea candidato presidencial en las elecciones de este año, siendo el favorito.

En cambio el otro considera que este proceso ha demostrado la independencia del Poder Judicial en Brasil. Ergo, las instituciones republicanas funcionaron y salen fortalecidas porque se acabó la impunidad de los poderosos. Recordemos que debido al Lava Jato —que lleva casi cuatro años de actuación pública—, se condenó a más de un centenar de empresarios y políticos de todos los partidos, que hasta entonces eran “intocables”.

Dado este radical antagonismo entre las partes, es oportuno analizar los argumentos de cada una.

El primer grupo es liderado por Lula y su Partido de los Trabajadores (PT). La defensa fuera de fronteras es realizada por sus socios ideológicos, incluso figuras con prestigio internacional. Entre ellos, el teórico del garantismo jurídico Luigi Ferrajoli y los columnistas del New York Times Hernán Gómez Bruera  y Mark Weisbrot.

Lula proclama que “el problema es lo que se está haciendo con la democracia. Crear un proceso jurídico para evitar que alguien sea candidato es poco democrático. Si prohíben que yo sea candidato por una decisión política del Poder Judicial, se está montando un fraude”. Machacando en esa tesis, dice que “la noción de golpe de Estado se ha sofisticado. Ya no se necesitan tanques, soldados; es suficiente contar mentiras que los medios reproducen como si se tratara de verdades. Unas mentiras que han anestesiado a la población”.

Dilma Rousseff —delfina de Lula, quien perdió su presidencia en 2016 mediante un impeachment— declaró que “cualquier gobierno que asuma, ganando las elecciones de (octubre) 2018, sin que haya un proceso electoral transparente y correcto, sin maniobras para invalidar candidatos como Lula, no conseguirá gobernar este país”.

Rousseff exhortó a sus simpatizantes a mantener la presión en la calle y a rebelarse contra la decisión de la justicia.

El PT utiliza una retórica incendiaria. Retrata la condena de Lula como una maniobra “golpista” de los medios de comunicación, los jueces y algunos actores políticos. Gleisi Hoffman, senadora y presidenta del PT, amenazó con que “correría mucha sangre”. “Para detener a Lula, van a tener que detener a mucha gente, pero más que eso, van a tener que matar gente”.

El fiscal Mauricio Gotardo denunció la violenta campaña realizada por el PT. Señaló que el PT creó una “tropa de choque” que usó prácticas “próximas al delito de coacción”, con el fin de amedrentar a los jueces del tribunal y “perpetuar un proyecto político personal”.

Lo reseñado demuestra, el feroz intento por desacreditar al sistema judicial y a la prensa libre, pilares de una democracia de buena calidad. Además, que la violencia no es algo ajeno a su lucha política.

Desde el exterior los apoyos fueron múltiples. El expresidente uruguayo Pepe Mujica expresó, que “se están golpeando mucho las seguridades liberales del funcionamiento de la democracia”. En una carta que le envió a Lula expresa: ” Sé que la lucha continúa y continuará a pesar de los jueces y la prensa”.

Para calibrar adecuadamente la postura de Mujica, conviene recordar que él sostiene que “lo político está por encima de lo jurídico”.  No se queda en palabras sino que lo aplica. Por ejemplo en 1994 en los “sucesos del Filtro”, Mujica arengó a sus simpatizantes para que mediante la fuerza, impidieran el cumplimiento de una sentencia judicial: que tres etarras aliados de los tupamaros —acusados de varios atentados  mortíferos— fueran extraditados a España.

Otro que se sumó, fue el dictador de Venezuela Nicolás Maduro. En un comunicado asevera que “resulta inaceptable y contrario a los principios democráticos que la derecha brasileña, en complicidad con poderosos medios de comunicación, manipule a las instituciones judiciales con la intención manifiesta de impedir el regreso de la Revolución popular del Brasil de la mano de Lula”.

Dado de quién provienen estas palabras, salta a la vista qué busca: Lula apoyó a todo gobierno autoritario izquierdista latinoamericano. Si él llegara nuevamente a la presidencia, Maduro recuperaría un poderoso aliado, lo que debilitaría la presión internacional a favor del retorno de la democracia en Venezuela.

Las afirmaciones de Ferrajoli merecen un detenido análisis. Esto es relevante, porque su nombre es esgrimido como respaldo por quienes están en este bando.

En una carta pública, Ferrajoli dice que le preocupa la forma en que fue conducido el proceso contra Lula. Sostiene que se caracteriza por una “impresionante ausencia de imparcialidad por parte de los jueces y procuradores que lo promovieron, que tan solo se explica por una intencionalidad política de poner fin al proceso de reformas” llevadas adelante por Lula y Rousseff, que hicieron que 40 millones de personas salieran de la pobreza.

¿En que se basa para sostener eso?

En el protagonismo de jueces y medios de comunicación en la operación Lava Jato. Además, afirma que los procesos de segunda instancia son mucho más largos y que este se aceleró con el único fin de impedir la candidatura de Lula.

