Ecuador y los combustibles: cómo eliminar el subsidio
La enorme diferencia entre el precio de los combustibles en el mercado interno y el internacional genera una gigantesca oportunidad de negocio para los contrabandistas. Nuestros políticos siempre dicen que estos subsidios no se pueden tocar porque estarían afectando a los más vulnerables, la competitividad de algunas industrias, etcétera. También temen que su gobierno se desestabilice si intentan eliminarlos.
Ahora bien, ¿qué tanto nos cuestan? Entre 1989 y 2017 el Ecuador ha gastado en dólares de hoy $ 54.429 millones en subsidiar los combustibles, la mayor parte de esto ($ 41.938 millones) en tan solo los últimos once años, debido al alza del precio de los derivados del petróleo. En dólares actuales, estos subsidios nos costaron el año pasado $ 116 por habitante, aunque han caído de la cima de $ 376 per capita a la que llegaron en 2011. También consideremos el peso que recae sobre la economía en general: en lo que va del siglo, el gasto total en subsidios a los combustibles ha consumido entre el 0,39% del PIB en 2002 y el punto máximo de 6,33% del PIB en 2011. En promedio, durante la última década hemos destinado 4,2% de nuestro PIB a subsidiar combustibles.
Solamente el diésel constituye más de la mitad del costo total del subsidio, seguido del gas, y juntos sumaron en 2017 el 82%.
Lo que no debería ser políticamente sensible es la eliminación de un solo tajo de los subsidios a la gasolina, los cuales benefician principalmente a personas que se encuentran en los quintiles más altos de ingreso. Quienes poseen vehículos particulares y de transporte particular no son precisamente los más vulnerables de la población, quienes supuestamente son los que califican para recibir el Bono de Desarrollo Humano (BDH). A ellos les impactaría más el incremento del valor del diésel y del gas de uso doméstico. He aquí una herramienta que haría políticamente viable la eliminación de los subsidios más costosos.
El combustible subsidiado es un lujo que no nos podemos permitir. El costo astronómico de estos subsidios, con sus inherentes distorsiones en la economía y la incapacidad de focalizarlos por el atractivo económico que genera la brecha entre el precio de mercado y el subsidiado, resultan en que alrededor de $ 54.429 millones se hayan desperdiciado. Muchas personas no hubieran comprado automóviles o, si los compraron, los hubieran usado menos. Las industrias hubieran encontrado la forma de ser más eficientes para asumir el costo real de uno de sus insumos: los combustibles. Los hogares consumirían de forma más racional el gas. Así funciona en nuestros países vecinos y no les ha ido mal.
Si lo que el Gobierno quiere es ayudar a cerrar la brecha de financiamiento por la vía de reducciones en el gasto público, un rubro importante es la eliminación de los subsidios a los combustibles. Si desea hacerlo protegiendo del ajuste inevitable derivado de las distorsiones acumuladas en la economía, la forma más sencilla es incrementando una sola vez el BDH por el impacto estimado sobre los hogares más pobres del país. De esta manera se lograría un ahorro neto y se libraría la economía de un subsidio altamente regresivo.
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