Argentina: La gran y verdadera expropiación no es Vicentin

Fundación Atlas para una Sociedad Libre

Recientemente, el gobierno nacional intentó expropiar Vicentin, una compañía del sector privado. Frente a este hecho, surgieron voces de los más diversos ámbitos y grupos de la sociedad oponiéndose a la medida: políticos, consumidores, asociaciones empresarias, gremialistas, trabajadores y manifestaciones populares espontáneas en la vía pública, entre otras. Esta fuerza antagonista provocó, por el momento, que la iniciativa sea suspendida y, tal vez y ojalá, caída para siempre.

Sin embargo, hay expropiaciones bastante más grandes a las que nadie se opone, incluso, muchas son apoyadas o consentidas por varios de los grupos nombrados anteriormente. Pasan desapercibidas o bien son aceptadas, no se escuchan las voces y el ímpetu con que se luchó por Vicentin. Si esta férrea resistencia se hubiese manifestado también ante estas expropiaciones, Argentina sería hoy un país muy diferente.

¿De qué estamos hablando? Si bien todas las expropiaciones afectan el patrimonio de personas físicas –sean estas nacionales o extranjeras– con bienes en la Argentina, dividiré el relato entre expropiaciones a las personas en forma directa y expropiaciones a las empresas (en última instancia, también a personas, ya que en forma directa o indirecta siempre la propiedad termina en una persona física).

Expropiación a las empresas

Es difícil encontrar una empresa en la cual la intervención del Estado no sea crítica y de una influencia profunda. Decisiones de vital importancia para el buen manejo y éxito de las compañías dejan de ser tomada por sus accionistas y personal directivo, quedando a cargo del estado. La propiedad de la empresa se ve afectada y delegada por mecanismos diferentes a los de la pura tenencia accionaria o la propiedad del capital empresario.

Sabemos que la calidad y cantidad de los recursos humanos para manejar un negocio son de extrema importancia, probablemente, el recurso principal. El sistema de remuneraciones, si bien no el único, es un instrumento esencial para atraer, motivar y mantener a los trabajadores. Lamentablemente, esta herramienta está delegada y/o expropiada por el estado. Las leyes laborales permiten u obligan a que el nivel de los salarios se fije en forma generalizada por industria, a que muchos ascensos se definan por antigüedad y que resulte extremadamente caro, a veces incluso prohibido, disminuir las plantas de personal con despidos “sin causa” (siempre hay una causa). Esto genera que los salarios de los empleados eficientes sean equivalentes a los de menor utilidad y que los premios se fijen por igual, sin importar el esfuerzo o el valor agregado generado por cada uno de ellos. Todo esto, sumado a la relativa fuerte estabilidad laboral de la que gozan en este contexto, explica la bajísima productividad de los empleados argentinos, con incentivos perversos que igualan hacia el empleado menos eficiente a toda una estructura de personal. De este modo, se ha perdido una herramienta clave para el buen manejo de un negocio.

La determinación de precios es otra variable clave para el éxito de un negocio que se encuentra expropiada por el Estado a través de autorizaciones, o bien de sus ajustes en el tiempo. Además, en un contexto de altísima inflación, esta intromisión se vuelve mucho más grave. Existen toda clase de intervenciones sobre precios, como ajustes y congelamientos, y las que se manifiestan en innumerables regulaciones para los envases, etiquetas y tamaños, llegando a límites insospechados, ¡hasta reglamentando cómo deben completarse y mostrarse los productos en las góndolas de los supermercados! Expropiaron la comisión que le puede cobrar una app de delivery a los negocios (servicio que irónicamente se encuentra prohibido en CABA, pero que el propio gobierno no se anima a ejecutar sus normas), y expropiaron los contratos, precios, plazos y comisiones de alquiler de viviendas, entre tantos otros ejemplos más que sería muy largo enumerar.

Han expropiado la posibilidad de elegir al mejor proveedor para nuestro negocio, controlando y restringiendo las importaciones, limitando la competencia y subsidiando a determinadas empresas. Así, el Estado influye sobre los costos de un producto, como también lo hace otorgando préstamos subsidiados a ciertas industrias, ya no sólo a través de costosísimos bancos estatales -poseen casi el 50% del mercado bancario-, sino también obligando a los bancos privados a comportarse y manejarse como si fuesen públicos, con criterios de administración estatales, direccionando el crédito y fijando las tasas de interés activas y pasivas.

Expropiaron la fijación de los horarios de funcionamiento y los días de apertura y, recientemente, seguro a pedido de los sindicatos, también han regulado el teletrabajo, tan valorado por muchos, transformándolo en inviable. Todos pierden, empresas y trabajadores, no quedando claro el beneficio buscado y el espíritu del legislador.

Las ganancias son expropiadas parcialmente por altísimos impuestos -que además se calculan sobre ganancias que no son tales por la ausencia de ajuste por inflación-, por la no indexación de quebrantos y por los innumerables impuestos nacionales, provinciales y municipales superpuestos.

Hay montones de regulaciones, patentes y requisitos para abrir un negocio y para manejarlo en el tiempo, donde el estado se apropió de la potestad de decidir quién puede tener un negocio y cómo hacerlo crecer o decrecer en el tiempo. También el estado se apropió del mercado cambiario (en un país sin moneda) y de la posibilidad y autorización para el pago de dividendos.