De esas proposiciones, lo primero que choca es su inexcusable falla lógica. Es una falacia, porque del hecho de que Lula haya beneficiado a un sector de la población, no se sigue que no sea corrupto. Los jueces penales juzgan delitos, no políticas públicas. 

Ahora juzguemos los dichos de Ferrajoli (2006) en función de su propia teoría. Su tesis principal es “que si queremos garantizar un derecho como ‘fundamental’ debemos […] formularlo en forma de regla general, y por tanto confiriéndolo igualmente a ‘todos’ “.

O sea que para Ferrajoli un proceso es “justo”, cuando se les otorga idéntico tratamiento a los iguales. Pues bien, apliquémoslo al caso Lula – Rousseff, para verificar si realmente existen esa falta de imparcialidad y motivaciones “oscuras” que él denuncia.

¿Cuál es el más parecido? Obviamente que la destitución del expresidente derechista Fernando Collor de Mello en 1992.

El escándalo se inició por una denuncia en la prensa realizada por el hermano de Collor. Todos los grandes medios se hicieron eco e informaron ampliamente del tema. El Congreso comenzó el juicio político en junio de 1992 y dictó sentencia el 30 de diciembre de ese mismo año. El de Rousseff lo iniciaron en octubre de 2015 y culminó el 31 de agosto de 2016. Por tanto, en los dos casos el tiempo insumido fue prácticamente el mismo.

En diciembre de 1992, el Senado condenó a Collor  a que por ocho años no podía ocupar cargos públicos, sanción que cumplió. Simultáneamente, a inicios de 1993, el Tribunal Supremo dictaminó que debía someterse a un juicio penal por corrupción pasiva y tráfico de influencias. La sentencia salió el 30  de diciembre de 1994.

En consecuencia, no se percibe diferencia entre el tratamiento otorgado al derechista Collor de Mello con los dados a Rousseff y Lula. Por consiguiente, las acusaciones de Ferrajoli no son imparciales.

Por cierto, el Tribunal Supremo en una votación dividida absolvió a Collor de los cargos formulados. José Néri da Silveira, exministro del Supremo, que votó por la condena, declaró que “en determinados tipos de crímenes, no es posible exigir una prueba concreta. Los hechos, la totalidad de los hechos, son los que deben conducir el juicio del magistrado”.

Los argumentos de los columnistas del New York Times, Gómez Bruera  y Weisbrot, son variaciones de los que hemos analizado hasta ahora. En forma temeraria, Gómez Bruera  sostiene: “el objetivo del proceso a Lula da Silva no ha sido promover el surgimiento de una nueva república de la honestidad y la transparencia, sino apartar del camino al rival más temido”.

Ahora veamos los fundamentos sobre los que se apoyan la sentencia a Lula:

El edificio Solaris está en Guarujá. Forma parte de un conjunto residencial proyectado por una cooperativa (Bancoop) de personas vinculadas al PT. En 2006, la familia de Lula compró un apartamento en pozo de 80 metros cuadrados. Eso figura en la declaración jurada que Lula tuvo que hacer como candidato en 2006.

La cooperativa quebró y sus promotores lograron que OAS se hiciese cargo del proyecto. La constructora dio opción a recuperar el dinero invertido o a pagar el resto para quedarse con la propiedad.

La familia de Lula fue la única que no hizo ni una cosa ni la otra. Al tiempo, OAS puso a la venta todos los apartamentos excepto un triplex de 240 metros cuadrados en la última planta. Según el expresidente de la constructora, Leo Pinheiro,  estaba reservado para regalárselo a Lula. El empresario aportó como pruebas diversos mensajes intercambiados con otros funcionarios de la constructora y con colaboradores de Lula, que dan a entender alguna clase de acuerdo sobre el inmueble.

Cuando Pinheiro fue apresado, recién entonces la esposa de Lula fue a reclamar la devolución del dinero entregado para el apartamento original. Este es otro factor que los jueces consideran como claramente incriminatorio.

Otra prueba son las fotografías tomadas por Wellington Carneiro da Silva. Ahí se ve cuando Pinheiro le entrega a Lula las llaves del apartamento. Carneiro era asistente de Ingeniería de OAS y su trabajo era fiscalizar las obras del Solaris. En el momento en que tomó las imágenes, “le habían encargado que permaneciera en el hall de ingreso, deteniendo el ascensor para impedir que algún curioso viera al expresidente de Brasil”.

O sea, que no es ninguna conspiración “de la derecha” contra Lula la que le impediría su postulación sino la aplicación de la Ley de Ficha Limpia, aprobada en 2010 durante su presidencia. En ella se estipula que no puede ser candidato electoral quien haya sido condenado por un tribunal con más de un juez.

Lula ha anunciado que de volver a ganar la presidencia, convocará a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una revisión completa de la Constitución y entre otras cosas, cambiar el modelo electoral actual…

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.