Venezuela: la Sierra Leona latinoamericana

Panam Post

En 2006 se estrenó la película “Diamantes de sangre”. Su trama se desarrolla en Sierra Leona durante el conflicto armado que se prolongó durante once años (1991-2002). Constituye una estremecedora denuncia sobre los brutales métodos utilizados por gobernantes –especialmente Charles Taylor– militares, guerrilleros y empresarios extranjeros para controlar el tráfico clandestino de diamantes y a las redes comerciales de productos agrícolas, con el fin de obtener colosales ganancias.

Sierra Leona es un ejemplo paradigmático para comprobar que la riqueza de una nación no reside en sus recursos naturales sino en sus instituciones e ideas predominantes.

¿Por qué?

Porque ese país africano es uno de los más pobres del mundo. Sin embargo, su territorio es extremadamente rico en diamantes, oro, rutilo, bauxita y además, posee extensas tierras aptas para la agricultura.

La devastación de esa nación comenzó a gestarse en 1968, siete años después de la independencia de Gran Bretaña. Fue entonces que el presidente Siaka Stevens quiso perpetuarse en el poder. En pos de ese objetivo, estableció un sistema benefactor populista- socialista, politizó a las instituciones policiales y militares, y utilizó a la industria de los diamantes para financiar su proyecto autocrático y simultáneamente enriquecerse.

Lo que “Diamantes de sangre” cuenta es una historia verídica. Impactó y en consecuencia, despertó muchas conciencias acerca del horror vivido en esas tierras africanas. Fue un período caracterizado por la codicia, la sangre y la violencia. Uno, en el cual se cometieron graves violaciones a los derechos humanos: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, amputaciones de miembros, secuestro y reclutamiento de niños.

Las similitudes entre lo ocurrido en Sierra Leona y la Venezuela chavista, son impresionantes. La misma realidad socioeconómica. Es decir, una nación que cuenta con ingentes riquezas naturales pero cuya población está sumida en la pobreza más extrema. Las mismas tácticas para perpetuarse en el poder: el sometimiento del Poder Judicial, la corrupción de las fuerzas armadas y policías, la apropiación de los recursos nacionales y el establecimiento de una estado “benefactor” (las “Misiones”) de raigambre populista- comunista.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, las consecuencias también han sido equivalentes. Incluso, la amputación de las manos que realizaban los integrantes del Frente Revolucionario Unido (FRU) para impedir la participación ciudadana en las elecciones y en la política, podría ser considerara una imagen visual de lo que Nicolás Maduro y esbirros realizan en forma simbólica con los venezolanos.

Para impedir que ganara el partido contrario, los miembros del FRU les cortaban las manos a los ciudadanos para que no pudieran elegir a los gobernantes. Llegaban a las aldeas y les decían: “¿Queréis votar? ¡Pues ahora ya no podréis!”  Y los mutilaban para que no pudieran agarrar la papeleta.

En Venezuela la dictadura recurre al fraude, el amedrentamiento, el “carnet de la patria” (que sirve para controlar qué vota cada quien y actuar en consecuencia) persiguiendo el mismo objetivo. O sea, torcer la voluntad ciudadana.

Entre las muchas cosas que la película denuncia y que bien podrían aplicarse a Venezuela, hay una que ha pasado prácticamente desapercibida: las masacres de mineros que se están realizando en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

Íbsen Martínez en un reciente artículo al que tituló “Militares y masacres del oro en Venezuela”, lo relata con lujos de detalles. Señala que la hegemonía de los militares venezolanos “en todos los ámbitos de gestión pública susceptibles de ser saqueados con ya probada absoluta impunidad se acrecentó con la creación, en 2016”, del AMO.

Cuando Maduro lo creó, lo describió como una zona de desarrollo estratégico cuya finalidad era “romper con el rentismo petrolero”. Diversas fuentes estiman las reservas mineras del AMO en unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita y coltán (el nuevo “oro negro”). El dictador anunció que 135 compañías nacionales y extranjeras participarían de este proyecto.

Martínez acusa al régimen chavista de lo siguiente:

“Inmediatamente después de su creación (del AMO), comenzaron las matanzas de civiles dedicados a la minería ilegal.

Entre enero y septiembre de 2017, la prensa regional registró hasta 61 mineros informales asesinados en cinco municipios del Estado Bolívar. El portal Insight Crimelogró atribuir, sin lugar a dudas, 40 de esas muertes a las fuerzas militares venezolanas.

La escalada de violencia criminal asociada a la minería había comenzado en marzo de 2016, con la desaparición y ejecución de 28 mineros venezolanos en Tumeremo, municipio aurífero donde, hace dos semanas, volvió a registrarse una matanza con saldo de al menos 7 víctimas.

Lugareños y diputados de la región ante la Asamblea Nacional dicen que los asesinatos sugieren una operación de exterminio de la minería informal presuntamente exigido por las transnacionales del oro atraídas por Maduro. Esta vez, lo acontecido en Tumeremo dejó ver que la bárbara lucha por el control de las minas incorpora nuevos actores amados”.

InSight Crime sostiene que “la guerra por el oro entre militares, funcionarios del gobierno y grupos criminales dedicados a la minería ilegal sería el móvil detrás de estas matanzas, que se han incrementado en medio de la peor crisis económica del país y ante la amenaza de sanciones internacionales a su principal producto de exportación, el petróleo”.

En esas luchas por el control de la zona, los generales de la Guardia Nacional utilizan mafias carcelarias compuestas por sanguinarios criminales. Se denomina “trenes” a los que actúan desde fuera de la prisión y “pranes” a los jefes que dirigen las operaciones desde su celda. Estos fueron cooptados por los susodichos militares. El otro bando está formado por el Ejército Nacional de Liberación (ELN) colombiano, que actúa como subcontratista de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Martínez afirma que “pranes y elenos actuarían como agentes de retención del diezmo que los generales venezolanos cobran a los mineros ilegales”.

Dadas las grandes semejanzas entre la situación imperante en Venezuela y lo que aconteció en Sierra Leona, es interesante indagar cómo se puso fin a semejante maldición en la nación africana.

El proceso fue así:

La comunidad internacional demoró en reaccionar pero fue endureciendo su postura a medida que los acontecimientos recrudecían. Hubo intentos de acercar a las partes en conflicto. Sin embargo, siempre quedaban en agua de borrajas. Por consiguiente, tropas británicas y de la ECOMOG (alianza multilateral de tropas pertenecientes a países de África Occidental) intervinieron poniendo fin a esa tragedia humana.

Taylor fue apresado y juzgado por un Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. En 2013 se dictó la sentencia definitiva, condenándolo a 50 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El fallo sostiene que “El Tribunal ha tenido en cuenta la gravedad y el impacto físico y emocional de los crímenes perpetrados contra la población civil”.

Es una sentencia histórica porque fue la primera vez desde los juicios de Nuremberg contra la cúpula nazi, que una justicia internacional condenaba a un exjefe de Estado.

Dada la cantidad de analogías entre lo que acontece actualmente en Venezuela y lo ocurrido en Sierra Leona en la década de 1990, no debería sorprender que también el desenlace fuese semejante.

Algo que podría contribuir a que eso ocurra, sería que un productor de Hollywood se interesara por el tema y financiara una película a la que podría titular, “Oro sangriento venezolano”…