Ecuador: El modelo es Brasil, no la Cicig

El Universo

Algunos han propuesto establecer en Ecuador una entidad similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de las Naciones Unidas. Pero hay graves cuestionamientos a su comportamiento que deberían llevarnos a considerar otras alternativas. 1. No se trata de reemplazar una justicia selectiva y politizada por otra. Una alternativa superior es aquella de Brasil.

Se creía que la Cicig iba a ser independiente de los grupos de presión locales y, aunque esto podría ser cierto, no lo ha sido frente a los grupos de presión en el extranjero ni ha estado libre de su propia agenda política.

La Cicig ha logrado que terminen tras las rejas por actos de corrupción altos funcionarios públicos como un expresidente y una exvicepresidenta. Pero también ha cometido graves abusos como, por ejemplo, el caso de la familia rusa Bitkov.

La familia Bitkov huyó en 2008 de la persecución del gobierno de Putin y llegó a Guatemala por no tener este país un tratado de extradición con Rusia. Igor Bitkov se había negado a pagarles a extorsionistas del Gobierno ruso y su hija Anastasia, de 16 años, luego fue secuestrada y violada repetidas veces. Pretendían empezar una vida nueva en Guatemala.

Contra la familia Bitkov, el Ministerio Público y la Policía Nacional montaron, según el abogado de la familia, Rolando Alvarado, una persecución penal “notoriamente desproporcionada, como si se tratara de delitos de alto impacto como narcotráfico o terrorismo”. La familia había sido acusada de robar identidades y usar identidades falsas. Alvarado agrega que la “Cicig” no debía ser querellante en este caso porque el mandato dice que la comisión tiene competencia para investigar delitos por integrantes de aparatos clandestinos de seguridad y no fue acusada [la familia] por ese tema, por lo tanto,  no encuadra en ninguna de las funciones de la Cicig”. Además de violar su mandato,  violó la Convención de Palermo  porque deliberadamente acusó a los migrantes y no a los victimarios, en este caso  los representantes de la firma Cutino International, que les vendió los pasaportes.

En este caso, la Cicig aplicó la justicia de manera selectiva, violó la ley nacional y se extralimitó en su mandato. Todo eso es muy parecido a lo que hacen nuestros políticos, ¿para qué vamos a importar algo que ya tenemos?

Más bien nos conviene mirar a Brasil y las reformas constitucionales y legales que ha venido implementando a lo largo de distintos gobiernos desde 1988 para lograr llegar a tener un sistema de justicia nacional capaz de hacer rendir cuentas a los más altos funcionarios públicos del país y que lo hizo respetándoles a los acusados su derecho a un debido proceso. El caso Lava Jato, que vino luego del caso Mensalao, es el resultado de reformas al Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional. Los jueces brasileños ahora suelen ser de mejor calidad, el sistema judicial se ha vuelto más eficiente gracias al uso de precedentes legales, los fiscales y la policía federal gozan de independencia frente al Poder Ejecutivo.

Las reformas realizadas en casa gozan de mayor legitimidad que los cambios impuestos por un organismo foráneo que a nadie rinde cuentas.