2,5 millones de personas en China, bajo el control de una empresa de vigilancia facial
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El País, Madrid
compañía china controla los movimientos y los datos personales de 2,5 millones de personas en Xinjiang, la región en la que el Gobierno de Pekín ha impuesto un estricto sistema de vigilancia dirigido especialmente contra la población uigur y otras minorías de religión musulmana de la zona. Un experto holandés en seguridad informática descubrió la semana pasada una base de datos de la compañía SenseNets Vision Technology, especializada en reconocimiento facial, que incluía todo tipo de información sobre las personas incluidas en su registro.
Victor Gevers, el especialista que localizó la base de datos, reveló en una serie de comentarios en Twitter que entre los datos se incluía el nombre de la persona, su domicilio y fecha de nacimiento. También su documento de idenbtidad con la fecha de caducidad, el nombre de la empresa para la que trabaja y fotografías. Y una lista de coordenadas de los lugares en los que había estado.
La base de datos contenía también una lista de “marcadores” con localizaciones GPS. Posiblemente, según Gevers, lugares que disponen de cámaras de seguridad. Estaban identificados con etiquetas como “mezquita”, “comisaría de policía”, “cibercafé” u “hotel”. Todos estaban en Xinjiang.
A lo largo de 24 horas, el experto, cofundador de la organización sin ánimo de lucro GDI Foundation, vio cómo la base de datos registraba cada vez que uno de los individuos controlados pasaba por algún marcador. En total, 6,7 millones de movimientos, una cifra que confirma que no se trata de una base de datos obsoleta, sino activa y que acumula en tiempo real los movimientos de las personas incluidas en ella.
Al carecer de la protección mínima de una contraseña, la basede datos está abierta y cualquiera podía mirar la información, apropiársela o modificarla. “Estaba completamente abierta… Podías entrar y crear, leer, actualizar y borrar cualquier cosa”, explicó Gevers a Reuters.
El experto, sin darse cuenta del significado de lo que había encontrado, envió un mensaje a SenseNets, con sede en Shenzhen, para alertarle de su problema de seguridad. La compañía no contestó, pero ha cerrado el acceso a la base de datos, a la que no se puede acceder ahora desde fuera del ciberespacio chino.
La empresa de Shenzhen se describe como experta en reconocimiento facial y el análisis de imágenes de multitudes en su página web. En un vídeo promocional asegura que puede localizar a un individuo que se mueva por distintas ciudades e identificar a una persona dentro de un grupo numeroso de gente.
SenseNets “utiliza de modo práctico la tecnología de análisis inteligente de vídeo en el área de la seguridad, y se ha convertido en el líder mundial de productos de inteligencia artificial para la seguridad”, declara en su web. Entre sus productos, alardea de “control en tiempo real”. “La imagen facial se compara en tiempo real con el archivo dinámico de caras para generar una alarma inmediata al personal de policía, que puede ponerse en alerta rápidamente”.
China sostiene que su sistema de control en Xinjiang, que incluye una red de campos de reeducación para las minorías musulmanas, es necesario para atajar la violencia terrorista de grupos radicales islámicos partidarios de la independencia de la zona.
La región, que durante años fue escenario de incidentes de violencia y enfrentamientos entre la minoría uigur y la etnia han, mayoritaria en China, no ha sufrido ningún episodio violento en los últimos dos años, sostienen las autoridades regionales, el tiempo desde que se puso en marcha la red de campos de reeducación. En esos campos, cuya existencia Pekín negó hasta finales del año pasado y que describe como “centros de formación profesional”, los internos aprenden mandarín —la lengua uigur está emparentada con el turco—, legislación básica y los rudimentos de un oficio para ganarse la vida y alejarse de coqueteos con el radicalismo, según los funcionarios chinos.
Académicos, defensores de los derechos humanos y uigures en el exilio denuncian en cambio una política sistemática de discriminación contra esta minoría. Quienes han pasado por los centros de reeducación denuncian adoctrinamiento político, malos tratos, hacinamiento y privaciones sin ningún tipo de procedimiento judicial ni, en muchos casos, información a sus familias. Según los cálculos de algunos académicos, en esos campos podrían estar internados hasta un millón de personas, o el 11,5% de la población uigur en Xinjiang, de doce millones de personas.
Un fuerte gasto en seguridad
El gasto en seguridad y vigilancia en Xinjiang ha crecido enormemente en los últimos años. Según dos estudios del académico alemán Adrian Zenz, publicados el año pasado por el centro de estudios Jamestown Foundation, en 2017 aumentó en un 92,8%, para situarse en 58.000 millones de yuan (7.587 millones de euros).
El gasto en construcción con fines de seguridad registró un aumento aún mayor, del 213%, para llegar a los 2.700 millones de euros. En cambio, el presupuesto en formación profesional se redujo en un 7%, según los cálculos de Zenz, de la Escuela Europea de Cultura y Teología en Korntal (Alemania).
“Las cifras del presupuesto de Xinjiang no reflejan un aumento del gasto en formación profesional, mientras que la región aceleró la construcción de campos”, declaraba el académico en noviembre. “Tampoco reflejan un aumento de los casos penales tramitados en los tribunales. Más bien, reflejan pautas de gasto consistentes con la construcción y operación de campos de alta seguridad para la reeducación política diseñados para aprisionar a cientos de miles de uigures con un procedimiento legal mínimo”.
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