Este trabajo no pretende listar todas las expropiaciones, si bien podemos afirmar que las aquí mencionadas sean probablemente las más importantes. Si pensamos en la enorme cantidad de variables que han sido expropiadas, veremos que es poco lo que queda en manos de los accionistas y gerentes para decidir, afrontando como consecuencia, la ineficiencia argentina y los altísimos costos de nuestros productos y servicios, a la par de su bajísima calidad.

Por último, vale aclarar que de tanto en tanto, políticos, periodistas y autoridades mencionan con orgullo y como ejemplo a ciertas compañías argentinas, intentando demostrar que sí es posible ser competitivo, como Mercado Libre o Panamerican Energy. Para los que no sepan, estas tres compañías no son argentinas (¡oh casualidad de que les vaya bien!). Están incorporadas en Luxemburgo y Estados Unidos y dos de ellas tienen el grueso de sus negocios e ingresos fuera de Argentina, además de tratarse de compañías de servicios con bajas inversiones en plantas y equipos en el país.

Expropiación a las personas

Las expropiaciones a las personas son realmente temerarias y me da piel de gallina al escribirlas. ¿Será que estoy exagerando? Ojalá así sea y que alguien me convenza de lo contrario.

Los ámbitos y la profundidad de intervención del Estado en nuestra vida cotidiana son gigantescos y no hay ninguna manifestación en las calles en su oposición. Además, cuando votamos, tampoco elegimos candidatos que propongan “privatizar” todo lo que nos ha sido expropiado.

No es el propósito de este trabajo profundizar sobre estas cuestiones y su alcance se limita a enumerar los temas principales, ya que cada uno de ellos es fruto de un trabajo especial y voluminoso. Pero veamos algunos ejemplos y consideraciones.

Si trabajamos, no podemos acordar libremente nuestras condiciones laborales. Nos han expropiado la posibilidad de decidir en qué horarios y días preferimos trabajar, el nivel de remuneraciones al que podemos aspirar y a cuál sindicato afiliarnos (o a ninguno). Estamos sometidos a gravámenes adicionales al trabajo expropiatorios y nos obligan a tener que pagar una “cuota” sindical, aunque no estemos afiliados. No se nos permite elegir nuestro servicio de salud ni decidir hacer aportes o no para nuestra jubilación y, en caso de optar por hacerlo, no podemos elegir a quién confiarle la administración de nuestros ahorros.

Además de los impuestos al trabajo, nos expropian en cuotas nuestros ahorros y patrimonio a través del impuesto a los bienes personales, al mismo tiempo que no permiten los ajustes por inflación. No nos dejan compensar pérdidas y ganancias de diferentes ingresos y si pagamos de más, por error, no nos devuelven lo mal percibido ni nos permiten ajustarlo para uso futuro. Los impuestos municipales no están en armonía con los costos y servicios prestados, al mismo tiempo que pagamos altísimos impuestos a los ingresos brutos y sellados de nuestras provincias. Además, en la provincia de Buenos Aires, hay impuesto a la herencia.

Nos han expropiado la elección de a qué colegio mandar a nuestros hijos, de decidir qué queremos que aprendan y, cuando vamos creciendo, la posibilidad de que nosotros mismos veamos dónde enfocar nuestros intereses. Los ministerios avocados a la cultura y la educación son completamente innecesarios.

Nos han expropiado, parcialmente, la posibilidad de trabajar al requerirse autorizaciones, licencias y membresías obligatorias para infinidad de trabajos y profesiones. Incluso, en muchos casos, están regulados los honorarios y costos de los servicios.

Nos expropian nuestros ingresos y patrimonios a través de la inflación y, no satisfechos con eso, nos prohíben la compra de moneda extranjera para protegernos ante la ausencia de una moneda nacional. No podemos proteger e incrementar nuestros ahorros ya que establecen tasas de interés negativas, se prohíbe o penaliza el ahorro externo y, si lo hacemos en inmuebles, nos regulan los alquileres.

Nos expropian, en nuestro rol de consumidores, la posibilidad de elegir el mejor producto eliminando la competencia, protegiendo a ciertas industrias, limitando las importaciones y, por qué no, las compras por correo en el exterior. Nuestros productos contienen 50% del precio en impuestos y, por supuesto, no se discriminan.

Nos han expropiado nuestra seguridad física y jurídica con policía y justicia ineficientes.

No vamos a entrar aquí en la sutil expropiación a través del precio caro y servicios deficientes que provee el estado. Y para no entrar a debatir sobre qué servicios debe proveer o no, proponemos dejar que el estado ofrezca todos los productos y servicios que desee, pero que lo haga en competencia, en un mercado libre y sin clientes cautivos por leyes y regulaciones. Si son los mejores, ¡no necesitan protección de la ley y el público los comprará o elegirá!iones

Si por Vicentin fuimos capaces de movilizarnos tanto, de hacernos escuchar y de lograr interrumpir las aspiraciones del gobierno, quiero proponer que con el mismo fervor y desde la mayor amplitud de ámbitos y sectores posibles, volvamos a movilizarnos para recuperar nuestras libertades, para la conseguir la “privatización” de todo lo expropiado, todo lo aquí mencionado y más.

Por último, me gustaría hacer un llamado a todos a la reflexión, para que, en las próximas elecciones, que son bien frecuentes y cada día están más cerca, pensemos bien nuestro voto. Que no votemos a personas, sino a las ideas bajo las cuales quisiéramos vivir. Que exijamos de la clase política una mayor precisión en sus propuestas y, por qué no, imponerles nuestros deseos para poder vivir como individuos en libertad, paz, prosperidad y felicidad.

El autor es presidente del Consejo de Administración de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.