Venezuela: ¿mediación o intervención militar?

Panam Post

Los venezolanos están en una de esas encrucijadas en las cuales es muy difícil discernir cuál es el mejor camino a tomar. Es un asunto en que se entremezclan consideraciones políticas, militares y fundamentalmente, morales.

El régimen que instauró Hugo Chávez en Venezuela encaja a la perfección con lo que Hannah Arendt denominó un «Estado criminal». Fue un proceso que -al igual que el nazismo- fue adoptando esa configuración paulatinamente, hasta alcanzar su cénit con Nicolás Maduro.

El chavismo es «criminal» en doble sentido. Por un lado, porque ex profeso está matando a la población de hambre, de enfermedades curables, con ejecuciones extrajudiciales y asesinatos lisos y llanos. Es muy parecido a un genocidio porque se ha negado a aceptar ayuda humanitaria internacional por largo tiempo. Incluso ahora, promociona que «permite» entrar a la Cruz Roja con una discreta donación como si fuera un gran mérito, cuando debería abrir las compuertas de par en par para que ingrese auxilio de cualquier parte del mundo.

La prueba irrefutable de este primer aserto es la existencia de refugiados. Es el termómetro para medir la «criminalidad» de un régimen. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, basándose en los datos que maneja ese organismo internacional, afirmó que «puede ser que para 2020 la cifra de migrantes venezolanos pueda llegar a los siete millones».

Y por el otro, porque ya es imposible disimular que lo que gobierna Venezuela es una mafia dedicada a actividades que, un orden jurídico sano, cataloga como delictivas. En adición, ampara y estableció relaciones de complicidad con grupos extremistas inhumanos.

Por consiguiente, ya no es un problema que esté suscripto al territorio venezolano sino que es una amenaza para todo el continente, especialmente para sus vecinos. Esta coyuntura ha llevado a Almagro a advertir que «si la situación no cambia en Venezuela, si Maduro sigue en el poder, ese es un costo que tendrán que pagar todos los países de la región».

En consecuencia, lo que existe en Venezuela no es una simple dictadura. Lo que hay es una banda de delincuentes que se las han ingeniado para apoderarse del país y «gobernarlo». Tal contexto nos retrotrae a las lúcidas palabras de San Agustín «si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? […] Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda».

Ergo, el problema radica en cómo terminar con un gobierno de bandidos, donde reina la injusticia y la impunidad.

Un camino sería mediante la vía democrática. Sin embargo, por definición, en los Estados autocráticos esa solución es inviable.

Otro camino es la negociación entre las partes. Si bien es cierto que en algunos casos -como por ejemplo en Uruguay– se logró salir de la dictadura militar mediante un pacto, para que tenga posibilidades de éxito, es necesario que la buena fe presida las conversaciones.

En Uruguay, había un sector de los militares cuya esencia era democrática. Por tanto, fueron quienes impulsaron los acuerdos porque realmente querían devolverle al país la normalidad institucional. No es el caso de régimen chavista. Maduro y sus cómplices han demostrado reiteradamente que negocian de mala fe y que no están dispuestos a dejar el poder pacíficamente.

Incluso, con la arrogancia propia de un déspota, Maduro ha manifestado: «me resbala que digan que soy un dictador […] Ni con votos ni con balas volverán a Miraflores (la casa presidencial); no nos ganarán más nunca una elección».

Ergo, se abren dos posibles cauces de solución: la mediación o la intervención militar extranjera.

Con respecto a la primera opción, la experiencia reciente parecería probar que eso no lleva a ningún puerto bueno. Por el contrario, simplemente oxigena a la dictadura cuando desfallece.

No obstante, parecería ser el camino elegido por Juan Guaidó al solicitar la mediación noruega. Mirando fríamente las cosas, es posible encontrar cierta lógica en su decisión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que su figura insufló nuevas esperanzas a la población, también lo es que tuvo dos rotundos fracasos: hacer entrar la ayuda humanitaria en febrero y cuando proclamó en abril que con la liberación de Leopoldo López se llegaba a «la fase definitiva para el cese de la usurpación».

Además, la inmensa mayoría de sus aliados expresa que no apoyan una intervención militar. Por consiguiente, Guaidó siente una enorme presión internacional para no actuar en sentido contrario.

En consecuencia, tiene sentido que Guaidó haya acudido a los noruegos, del mismo modo que un náufrago se aferra a una tabla pensando que es su salvación.

Eso nos lleva a analizar la actuación de los noruegos como mediadores. ¿Son tan buenos como su fama parecería indicar?

Desde el punto subjetivo, que Maduro y los cubanos estén tan contentos con la intervención noruega, ya de por sí, tendría que alertarnos. Recordemos que ellos «facilitaron» el reciente acuerdo de paz en Colombia entre las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos que, desde el punto de vista moral y republicano, deja mucho que desear. En rigor, ha beneficiado a los bandidos y dejado sin justicia a las víctimas. Además, ha bastardeado a la democracia al premiar con bancas «gratis» a los guerrilleros.

Dese el punto de vista objetivo, los noruegos han intercedido en diez conflictos: israelí-palestino, Afganistán, Colombia, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Nepal, Somalia, Sri Lanka y Sudán.

De los diez casos, solo en Nepal y Guatemala se puede considerar que la acción de los noruegos fue exitosa. En Sri Lanka los echaron y los catalogaron de «negligentes». En el conflicto israelí-palestino lograron que firmaran un acuerdo de paz, pero la situación no mejoró.

La historiadora noruega Hilde Waage investigó el papel mediador de su país. Con respecto al israelí-palestino, expresa que «Noruega estaba entre dos partes asimétricas y no tenía el poder de obligar al lado fuerte, Israel, a considerar las necesidades del lado débil […] Oslo no contaba con una espada para imponer justicia y asegurar así un juicio en el que ambos querellantes tuvieran la misma oportunidad de presentar sus alegatos, como haría un soberano juez». Por tanto, «considera que los Acuerdos de Oslo cimentaron la asimetría de poderes entre ambas partes».

Esa conclusión es relevante porque explícitamente reconoce que buscar acuerdos es lo primario, pero si eso no da resultado, entonces hay que recurrir a «la espada».

O sea, negarse totalmente al uso de la fuerza para desalojar a una «banda de bandidos» del poder, es actuar con superficialidad. En realidad, es lavarse las manos fingiendo que se defienden ideales superiores.

Aducir que las intervenciones militares históricamente han resultado desastrosas es una falacia: algunas han terminado mal pero otras bien. Por ejemplo, fueron los vietnamitas los que le pusieron fin al genocidio en Camboya perpetrados por los jémeres rojos o cuando a la UNPROFOR finalmente se le autorizó a actuar con decisión ante el genocidio en la ciudad bosnia de Srebrenica.

Dado que en Venezuela hay un brutal asimetría de poderes entre la dictadura mafiosa y la oposición, ¿qué garantía ofrece Noruega de que no volverá a cometer los errores del pasado? Acaso, ¿no se llegó a la conclusión de que, en última instancia, el uso de la fuerza es ineludible?

De lo contrario, todo muy lindo para la foto que «inmortalizará» el momento y para que los actores reciban el premio Nobel de la Paz por parte de los propios noruegos. No obstante, el problema quedará sin solucionar y Juan Pueblo pagará las consecuencias.